Violencia en fútbol: ¿quién tiene la culpa de este flagelo sin fin?

Una serie de hechos de violencia, directa o indirectamente relacionados con el fútbol, ha reavivado en varios países de América Latina el debate de la responsabilidad social de este deporte en el deterioro de la seguridad pública.

En Colombia -donde el martes de la semana pasada fue suspendido el partido entre Millonarios y Atlético Nacional después de tres asesinatos durante el fin de semana, perpetrados presuntamente por hinchas de fútbol-, el gobierno contempla la suspensión del torneo nacional, medida extrema que reflejaría la preocupación oficial ante las consecuencias políticas de los episodios de violencia.

“Si es necesario que se cancele el campeonato, se debería tomar esa medida. Si es necesario aprender por las malas, se hace. Pero no se puede aceptar que sigan muriendo los colombianos por su camiseta”, dijo Francisco José Lloreda, Alto Comisionado para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana.

En Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una decisión consensuada con los gobiernos federal y de la provincia de Buenos Aires, resolvió el martes extender la prohibición de la presencia de hinchadas visitantes en las canchas, al menos hasta que termine el Torneo Inicial de 2013.

Esta medida también está relacionada con el interés de los gobernantes en evitar desórdenes públicos que opaquen la imagen oficial, con vistas a las elecciones legislativas de octubre.

Se dará tiempo, además, para la introducción de “AFA Plus”, el sistema electrónico de tarjetas personalizadas, que permitirá identificar a todos los asistentes a los estadios, facilitando de esta manera su control.

Mal regional

Episodios similares de violencia en otros países de América Latina, entre ellos Ecuador, donde la policía se abstuvo en cierto momento de custodiar los partidos, han extendido el pesimismo en la región, así como la impresión de que sería necesario tomar medidas extremas para garantizar la seguridad.

Algunas voces llaman la atención sobre el riesgo de simplificar el diagnóstico del problema reduciéndolo al ámbito del fútbol, cuando muchas veces, como en los casos recientes en Bogotá, se trata de hechos policiales en otros ámbitos sociales, en los que participan hinchas, uno de los grupos más numerosos.

La pregunta surge en forma espontánea: ¿son criminales porque son hinchas de fútbol, o son criminales que también son hinchas de fútbol, como lo son numerosos dentistas, abogados y carpinteros?

Gabriel Meluk, el editor de deportes de El Tiempo de Bogotá, comenta con ironía que, a este paso, las autoridades suspenderán los programas radiales de música rock y heavy metal, la preferida de muchos violentos.

El periodista dice que el fútbol tiene culpa y responsabilidad “cuando sus dirigentes y actores patrocinan a estos barrabravas con boletas, dinero para desplazamientos o pagos para presionar jugadores y entrenadores (rivales o propios) o a periodistas, como ocurre en Argentina”.

Los clubes también serían responsables, dice Meluk, cuando “los organizadores de los partidos no pueden garantizar la seguridad directa durante el espectáculo del fútbol, en el estadio y sus cercanías”.

Conflicto y violencia

El especialista en seguridad Jairo Libreros, de la Universidad Externado, dijo que en Colombia “no tenemos políticas públicas en el tema y se reacciona ante los hechos. Es lamentable el descuido gubernamental hacia ‘Goles en Paz’, un modelo aplaudido a nivel mundial”.

Este programa explora formas de recuperar para la sociedad a los integrantes periféricos de los grupos violentos, pero en la práctica su credibilidad depende del respeto que le tenga “la tribuna”, que tiende a rechazar el paternalismo.

La alcaldía de Bogotá favorece ahora un nuevo esquema, llamado “Territorio de Paz”, que “busca la inclusión de la juventud popular. El problema ya no es de violencia en el estadio, es de violencia en los barrios, y eso implica un programa de inclusión juvenil”, según declaró el alcalde Gustavo Petro.

Lo cierto es que las canchas atraen por diversas razones a los temperamentos violentos. Algunos sociólogos creen que esto se debe, como dice el ecuatoriano Fernando Carrión Mena, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), a que “el conflicto es consustancial al fútbol, porque encarna una disputa que lleva a la victoria frente a un contendiente.”

Estos violentos necesitan oportunidades, cómplices y especialmente protectores, que a su vez los utilizan para sus propios fines.

El modelo inglés…

La estrecha relación entre seguridad, violencia y política es bien conocida en la Argentina. El columnista Ezequiel Fernández Moores, de La Nación, dedicó en agosto  un extenso artículo con copiosa información sobre la influencia y participación de políticos de diversas tendencias en numerosos aspectos de organización y seguridad del fútbol profesional.

Políticos y comentaristas de diversas nacionalidades acostumbran a invocar el éxito obtenido por las autoridades inglesas para pacificar los estadios de fútbol, que antes de la creación de la Premier League, y especialmente en la década de los 80, estaban a la merced de los famosos hooligans o vándalos.

La modernización de los estadios, la obligación de llenarlos de butacas para permitir la identificación de los espectadores, la filiación policial de todos los revoltosos y un sistema implacable de marginación de los violentos fueron los factores más importantes para el control gradual de la situación.

Pero conviene tener en cuenta que en Inglaterra no existió en los años 80 y 90 una complicidad entre los grupos violentos y el establishmenttan evidente como la que existe en algunos países latinoamericanos.

… y el intento argentino

El caso más documentado es el argentino, donde los barrabravas exigen y reciben numerosas entradas para ellos mismos y su reventa, atienden lucrativos negocios en los estadios y sus alrededores, viajan a otros estadios por cuenta de los clubes… y también forman en los grupos de choque de los jerarcas políticos locales, que a su vez les retribuyen con diversas prebendas.

El reconocimiento de este problema está implícito en los fundamentos del AFA Plus, o “Sistema de Administración para el Ingreso Biométrico a los Estadios”, en el cual se ha puesto muchas esperanzas y una gran inversión.

Con este sistema, que presupone el fin de las boleterías y de las boletas de papel, se pondría fin a una serie de factores negativos: elevado ingreso de personas sin entradas, con boletas falsificadas o sin identificar, reventa de entradas, descontrol en la admisión y violencia en los accesos y boleterías.

El proyecto argentino se remonta a 2003, cuando el entonces secretario de Seguridad Norberto Quantín declaró su preferencia por “el modelo holandés”.

En octubre de ese año entrevistamos para BBC Mundo a Pedro Salazar, portavoz del club holandés PSV Eindhoven, quien nos explicó con pelos y señales las características del sistema.

“La presencia policial dentro del estadio está restringida a cinco o seis agentes, a lo sumo diez o doce en partidos muy importantes. También es mínima la presencia de guardias profesionales de seguridad, un puñado de ellos para casos muy especiales, como la protección de invitados especiales, gente importante o muy vulnerable. El resto del operativo de seguridad corre por cuenta de voluntarios, unas 300 o 400 personas”, decía Pedro Salazar.

Contra el código de silencio

Sea cual fuere el sistema que se utilice, su éxito depende de la voluntad política de hacer cumplir las reglas.

De nada valdrá la tarjeta de identificación, sea o no “biométrica”, si un número determinado de personas las recibe de favor, si las cámaras de seguimiento de las tribunas “dejan de funcionar” misteriosamente cuando los matones del alcalde o del dirigente cometen alguna tropelía, y si los negocios vinculados en los estadios y sus alrededores son explotados por barrabravas.

Tampoco servirá cuando los matones “aprietan” a los jugadores para que aporten de alguna forma a sus fondos solidarios… en fin, muchas cosas.

Ya sea un enfoque de prevención, de represión o de contención, lo verdaderamente imprescindible será la voluntad política de abordar al mismo tiempo y con igual empeño todas las vertientes del problema.

Para esto hace falta sacrificar la omertà (la ley del silencio, ese código de honor propio de la mafia siciliana para cubrir a los perpetradores de delitos), que protege a los violentos, tanto en los clubes como en los organismos deportivos y en los círculos políticos que aprovechan la energía de estos señores para sus propios fines.

Esa omertà llega en algunos ámbitos al punto de que los jefes de los barrabravas se codean con figuras de la farándula, con un seguimiento obsecuente por parte de ciertos sectores del periodismo.