Acusan a 16 personas por vacíos en el caso taladros

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El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó ayer una denuncia penal en contra de 15 funcionarios de YPFB y un representante de la firma italiana Drillmec (en total 16) por presuntos hechos de corrupción en el proceso de licitación para la compra de tres taladros por más de $us 148,8 millones. Todos están sindicados por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

En el acto, el Gobierno pidió la disolución del contrato y que el presidente de la estatal petrolera, que fue excluido de la denuncia, no interfiera en la investigación.

El ministro de Justicia, Héctor Arce y el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Gonzalo Trigoso, previo a la presentación de la denuncia, se reunieron por más de una hora con el fiscal General Ramiro Guerrero, para explicarle los detalles de la denuncia, según Arce.

La autoridad manifestó que la denuncia se hizo en base a la documentación presentada por el director de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo que destapó el supuesto hecho de corrupción en el proceso de contratación y compra de tres taladros por más de $us 148,8 millones que no fueron denunciados por el directorio de YPFB.

“Fruto de este análisis los equipos de transparencia encontraron serios indicios de responsabilidad en 16 personas y hoy, (ayer) en la sede de la Fiscalía hemos presentado la denuncia de 50 páginas donde se hace constar los hechos y las irregularidades, de alguna manera comprobados por el Ministerio de Transparencia institucional y lucha contra la corrupción”, afirmó el ministro.

Aclaró que no se consumó un daño económico al Estado, pese a que la empresa anunció posibles procesos, por ello sugirieron a YPFB la disolución de ese contrato por tener vicios de nulidad absolutos.
El ministro de Justicia, exhortó al presidente de YPFB, Guillermo Achá, que no está denunciado, no interferir en el proceso de investigación, por un principio de responsabilidad superior al ser él la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, “debe abstenerse y solamente atender los requerimientos del Ministerio Público cuando sea convocado por la comisión de fiscales”, remarcó.

“Sugerimos a YPFB tomar los recaudos de manera inmediata para la rescisión por las vías legales de este proceso de contratación que no va a poder ser ejecutado, siempre en pos de cuidar el erario nacional, no hay daño económico, si se entiende que hay responsabilidades a futuro tendrán que ser estas personas las que tengan que responder”, dijo.

Opositor pide incluir a Achá
El senador opositor Óscar Ortiz, del Movimiento Demócrata Social, rechazó la decisión del Gobierno de dejar fuera de la denuncia penal por irregularidades en el proceso de adquisición de taladros al presidente de YPFB, Guillermo Achá, de quien dijo debería apartarse del cargo.

Además, el parlamentario de Demócrata indicó que con esta decisión se hace patente un ‘modus operandi’ del Gobierno en los casos de corrupción que lo afectan: “culpar a los de abajo y proteger a los de arriba”.

“El directorio de YPFB, cuando autorizó el inicio del proceso de compra de los taladros, le encargó específicamente a Achá, como presidente, que sea el responsable de llevar adelante este proceso y velar por el cumplimiento de la normativa. Creo que él debe estar incluido en la denuncia, por ser la máxima autoridad ejecutiva, y no puede seguir siendo presidente de YPFB con tantos indicios de irregularidades”, concluyó el legislador de oposición.

El 21 de diciembre de 2016 mediante un memorial dirigido al jefe de la Unidad de Transparencia, Ortiz denunció las irregularidades.