Bolivia debe aplicar una agresiva reforma fiscal y microeconómica

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Foto: dat0s Edición 226

Agenda para el desarrollo y crecimiento en el Siglo XXI

Bolivia que logró mantener un ritmo de crecimiento económico sostenible en los últimos trece años -como no ocurrió en las últimas décadas- no debe detenerse. El país necesita crecer a largo plazo a pesar de un contexto internacional adverso. De hecho, con el acelerador a fondo, el Gobierno que emerja de las urnas tiene la responsabilidad de “aplicar una agresiva reforma fiscal y microeconómica” que permitirá al Estado, encarar un desarrollo extraordinario en tres áreas: subir la producción industrial, fomentar la inversión privada -nacional y extranjera- y, por supuesto, flexibilizar la política fiscal.

La ruta a seguir por los próximos 10 años no termina aquí. Existe una propuesta concreta que el Gobierno tendrá que aplicar, si no quiere “perder lo que logró alcanzar en cuanto a su desarrollo para un renovado impulso de su crecimiento económico”. La fórmula tiene diez puntos y fue revelado por la exdirectora senior de Práctica Global sobre Comercio y Competitividad del Banco Mundial y exministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Anabel Gonzales.

Junto a la experta, otros dos economistas, Osmel Manzano, Asesor Económico Regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Oswaldo López, economista principal de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, alinearon criterios macroeconómicos en el Foro Internacional sobre las Perspectivas que Bolivia y América Latina que promovió la Cámara Nacional de Industrias (CNI). Según Manzano a pesar de la existencia de un contexto económico adverso, “Bolivia debe retomar el crecimiento de largo plazo, impulsar el aumento sostenido de la inversión en infraestructura, abrir mayor participación del sector privado, restablecer los equilibrios de corto plazo y consolidar los logros sociales, como la reducción de la extrema pobreza”.

Así respondió el experto a una demanda que hizo conocer el presidente de la CNI, Ibo Blazicevic, cuando exigió que el Gobierno que emerja de las urnas “deberá impulsar reformas estructurales orientadas a poner en marcha un nuevo rol para el Estado capaz de promover  la inversión privada, propicie la renovación tecnológica industrial, promueva la atracción de inversiones nacional y extranjera, trabaje con los empresarios privados, luche contra el contrabando, aliente con políticas fiscales la producción y el consumo de productos hechos en Bolivia, haga realidad los incentivos tributarios y simplifique los trámites para crear empresa en el país”.

Blazicevic dijo que el sector industrial está decidido a pasar del 16 al 20% de participación en el Producto Interno Bruto (PIB), hasta el año 2025. Un reto institucional que deberá aplicarse junto acciones concretas de al menos 27 políticas para la inversión, producción y generación de empleo que tiene en carpeta la CNI, que es de conocimiento del actual Gobierno. Además, propuso “la creación de un Ministerio de Industrias para contribuir, decididamente, al desarrollo nacional”.

Reforma fiscal para el nuevo Siglo

Bajo la misma visión estratégica, Manzano, expuso una propuesta de flexibilización fiscal para encarar una reforma estructural a los cimientos de la economía nacional. La fórmula está sintetizada en: aplicar una férrea institucionalidad fiscal, implementar mecanismos de cobertura, simplificar el impuesto a la renta de las empresas, reducir los gastos tributarios, mejorar las recaudaciones subnacionales; una mayor eficiencia en el gasto, modernizar la administración tributaria y extinguir la informalidad laboral.

La receta de Manzano para Bolivia terminó con un decálogo de cinco puntos que a juicio del experto tiene que abrir los ojos a las autoridades sin pérdida de tiempo para aplicar los ajustes propuestos. En ese sentido el asesor económico regional asegura que Bolivia es el país andino que podría movilizar “mayores montos de inversión privada adicional hacia infraestructura; desarrollar un esquema institucional dotado de competencias técnicas y atraer, en paralelo, financiamiento privado al país.

Contexto internacional adverso para Bolivia

La urgencia de tomar nota sobre las propuestas de reforma a la macro y microeconomía están vinculadas directamente con un contexto internacional adverso para Bolivia. “La realidad es que el mundo se halla frente a una alta incertidumbre”, dijo a su turno López, economista principal de la CAF. En este sentido las señales preocupantes que está mostrando la economía en el mundo fueron sintetizadas en los siguientes aspectos: debilitamiento de la economía mundial, guerra comercial latente entre EEUU y China; débil recuperación de los términos de intercambio, reformas en la política monetaria y alta volatilidad cambiaria. Según López “habrá efectos negativos de la guerra comercial para Bolivia.

Las consecuencias podrían llegar por una depreciación del precio de las materias primas que exporta el país como el gas natural, la soya y otros productos no tradicionales. Para López el flujo comercial también sufrirá efectos adversos porque “vamos a observar efectos sobre la cuenta corriente ya que el volumen de las importaciones, así como de las exportaciones bajarán y eso repercutirá en los ingresos fiscales que tiene el Estado”, dijo López.

Diez mandamientos para el crecimiento sostenible de Bolivia, según Gonzales

  • Priorizar el mejoramiento del clima de negocios para la inversión nacional y extranjera con énfasis en el fortalecimiento de la seguridad jurídica, la protección de la inversión privada, y la simplificación de trámites que faciliten la formalización y crecimiento empresarial.
  • Prestar facilidades al comercio y blindar con fines estratégicos la conexión del país a los mercados a través de la reducción de los costos de exportación e importación; además de la mejorar la logística.
  • La necesidad de reducir los obstáculos para el comercio intrarregional y explorar nuevas opciones de integración regional.
  • Fortalecer las capacidades de promoción de exportaciones y la atracción de inversión a través de la creación de instituciones especializadas y del desarrollo de nuevas estrategias.
  • Construir y fortalecer la capacidad competitiva de las empresas con énfasis en el mejoramiento de prácticas gerenciales.
  • Fortalecimiento de las capacidades de defensa comercial para enfrentar el contrabando y otras prácticas ilegales.
  • Diseñar y fortalecer políticas de promoción y defensa de la competencia en los mercados junto a la decisión del Estado orientada a revisar el ecosistema de innovación.
  • Mejorar la articulación   de esfuerzos y la coordinación entre sectores claves que debe traducirse en incrementar la participación del sector privado.
  • Mecanismos de consulta y coordinación público-privados que informen sobre el diseño de políticas de comercio, inversión y competitividad, además que den seguimiento a su ejecución.
  • Complementar estas medidas con políticas de incremento del capital físico y humano para la cuarta revolución industrial y la economía digital.