Argentina frente a presiones internas y externas

Diciembre viene siendo un mes delicado en Argentina. Las Navidades llegan seguidas por las vacaciones de verano y es cuando más patente se vuelven las desigualdades sociales. Fue en la gran crisis de diciembre de 2001 cuando se produjeron los mayores saqueos del país. En la carrera que sostienen los salarios y la inflación, los sueldos suelen llegar exhaustos a fin de año porque la mayoría de los convenios se firman en el primer semestre. La situación económica del país ha mejorado muchísimo desde 2001. Pero en 2011 ya se comenzó a rumorear que podía haber saqueos. No los hubo, pero la inflación siguió su camino hacia arriba. El Gobierno la negaba y mantenía las estadísticas oficiales de precios en torno al 10, pero las consultoras privadas la calculaban en torno al 25%.

En septiembre de 2012, un estudiante de la universidad de Harvard le preguntó a la presidenta Cristina Fernández por la inflación. Y ella contestó: “Si realmente los números fueran de una inflación del 25% al 26% el país estallaría por los aires”. Tres meses después, en diciembre de 2012, se desataron los saqueos en la ciudad de Bariloche, se extendieron por otros municipios y fallecieron al menos cuatro personas.

Cristina Fernández vio entonces la mano de algunos sindicalistas peronistas enfrentados al Gobierno. “Tenemos incendios provocados en nuestros bosques y también tenemos por ahí algunos que quieren provocar incendios. (…) Esto que se intentó hacer es una versión decadente de una mala copia de lo que sucedió en otros momentos históricos del país -diciembre de 2001-. (…) Y la verdad que tampoco fueron espontáneos aquellos saqueos que terminaron muy mal y que obligaron a la salida anticipada del doctor Raúl Alfonsín”.

Ahora, además de la inflación, la economía adolece de una falta de divisas preocupante. No entran inversiones del extranjero. El Gobierno ha hecho todo lo posible desde finales de 2011 para que, ya que no abundan los inversores, por lo menos no salgan los dólares al exterior. Ha cargado con impuestos de hasta el 35% las compras con tarjetas en el exterior y ha llegado incluso a aprobar una ley que permite blanquear sus dólares a quienes en su día los sacaron de forma ilegal. La presidenta se propuso “pesificar” la economía, animó a los ahorradores a comprar pesos con sus dólares. Para dar ejemplo convirtió en peso los tres millones de dólares que tenía en un depósito a plazo fijo. Pero la inmensa mayoría de los argentinos con capacidad para ahorrar siguieron desconfiando en el peso y ahorrando en dólares.

Entre unas cosas y otras, las reservas de divisas del Banco Central cayeron desde los 52.000 millones de dólares que alcanzó en 2011 hasta los 31.000 millones que hay ahora. El nuevo Gabinete económico de Cristina Fernández se ha propuesto combatir esa escasez de divisas. Una forma de hacerlo es ir a buscar créditos en China, donde ahora se encuentra el ministro de Economía, Axel Kicillof. Otra forma, es devaluar provocar de forma gradual la depreciación del peso del peso frente al dólar. Con lo cual, el ciudadano se encuentra con que sus pesos cada vez valen menos. Y el Gobierno cada vez tiene menos recursos para mantener los sueldos al ritmo de la inflación. Si el crecimiento del PIB en 2011 se situó alrededor del 7% hoy las consultoras privadas los estiman entre el 3% y el 4%.

A pesar de todo, incluso los economistas más críticos del Gobierno creen que no existen las condiciones objetivas reales para que se produzca un descalabro financiero como el de diciembre de 2001.

Exigencias del FMI para que Argentina mejore el PIB y la inflación

En marzo próximo Argentina debería contar con nuevos índices confiables de PIB e inflación. O por lo menos eso es lo que le ha reclamado este lunes el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner viene negociando desde hace meses para evitar sanciones como el cierre de toda posibilidad de eventuales préstamos futuros o, en el peor de los casos, la expulsión como miembro del organismo. Desde 2007, cuando gobernaba Néstor Kirchner, el Estado argentino es acusado por técnicos de su Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y por economistas locales de subestimar el índice de precios al consumidor (IPC). Desde 2008, cuando estalló la crisis mundial, también comenzaron las sospechas de sobreestimación del indicador que mide el crecimiento de la economía.

La polémica por las estadísticas argentinas llegó después al FMI, cuya directora gerente, la francesa Christine Lagarde, amenazó en 2012 con mostrarle a Buenos Aires la “tarjeta roja” por la presunta manipulación de los números. En 2006, el Gobierno de Kirchner se libró de la tutela del FMI cuando canceló toda la deuda que mantenía con el organismo y cuya refinanciación permanente implicaba condiciones en términos de políticas de ajuste impuestas por el organismo. Desde entonces, Argentina no ha vuelto a pedir créditos al FMI, ni siquiera en la crisis internacional de 2008/2009, pero a la presidenta Fernández tampoco le da igual quedarse fuera de un organismo en el que a su vez pide más participación para los países emergentes.

El país sudamericano atraviesa además una escasez de divisas y para recomponerlas está buscando inversiones y créditos externos. En ese contexto, ha vuelto a emprender negociaciones para volver a pagar la deuda con el Club de París, grupo de países ricos acreedores a los que desde 2001 les ha dejado de abonar sus obligaciones y que con los que acumula un pasivo de 9.000 millones de dólares entre el capital y los intereses vencidos desde entonces. El Club de París exige como condición para una reestructuración de la deuda que el país deudor cuente con un programa del FMI. Alemania y Japón son los principales acreedores de Argentina en el grupo de países con sede en Francia. La regularización de esta deuda podría impulsar créditos e inversiones de países desarrollados. El Gobierno de Fernández no planea someterse a las políticas del Fondo para acordar con ellos porque considera que aquella recetas fueron nefastas en su historia, pero propone, en lugar de sellar un programa, que el organismo vuelva a hacer la revisión anual de la economía que practica con todos sus miembros, el llamado Artículo IV. Claro que Buenos Aires también se ha negado a someterse al examen del Artículo IV desde 2007. Para que se produzca esa revisión, Argentina necesita mantenerse dentro del Fondo.

El Gobierno de Fernández dice que su inflación es del 10,5% anual, pero las agencias provinciales de estadísticas calculan de media un 25,5%. A su vez, el INDEC informa que el PIB se ha expandido en los primeros nueve meses de 2013 un 5,4%, pero consultoras como el Estudio Ferreres dan cuenta de una expansión del 3,4% en los primeros diez meses del año. Técnicos del INDEC que han denunciado la manipulación estadística han sufrido despidos, mientras que consultores han sido multados por elaborar sus mediciones de inflación con el argumento de que buscaban engañar a la población. En los tribunales, técnicos y consultores han conseguido fallos a su favor.

El directorio ejecutivo del FMI, en el que están representados todos sus miembros pero donde pesan más EE UU, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, advirtió este lunes que Argentina no ha adoptado las medidas que le había reclamado para dar “rigurosidad” al IPC y al dato de PBI. Los directores reconocieron el actual “trabajo” y la “intención” del Ejecutivo sudamericano por crear otro índice de inflación “a principios de 2014” y por corregir las “deficiencias” de la estadística de actividad económica. Sin embargo, resolvieron pedirle un calendario específico para regular los números.

A finales de marzo, Argentina debería poner en marcha el nuevo IPC y tendría que revisar las estadísticas de PIB. Otras acciones en ese sentido deberían implementarse entre finales de septiembre de 2014 y finales de febrero de 2015. Lagarde deberá elaborar reportes 45 días después de esas fechas límite sobre la evolución de las estadísticas argentinas.