El sector del gas en Bolivia, que fue el puntal del modelo económico del país y el factor que le daba importancia geopolítica en el Cono Sur, está en su peor momento como producto de políticas que descuidaron la exploración y de errores como haber asegurado en 2019 que se había hallado un “mar de gas” y que ha sido desmentido por el Gobierno de Luis Arce cuatro años después.
El analista del sector Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, y el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, en declaraciones a France 24, pusieron la lupa sobre el área a propósito del revuelo causado por el desmentido sobre el “mar de gas”, que fue pregonado en enero del 2019 por Gobierno de Evo Morales como el hallazgo energético “más importante” en 20 años.
Fue el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien sorprendió hace días al asegurar a corresponsales que una autoridad del Gobierno de Evo Morales “le hizo creer” al mandatario que “estábamos en un mar de gas”.
“Le dijeron ‘estás en un mar de gas’ y era mentira y hoy, obviamente, estamos pagando los platos rotos de no haber explorado en esos años”, dijo Montenegro en una admisión que ha detonado la polémica sobre las razones de la caída del sector desde el lugar expectable en que estaba cuando el país aspiraba a ser el eje energético del Cono Sur.
Visto en perspectiva, el discurso del “mar de gas” habría buscado aquietar las críticas contra Morales o atraer más inversiones para la exploración, pese a que la empresa a cargo de la operación, Repsol, había sido cautelosa indicando que no se logró un hallazgo de valor comercial tras haber realizado la perforación más profunda de Suramérica hasta llegar a casi 8.000 metros en el pozo Boyuy X2, en el sur boliviano.
Velásquez: “El sector atraviesa por su momento más crítico en 20 años”
Pero las razones estructurales del declive del sector, según Velásquez, están en la aplicación de un marco normativo orientado a que el Estado tenga las mayores rentas posibles del negocio del gas con un régimen fiscal que ha desincentivado a las empresas de hacer inversión en exploraciones para buscar más hidrocarburos.
“El sector atraviesa por su momento más crítico en los últimos 20 años”, dijo Velásquez, tras explicar que la producción ha caído a 38 millones de metros cúbicos diarios de gas desde los 60 millones alcanzados en 2015 y que las reservas se situaron en 2017 en apenas 10 trillones de pies cúbicos, sin que haya nueva información desde entonces, pese a que la ley obliga a la estatal petrolera YPFB a hacer certificaciones anuales.
Según el economista, una serie de acontecimientos y decisiones configuraron el escenario complicado que vive el sector, pese a que a principios de siglo el país era considerado como un motor de la integración energética, sobre todo por las reservas que tenía entonces y sus contratos con Brasil y Argentina, actualmente limitados.
Acontecimientos como “la guerra del gas” (2003), el referendo sobre el gas (2004), la ley de Hidrocarburos (2005) y la nacionalización (2006) configuraron esa política estatista, pero olvidando “la sostenibilidad del sector en el largo plazo”, sostuvo.
Sin contar costos de producción, el Estado se queda hasta con un 82 % de la renta de los hidrocarburos, dejando para las empresas un 18 %, lo que es igual a que el “Estado tenga la mayor tajada de la torta, incluso sacrificando la torta”, según el experto.
Para captar esas rentas, en el período 2009-2014 se produjo una explotación acelerada de las reservas existentes para aprovechar el ciclo alto del precio de los hidrocarburos, “pero descuidando una política de exploración que permita reponer esas reservas”.
Según Velásquez, Bolivia necesita ahora “dar un giro de 180 grados en la gestión de los hidrocarburos” con una nueva ley generada en un amplio debate en la sociedad, ya que varias regiones y sectores dependen de esos ingresos, aunque no está seguro de que el Gobierno de Luis Arce finalmente se anime a encarar ese proceso.
Ríos: “Si no hacemos nada, tendremos que importar gas natural”
El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos afirmó que “el principal problema” es que el sistema impositivo actual no permite remunerar a las empresas por la exploración masiva de los hidrocarburos y hace falta pensar, por ejemplo, en un diferimiento tributario por cinco años para que el sector privado se anime a buscar nuevas reservas.
“Caso contrario, la situación se complica cada vez más. Vamos a seguir importando más gasolina, más diésel, más adelante importaremos GLP (gas licuado de petróleo) y si no hacemos nada, algún rato tendremos que importar gas natural”, advirtió Ríos.
El exministro también sostuvo que una reforma para la atracción de nuevas inversiones privadas para perforar más pozos no supondrá que el Estado deje de controlar el sector como hace con la nacionalización, sino que se apliquen incentivos para tener capital de riesgo, como también se hace en países con empresas nacionales petroleras fuertes.
No parece aventurado un pronóstico de que Bolivia pueda terminar importando gas natural, su mayor riqueza, ya que las estadísticas muestran cómo va creciendo la importación de combustibles, al contrario del decrecimiento de sus exportaciones.
Según un reciente reporte del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las importaciones de combustibles y lubricantes de Bolivia se situaron en los primeros once meses del 2022 en poco más de 4 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones de hidrocarburos llegaron solo a 2.800 millones de dólares.
El 2022 fue el año del cambio en esa tendencia ya que hasta el 2021, Bolivia todavía exportaba más energéticos que los que compraba.