Créditos para las Mypes serán a cinco años y con uno de gracia

El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz, informó ayer que el Gabinete Ministerial aprobó el Decreto Supremo 4270 que habilita 500 millones de bolivianos para créditos en favor de las pequeñas y medianas empresas como un alivio a las deudas económicas que tienen.

La medida se oficializa en el marco de la política de reactivación económica del país, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus de COVID-19. 
La nueva normativa “habilita, a través del Banco de Desarrollo Productivo, 500 millones de bolivianos, (para una) primera fase de financiamiento dentro de la línea de créditos, que se han establecido para las pequeñas y medianas empresas”, precisó.
La línea de créditos será entregada a través de las instituciones financieras y, según la autoridad gubernamental, tendrán hasta cinco años de plazo, con un año de gracia.
“Esta es una primera fase de los 1.500 millones (de bolivianos inicialmente anunciados, pero con esta medida) ya comienzan a darse los primeros créditos y, obviamente, vamos a continuar procurando todo el financiamiento necesario para llegar a ese monto (global) e, incluso, quisiéramos ir más allá y estamos trabajando en ello”, señaló.

Dijo también que en la segunda fase se activarán 100.000 bolivianos.
Sin embargo, afirmó que para alcanzar esos objetivos se necesita que la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS, pueda aprobar todo el financiamiento internacional que el Gobierno gestionó para enfrentar la emergencia sanitaria.

Recordó que este tipo de apoyo sirve para preservar los empleos y es una respuesta a la crisis que golpea a la economía del país por la pandemia.

MARCHA Los pequeños empresarios marcharon ayer en La Paz para demandar a las autoridades que apoyen al sector, al verse ahogados por los créditos mientras su actividad se ha desplomado a causa de la cuarentena por la COVID-19.

La marcha, promovida por asociaciones como la Federación Regional de la Micro y Pequeña Empresa (Fermype) de la vecina ciudad de El Alto, trascurrió por el centro paceño con pedidos al Gobierno y al Parlamento para que atienda sus demandas.
“No hay nadie que escuche”, lamentaron algunos de los manifestantes, frente a un cordón policial que detuvo su paso.
Uno de sus gritos fue el de “hecho en Bolivia, hecho en Bolivia”, con carteles que mostraban un logotipo con ese lema, para reivindicar que se apoye la producción nacional que ellos representan.
Los manifestantes reclamaban que puedan trabajar sin las limitaciones que supone la cuarentena declarada en el país, que ha mermado la actividad económica, y que se aplique una ley para diferir el pago de créditos, pues sin ingresos acumulan deudas, y para aplazar cuotas de servicios básicos.
Un decreto gubernamental aplaza hasta agosto el pago de créditos a quienes deban menos de un millón de bolivianos, unos 145.000 dólares, pero advierten de que los bancos les están demandando que paguen a partir de septiembre y los pequeños empresarios exigen que se aplique un apartado de la norma que da seis meses de plazo para pagar a partir de que finalice la emergencia sanitaria.