¿Deben las consideraciones económicas influir en la política contra el crimen en América Latina?

Las economías ilícitas, como el tráfico de armas, de drogas y la minería ilegal, crean empleos, mueven dinero y generan ingresos. Por lo tanto, forman parte de la economía de un país y deberían ser analizadas como tal.

Las políticas para enfrentar el crimen organizado deberían prestar mayor atención a los efectos económicos de las actividades ilícitas y buscar combatirlo desde un frente financiero, según coincidieron expertos en una conferencia reciente.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reunió a sus propios expertos, así como a representantes de otras organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Banco Mundial y los gobiernos regionales en un evento realizado a fines de septiembre.

Los participantes discutieron el impacto de las actividades criminales en las economías de América Latina y el Caribe, y argumentaron que, aunque los gobiernos suelen invertir en estrategias centradas en la seguridad que generan resultados a corto plazo, también deberían enfocarse en políticas económicas y resultados a largo plazo para combatir a las pandillas.

Actividad criminal como producción económica

Las economías ilícitas, como el tráfico de armas, de drogas y la minería ilegal, crean empleos, mueven dinero y generan ingresos. Por lo tanto, los participantes del seminario argumentaron que forman parte de la economía de un país y deberían ser analizadas como tal.

El aspecto económico del crimen organizado es particularmente evidente en las áreas de la minería ilegal, donde las operaciones criminales mantienen negocios legítimos y generan nuevas economías ilícitas. Los jefes mineros utilizan sus ganancias ilícitas para comprar herramientas y maquinaria, así como combustible para operar sus equipos, algunos de los cuales pueden ser robados o contrabandeados. También pagan a los trabajadores, quienes gastan sus salarios en tiendas y restaurantes locales. Las redes de tráfico sexual suelen intervenir para satisfacer la demanda creada por los jóvenes con una gran cantidad de dinero en efectivo.

Fortalecer las instituciones locales, mejorar la gobernanza y los programas de creación de empleo en el sector privado podrían ayudar a reducir la dependencia de las poblaciones locales de la minería ilegal abordando las raíces del problema. Los análisis de impacto basados en datos y los informes de inteligencia para monitorear los efectos de las políticas podrían ayudar a afinar los programas para obtener resultados más efectivos. Especialmente en la región amazónica, la cooperación multilateral centrada en los resultados económicos también podría ayudar a reducir la criminalidad.

Sin embargo, las políticas económicas no son una solución mágica. Pueden estar mal dirigidas o tener consecuencias no deseadas. Esto ocurrió con programas en Colombia que intentaron convencer a los agricultores de cultivar cultivos legales en lugar de plantas de coca usadas para producir cocaína, proporcionándoles subsidios económicos y asistencia técnica.

La iniciativa se implementó en el departamento colombiano de Putumayo en 2017 y tuvo, al principio, efectos positivos. La siembra de coca disminuyó, al igual que la violencia. Pero los programas no cumplieron sus objetivos, ya que las redes criminales amenazaron violentamente a los líderes comunitarios que promovían la sustitución de cultivos. La iniciativa también se vio afectada por dificultades financieras, corrupción y falta de voluntad política.

¿Invertir en prevención o en seguridad?

Mientras que los países destinan grandes porcentajes de su Producto Interno Bruto (PIB) a esfuerzos centrados en la seguridad en respuesta a la actividad de las pandillas, en el seminario de la CEPAL se escucharon argumentos a favor de aumentar las inversiones en programas que aborden los problemas sociales y económicos subyacentes que impulsan el crimen.

Muchos gobiernos en la región han adoptado políticas que facilitan mantener a los criminales sospechosos y condenados tras las rejas por largos períodos. Esto no solo elimina a grandes cantidades de personas de participar en la economía formal, sino que también conlleva a menudo al hacinamiento en las prisiones, lo que puede fomentar el crecimiento de las pandillas y dificultar que las autoridades mantengan el control. Varios países han construido o están construyendo nuevas instalaciones para intentar reducir el hacinamiento. Pero podría ser más eficiente para los gobiernos centrarse en prevenir la encarcelación en primer lugar, en lugar de invertir recursos limitados para albergar a una población carcelaria en constante aumento.

La prohibición de las drogas también tiene impactos económicos significativos. Los esfuerzos gubernamentales para reducir el suministro de drogas pueden, en realidad, hacer que los productos ilícitos sean más valiosos al crear escasez sin reducir la demanda. La rentabilidad del comercio permite a las pandillas seguir reclutando nuevos miembros y mejorar sus métodos para seguir operando. En lugar de invertir tanto en políticas antidrogas punitivas y represivas, los participantes abogaron por una mayor inversión en salud y educación para ofrecer vías económicas alternativas y legítimas a los ciudadanos para lograr un nivel de vida digno.

Desafíos políticos, resultados demorados

Uno de los mayores desafíos de implementar una perspectiva económica para abordar el crimen es que el cambio y los resultados serán lentos. Esto representa un problema político para los funcionarios, que a menudo cumplen mandatos por períodos limitados y enfrentan presión para mostrar resultados rápidos.

La incautación de drogas y la detención de sospechosos de delitos generan resultados visibles a corto plazo y permiten a los políticos hacer campaña con éxitos concretos. Las inversiones en programas preventivos socioeconómicos pueden no dar frutos a tiempo para el próximo ciclo electoral.

Además, las propuestas para reducir el gasto en policía y encarcelamiento están abiertas a ser atacadas como “blandas” frente al crimen. La única alternativa a desviar recursos existentes es aumentar los ingresos mediante el aumento de impuestos, lo que implica mayores costos para los votantes.

Además, las políticas que abordan las raíces socioeconómicas del crimen pueden centrarse en los grupos sociales más vulnerables y en las áreas más afectadas por el crimen organizado, lo que puede ser impopular. Así como parte del electorado suele oponerse a políticas que creen que podrían ayudar a las comunidades que consideran responsables del crimen organizado.