Designar al PCC de terrorista afectará sus finanzas y las de todos los demás

“El impacto más inmediato se sentirá en el sistema bancario, que tendrá que reevaluar su nivel de exposición y sus controles contra el lavado de dinero”. Melina Risso, directora de Investigación del Instituto Igarapé.

La incorporación de dos grupos criminales brasileños a la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de Estados Unidos podría complicar las actividades de quienes hacen negocios en la décima economía más grande del mundo, excepto las de los criminales a quienes supuestamente busca afectar.

La designación del Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando Capital, PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV), el 28 de mayo, era esperada desde hacía tiempo, pero aun así tuvo un fuerte impacto en Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó duramente la medida por considerarla una amenaza para la estabilidad financiera del país.

“Esto podría representar un retroceso en la lucha contra el crimen, una amenaza para la vida de las personas y pérdidas económicas para el país”, escribió en una publicación en redes sociales.

Lula tiene razones para preocuparse. Él y su Partido de los Trabajadores (PT) mantienen una ajustada contienda por la reelección frente al presunto candidato de la oposición, Flávio Bolsonaro. Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, visitó Estados Unidos en los días previos al anuncio y luego se atribuyó el mérito de la medida en publicaciones en redes sociales.

“En un solo viaje como precandidato, hicimos más por Brasil y por la seguridad de los brasileños que el Partido de los Trabajadores y Lula en sus 16 años de gobierno”, afirmó Bolsonaro en un video.

Sin embargo, ninguno de los dos candidatos se beneficia realmente de esta decisión. Brasil, una de las economías más grandes del mundo, comercia más de US$8.000 millones mensuales en bienes con Estados Unidos, según el Atlantic Council. Grandes empresas estadounidenses de los sectores tecnológico, energético, alimentario y automotriz operan en Brasil. Y aunque los aranceles afectaron temporalmente la relación bilateral, los vínculos económicos entre ambos países continuaron fortaleciéndose.

Todo esto podría verse comprometido con las nuevas designaciones. Las medidas implican que cualquier persona, empresa o banco que, incluso sin saberlo, mantenga relaciones comerciales con alguno de estos dos grupos podría enfrentar el congelamiento de activos o ser acusado de apoyar el terrorismo. También podrían surgir demandas y otros desafíos legales.

“El impacto más inmediato se sentirá en el sistema bancario, que tendrá que reevaluar su nivel de exposición y sus controles contra el lavado de dinero. Esto podría traducirse en mayores costos de cumplimiento para las empresas con operaciones internacionales”, afirmó Melina Risso, directora de Investigación del Instituto Igarapé.

De los dos grupos criminales, el PCC está mucho más arraigado en el sistema financiero. Sin embargo, la magnitud de sus operaciones ilícitas implica que prácticamente cualquier institución financiera en Brasil podría tener vínculos indirectos con uno o ambos grupos.

“Hoy estimamos que el PCC genera alrededor de US$2.000 millones al año”, dijo a InSight Crime el fiscal Lincoln Gakiya, quien pasó más de dos décadas investigando al grupo. Ese dinero se lava a través de todo el sistema financiero sin que los bancos conozcan su verdadero origen.

“¿Quién podría verse afectado? Todos”, agregó.

Carbono oculto, crimen oculto

La infiltración del PCC en el sector de los combustibles de Brasil demuestra lo difícil que puede ser saber quién está realmente detrás de una empresa.

La Operación Carbono Oculto, como se conoce la investigación, expuso las importaciones de combustible del PCC y su control sobre estaciones de servicio. Los negocios parecían legítimos, pero eran operados, al menos en parte, por el grupo criminal.

En la segunda fase de la operación, lanzada en 2025, las autoridades identificaron aproximadamente US$5.000 millones (26.000 millones de reales) del PCC lavados durante cuatro años a través de empresas fintech y fondos de inversión que operaban en Faria Lima, el principal centro financiero de Brasil.

Las transacciones reveladas por la operación muestran cuán opacas son las actividades financieras del PCC. Según el periódico brasileño Folha de São Paulo, el gobierno brasileño, incluidas fuerzas policiales y militares, compró combustible a una empresa operada por el PCC. La documentación era tan sólida que incluso las autoridades consideraban legítimo el negocio.

“Para las empresas que operan en Brasil o dependen de cadenas de suministro brasileñas, el mensaje es que los marcos de cumplimiento deben ajustarse rápidamente”, dijo Bruna Santos, directora del Programa de Brasil del Inter-American Dialogue en Washington DC. “El nuevo entorno legal aumenta los riesgos relacionados con sanciones, finanzas ilícitas, terceros, logística, pagos y reputación”.

Aunque la industria fintech, que está relativamente poco regulada, fue el principal objetivo de la operación, las empresas operadas por el PCC también utilizaron bancos tradicionales, como Bradesco, que están sujetos a regulaciones mucho más estrictas.

La estructura del esquema ocultaba los vínculos directos con el grupo criminal, ya que las ganancias se distribuían entre diversos bancos y empresas. Con la nueva designación, las compañías que compraron combustible sin saberlo a empresas controladas por el PCC y los bancos que procesaron inadvertidamente esos pagos podrían enfrentar sanciones.

Ricardo Zuñiga, exdiplomático estadounidense y actual consultor de Dinamica Americas, una firma de asesoría, señaló que existe una alta probabilidad de que instituciones financieras brasileñas enfrenten escrutinio por parte de fiscales estadounidenses y de particulares que busquen presentar demandas en su contra, lo que considera el escenario más probable.

“Creo que es casi inevitable que en algún momento haya algún tipo de impacto financiero o un impacto sobre una institución financiera en Brasil”, dijo a InSight Crime.

Incluso si no enfrentan cargos directamente, las empresas podrían volverse más cautelosas y reducir sus operaciones en Brasil. Los costos de cumplimiento también podrían aumentar, a medida que las compañías implementan controles más complejos por temor a tener algún vínculo desconocido con el crimen organizado o para asegurarse de que no exista.

Las consecuencias podrían extenderse mucho más allá del sector de los combustibles y afectar a quienes trabajan en la minería, la agricultura, la tala de bosques y muchas otras industrias que operan en territorios donde el PCC o el Comando Rojo tienen presencia.

El PCC sigue evolucionando pese a las operaciones del gobierno

Las designaciones de Estados Unidos podrían dar a las autoridades nuevas herramientas para perseguir las finanzas del PCC, pero el grupo criminal ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse.

Después de tres décadas de existencia, el grupo criminal ha encontrado diversas formas de expandir sus operaciones pese a los golpes de las fuerzas de seguridad. Sus principales líderes llevan años recluidos en cárceles de máxima seguridad. Los esquemas criminales del PCC han sido desmantelados en múltiples ocasiones en Brasil, e integrantes clave de su red han sido capturados o asesinados. Sin embargo, el grupo no ha dejado de crecer ni de diversificar sus operaciones, al tiempo que ha ampliado su influencia en las esferas política y económica.

Gracias a las enormes ganancias generadas por el tráfico de drogas, principalmente hacia Europa, el grupo también ha desarrollado nuevas formas de lavar dinero.

“El PCC está aliado con empresarios, evasores fiscales y operadores del mercado financiero […] para lavar su dinero”, explicó el fiscal brasileño Lincoln Gakiya. “Crean empresas, compran empresas y aumentan gradualmente su participación en distintos sectores. Fondos de inversión, constructoras; en resumen, una gama muy amplia de negocios”.

Carbono Oculto es apenas la punta del iceberg. Antes de esa operación, el PCC ya había incursionado en el sector del transporte, obteniendo contratos municipales para operar autobuses públicos en San Pablo. También consiguió contratos de servicios de limpieza y gestión de residuos.

Tanto el PCC como el Comando Rojo también tienen presencia a lo largo de la cadena de suministro del oro en la Amazonía y otras regiones, una industria cada vez más lucrativa en un contexto de precios récord del metal precioso. Además, cuentan con años de experiencia en el uso de criptomonedas, tanto para su minería como para su comercialización.

“Ya no existe movimiento físico de dinero en efectivo”, dijo Gakiya a InSight Crime. “Es decir, ya no llega en una maleta llena de dinero. Normalmente se mueve a través de operadores financieros, cambistas y criptomonedas”.