El diésel sube un 84% en Bolivia para los grandes consumidores

• El gobierno elimina la subvención parcial del combustible para poder cubrir la demanda de hidrocarburos que provoca largas filas en las estaciones de servicio
• El ministro de la Presidencia justificó la guerra en Irán como una de las razones para el aumento del valor del combustible y explicó que el nuevo costo incluye, además, logística, seguro y transporte.
• El nuevo decreto se suma a la apertura de importación privada de gasolina y diésel que el Gobierno habilitó en julio pasado.

El diésel cuesta casi un 84% más desde este lunes en Bolivia para los consumidores que demandan más de 120 litros mensuales. El reajuste de precio se efectivizó mediante un decreto supremo, con el objetivo de “sincerar” el precio del combustible en el país con su costo internacional. Una de las primeras medidas del presidente, Rodrigo Paz, fue eliminar en diciembre pasado parte de la subvención de los carburantes. En ese entonces, el diésel ya subió más del 160% y la gasolina, un 86%. Ahora, se suprime cualquier subsidio del primero y se establecerá un precio referencial que se actualizará cada cinco días de acuerdo con la demanda internacional, poniendo fin a más de 20 años de congelamiento de precios.

Los sectores que se verán afectados por el nuevo precio son el agropecuario, el minero y el transporte pesado. Para el resto de usuarios, el costo se mantiene, al igual que el de la gasolina. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió la decisión como una estrategia para dejar de “desangrar” al tesoro del Estado con la compra de hidrocarburos que no corresponde al mercado internacional. “Se han sacrificado reservas internacionales netas [se redujeron en un 87% en los últimos 10 años], se vendió el oro de este país para cubrir el precio de un combustible que, por falta de inversión en el pasado, hoy tenemos que importar”, declaró en conferencia de prensa. “Tenemos que empezar a plantear cómo cubrir el abastecimiento sin generarle este presupuesto absurdo al Estado”, sostuvo Aramayo haciendo referencia a la recesión económica que atraviesa el país con un déficit fiscal que cerró el 2025 con un 12% del PIB.

El ministro también justificó la guerra en Irán como una de las razones para el aumento del valor del combustible y explicó que el nuevo costo incluye, además, logística, seguro y transporte. El decreto es, al mismo tiempo, una respuesta a las demandas del sector productivo, que alertaba que la escasez de hidrocarburos está perjudicando la cadena agrícola. Las largas filas —de hasta días para conseguir diésel— en las estaciones de servicio ya son un paisaje urbano del país desde hace tres años, con breves excepciones de meses.

La longitud de las colas llega a perjudicar el flujo de tránsito. Solo en agosto se registraron tres choques de automóviles con camiones que hacían fila por combustible. Sobre cuándo se regularizará el abastecimiento, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, evitó dar una respuesta concreta: “Es un proceso de transición, esperamos que se solucione a la brevedad posible”.

El nuevo decreto se suma a la apertura de importación privada de gasolina y diésel que el Gobierno habilitó en julio pasado. El Ejecutivo asegura también que la nueva disposición ahogará el contrabando de combustible. El presidente Paz denunció en marzo una supuesta red de corrupción y adulteración de combustible que descargaba carburante en suelo boliviano para venderlo a precio internacional en los países vecinos. La trama también sería responsable de la adulteración de gasolina que averió alrededor de 70.000 vehículos.

La investigación, sin embargo, no prosperó y no se presentaron avances. En cambio, fue detenido y después beneficiado con detención domiciliaria el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, junto con otras antiguas altas autoridades de la empresa estatal petrolera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La institución ha tenido tres presidentes en el último año y el Gobierno de Paz la señala como el epicentro y origen de la corrupción y el contrabando de carburantes.

“La idea es reestructurar YPFB quitándole su rol de comercialización, que no le corresponde. Como dejaron de invertir en exploración, desapareció el famoso mar de gas; se dedicaron a vender”, sentenció Blanco.