Empleo en el sector privado está bajo el nivel de 2019; no hay datos de informales

El número de trabajadores registrados en las empresas privadas a fines de 2023 aún continúa por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, se desconoce la cantidad de personas ocupadas en el sector informal o en trabajos por cuenta propia.

En 2019, se registraron 521.789 trabajadores en el sector privado. El número cayó drásticamente para 2020, año en el que comenzó la pandemia y gobernó la presidenta Jeanine Áñez. Para fines de 2023, la tendencia mejoró, alcanzando los 505.329 trabajadores; sin embargo, la cifra continúa por debajo de la temporada previa al coronavirus.

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, indicó que la economía boliviana, como un “modelo único en el mundo”, está compuesta no sólo por trabajadores en el sector privado, sino también en los sectores estatal, social cooperativo y comunitario.

Aseguró que las empresas públicas en operación generan 5.416 empleos directos y 19.154 empleos indirectos. Asimismo, con la creación de nuevas empresas públicas se espera alcanzar otros 7.345 empleos directos y 31.050 empleos indirectos.

Navia indicó que, a la fecha, hay 2.919 cooperativas registradas, cada una con un número de trabajadores que va desde los 10 a más de 2 mil.

Sin embargo, no se brindó datos sobre el número de trabajadores en la “economía comunitaria”. Mucho menos de aquellos que trabajan en el sector informal o por cuenta propia.

La Ministra indicó que se está trabajando en la generación de estos datos, ya que por “14 años (en alusión al gobierno de Evo Morales) no se tomó en serio el registro de personas ocupadas para generar políticas públicas de mejoramiento de la calidad de vida”.

Anticipó que se trabaja con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para “construir el registro de los trabajadores comerciantes y gremiales”.

Asimismo, señaló que la OIT puso tres condiciones para considerar a los trabajadores por cuenta propia. Estos son que tengan un seguro de salud, aportes para jubilación y estén registrados en alguna institución.

El abogado laboralista Édgar Arraya señaló que, en los últimos años, se ha visto un aumento de la informalidad, que ya supera el 80 por ciento de la población ocupada. Alertó que desde el sector privado y desde el propio Estado se vulneran los principios de continuidad y estabilidad laboral con el fin de ahorrarse las cargas económicas que implica contar con un trabajador regular.

“La mano de obra se contrata por 89 días para evitar estos costos. Eso hacen varios empresarios y el propio Estado. Esto es un fraude laboral. Engañamos y vulneramos derechos constitucionales que hablan de estabilidad laboral, y el propio Estado es el que viola estos derechos”, dijo Arraya.

El economista y docente universitario Napoleón Pacheco manifestó que nueve de cada 10 empleos son informales. A través de su cuenta de X, desestimó las declaraciones de la ministra Navia en sentido de que hay más fuentes laborales y mejora la calidad de vida de la población.

La Ministra señaló que hablar de “trabajadores informales” es recurrir a “términos neoliberales” y enfatizó que  el caso de Bolivia “no es un modelo que esté mundialmente conocido, es un modelo único en nuestro país”.

Asimismo, aseguró que por 14 años no se construyó una economía de base ancha  que genere más empleos.

Navia indicó que la economía la componen los sectores privado, estatal, cooperativo y comunitario

2005-2021

Sube población de ingresos medios

La población con ingresos medios aumentó de 35 a 60 por ciento entre 2005 y 2021, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo.

La población con ingresos bajos pasó de 61 por ciento en 2005 a 36 por ciento para 2021, y la de ingresos altos pasó de 4,2 por ciento en 2005 a 3,6 por ciento para 2021.

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, señaló que estos datos evidencian una mejora de la calidad de vida de la población en 16 años, con lo que defendió el llamado “modelo económico social comunitario productivo” que aplica el Gobierno y que tiene al Estado como principal actor en la economía y redistribuidor de la riqueza generada por la población.