Falta de control, carga social elevada y deudas: los problemas de Comibol y 5 filiales

Página Siete
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Comibol La Paz

Falta de control de los activos fijos,  elevada carga social y  deudas, son  algunos problemas identificados en la  Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y cinco de sus filiales, según un informe  de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP),  dependiente del Ministerio de la Presidencia.

Las filiales clasificadas como de prioridad por su situación financiera y los problemas  que requieren atención son: Huanuni, la Empresa Boliviana de Oro (EBO), Colquiri, Coro Coro y Karachipampa.

El diagnóstico, que no se hizo público,  fue elaborado en  2019 durante la gestión de Evo Morales, antes de los conflictos poselectorales, la transición y la pandemia. Estos factores  pudieron empeorar la situación de las estatales mineras.

La minera fiscal

La Comibol fue creada por el Decreto Supremo 3196 del 2 de octubre de 1952, antes de la nacionalización de las minas  de Patiño, Hotchschild y Aramayo.

La Comibol  asumió  la administración de la industria minera fiscal boliviana para “la exploración, prospección, explotación, beneficio y comercialización de los importantes yacimientos minerales que encierra el subsuelo patrio, dentro de un plan general y racional técnicamente elaborado”, de acuerdo al decreto.

El documento también  autorizaba la  “constitución de sociedades” para la explotación de minas a su cargo, manteniendo para el Estado el 51% de las acciones emitidas. Se conformaba, además,  un directorio integrado por  representantes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.

De acuerdo a la Ley 535 de Minería y Metalurgia, sus empresas filiales son: la Empresa Minera Huanuni, Empresa Minera Colquiri, Empresa Minera Coro Coro, Empresa Metalúrgica Vinto y la Empresa Metalúrgica Karachipampa.

Sin embargo -según el diagnóstico de la OFEP-  por la actual estructura de la corporación, éstas no están constituidas como empresas independientes.  Las mismas son parte de Comibol como “unidades de negocios”, a excepción de Vinto.  Al cierre de la gestión contable 2017 el valor de la empresa ascendía  a 8,6 millones de bolivianos.

“De 2014 a 2016, la empresa presentó una inestabilidad en sus utilidades, además de un decrecimiento relevante en sus ingresos.  Sin embargo, en 2017, logró una recuperación que permitió  a la empresa volver a presentar  resultados positivos”, señala el diagnóstico.

Explica que en  2018  la empresa mostró una nueva caída en sus ingresos y utilidades, pero que la repercusión de dicho efecto no tuvo una magnitud suficiente para que genere números rojos.

“La empresa comercializa  commodities (todo bien que tiene utilidad o valor, como son  las materias primas), lo cual la hace altamente sensible a los precios definidos en el mercado.  Esta dependencia dificulta el posicionamiento de la empresa en una etapa de declive, puesto que puede simplemente encontrarse en un fenómeno estacional y sistemático”, dice el documento.

Añade que durante  2017 y 2018 sus resultados fueron  positivos. “Sin embargo, el resultado acumulado desde 2014 es de -620,47 millones de bolivianos”.

“Considerando que su contabilidad se genera por la agregación de diferentes unidades de negocios que maneja, no es posible identificar cuál de sus mercados dentro de la industria de la minería incide más sobre los resultados. Además  no se puede contextualizar de manera adecuada la deuda.  La empresa no proporcionó información preliminar para el año 2019”, se lee en el inorme técnico.

Un problema  estructural

El diagnóstico establece que  la Comibol   presenta algunos problemas que deben ser atendidos para  darle un giro a la corporación.

“Comibol no tiene una estructura de corporación, ni el estatus de filiales para las empresas. Tampoco define lineamientos corporativos para éstas”, señala el documento.

Afirma que otro problema  es que concentra -en uno solo sistema- la información financiera de Huanuni, Colquiri, Coro Coro, Karachipampa y la de la propia corporación, lo que no permite identificar  resultados individuales.  Además  que el sistema contable (Anita) es muy antiguo y no es el adecuado.

“Utiliza el NIT de la Comibol para todas las filiales, incluida la Empresa Metalúrgica Vinto, sin embargo, estas empresas tienen una administración independiente”.

El control de sus existencias y los  activos fijos es otro de los problemas recurrentes. “Tiene inmuebles que no tienen registro de propiedad en Derechos Reales (DDRR), esto data desde hace más de 20 años”, se lee en el informe.

“Tiene proyectos que ya salieron como empresas (por ejemplo Colquiri) o unidades productivas con las que aún no se conciliaron cuentas. Estas se muestran como deudas, siendo que debería cerrarse como transferencia  de capital”.

La transparencia es otro de los problemas. La Comibol acumula 345 procesos legales, de los que 172 son de tipo coactivo fiscal,  75 son de tipo penal, 46 de tipo laboral y 38 de tipo civil,  entre otras categorías.

Cuando se realizó el informe, en 2019, se indicó que habían procesos pendientes de 2014 y 2015 con  Aduana Nacional de Bolivia (ANB) por equipos y maquinaria.  Entonces   se advirtió que “la mercancía está como garantía ante la ANB y  ya puede ser ejecutada”.

Gestionar los riegos

Además de consolidarse como corporación (en cumplimiento a la Ley 535) y regularizar la situación de los activos, la OFEP recomendó la implementación de una gestión de riesgos, ante la completa dependencia a los precios.

“De acuerdo al análisis financiero, al agregado de la información de la corporación, se debe realizar una implementación profunda de Gestión Integral Riesgo, para controlar la exposición a los precios de los commodities. Se debe considerar este aspecto en todo el sector minero y metalúrgico -de manera  independiente- en cada eslabón de la cadena productiva”, se indica.

Colquiri y la Empresa Boliviana del Oro

Las operaciones de la Empresa Minera Colquiri (EMC) datan de 1936. A igual que todas las estatales,  son minas antiguas en terrenos explotados  desde hace muchas décadas.

Colquiri se encarga de la extracción y tratamiento de estaño, zinc y plata, minerales que son comercializados; en el caso del estaño, a la Metalúrgica de Vinto y en el caso  del zinc y la plata al proponente ganador de  las licitaciones  semestrales.

Según el informe de la OFEP, para el 2018 las   metas de producción lograron cumplirse en un 89%, respecto  a lo programado.

Hasta 2019 no se ejecutaba la contratación  para la construcción de la nueva Planta Concentradora  de 2000 TPD. La renovación de la maquinaria y equipamiento  apenas llegó al 66%.

La Empresa Boliviana del Oro empezó sus actividades en 2014, como parte de la estructura programática   de Comibol, cuya actividad consiste en la compra de oro y su venta al Banco Central de Bolivia (BCB).

Ente los principales problemas identificados es que EBO no  es una empresa como tal, sino un proyecto para evitar el contrabando. Fue creada para     que realice los trámites del BCB y también saca muestras para el análisis de la London Metal.

“Actualmente (2019) la empresa hace de una unidad de Comibol. Entre su personal cuenta con un responsable, una administradora, un auxiliar y un laboratorista, pero todos figuran en planillas de la corporación. En sí, la empresa es asumida como una actividad de la Comibol”, advierte el informe.

Aunque la OFEP solicitó información  financiera a la empresa, ésta no fue remitida. Tampoco se reportó la existencia de procesos legales que pueda afrontar.

Desde  junio de 2006, por disposición gubernamental, la Empresa Minera  Huanuni (EMH) pasó a depender nuevamente  de la Comibol, luego de que en los 90 fuera puesta en manos privadas. Se dedica a la producción y comercialización de concentrados de estaño con calidad de venta de 46% de ley a la Empresa Metalúrgica Vinto.

De acuerdo al informe de la OFEP, en 2018 la ejecución física y financiera  de los proyectos de operaciones mineras -como el sistema de bombeo del Ingenio  Lucianita o la rehabilitación  del Ingenio Santa Elena, entre otros- no alcanzaron las metas previstas. El nivel de cumplimiento de metas del POA 2018 llegó solo al 64%.

Entre los problemas identificados en el diagnóstico está que la empresa no logra cubrir sus gastos operativos por la cantidad de empleados y la elevada  carga social que enfrenta. Esta situación se agravó por mucho en 2006, cuando la empresa   tuvo que absorber a más de 4.000 trabajadores mineros cooperativistas.

Una escala salarial publicada en 2015  en el portal web de la EMH hace cálculos  sobre 4.531 trabajadores:  3.717 eran obreros y 814 eran  profesionales, técnicos y empleados. Según el documento  el costo   mensual de dicha escala era de 15,61 millones de bolivianos, sin contar bonos y otros beneficios.

El informe de la OFEP también advierte que  los conflictos  con el sindicato  no permite la reorganización, ni el retiro de personal.  “El 85% del personal se dedica a explotación, 14,5% a desarrollo y solo el 0,5% a preparación”.

Se explica que hay poco personal en el último grupo  “por comodidad”, ya que cuesta  incentivar que los trabajadores  a aprender nuevas actividades. Además sostiene que los  cambios “relativamente continuos” de la gerencia genera que no se tenga lineamientos corporativos definidos.

“Además, los gastos de comercialización son elevados.  Y hay deudas sin consolidar con la corporación”, detalla.

Los procesos legales que afrontaba esta empresa hasta 2019 eran 49. Nueve  eran de índole laboral y   40,  penales.

“Las empresas pertenecientes a la Comibol tienen una contabilidad agregada, lo que no permite una lectura de su situación real, las acefalías contables son tales como cuentas de inversión o deudas negativas.  Es por eso que para esta  empresa (y las otras) no existe un análisis financiero”, dice el diagnóstico.

Huanuni: problemas laborales y alta carga social

Desde  junio de 2006, por disposición gubernamental, la Empresa Minera  Huanuni (EMH) pasó a depender nuevamente  de la Comibol, luego de que en los 90 fuera puesta en manos privadas. Se dedica a la producción y comercialización de concentrados de estaño con calidad de venta de 46% de ley a la Empresa Metalúrgica Vinto.

De acuerdo al informe de la OFEP, en 2018 la ejecución física y financiera  de los proyectos de operaciones mineras -como el sistema de bombeo del Ingenio  Lucianita o la rehabilitación  del Ingenio Santa Elena, entre otros- no alcanzaron las metas previstas. El nivel de cumplimiento de metas del POA 2018 llegó solo al 64%.

Entre los problemas identificados en el diagnóstico está que la empresa no logra cubrir sus gastos operativos por la cantidad de empleados y la elevada  carga social que enfrenta. Esta situación se agravó por mucho en 2006, cuando la empresa   tuvo que absorber a más de 4.000 trabajadores mineros cooperativistas.

Una escala salarial publicada en 2015  en el portal web de la EMH hace cálculos  sobre 4.531 trabajadores:  3.717 eran obreros y 814 eran  profesionales, técnicos y empleados. Según el documento  el costo   mensual de dicha escala era de 15,61 millones de bolivianos, sin contar bonos y otros beneficios.

El informe de la OFEP también advierte que  los conflictos  con el sindicato  no permite la reorganización, ni el retiro de personal.  “El 85% del personal se dedica a explotación, 14,5% a desarrollo y solo el 0,5% a preparación”.

Se explica que hay poco personal en el último grupo  “por comodidad”, ya que cuesta  incentivar que los trabajadores  a aprender nuevas actividades. Además sostiene que los  cambios “relativamente continuos” de la gerencia genera que no se tenga lineamientos corporativos definidos.

“Además, los gastos de comercialización son elevados.  Y hay deudas sin consolidar con la corporación”, detalla.

Los procesos legales que afrontaba esta empresa hasta 2019 eran 49. Nueve  eran de índole laboral y   40,  penales.

“Las empresas pertenecientes a la Comibol tienen una contabilidad agregada, lo que no permite una lectura de su situación real, las acefalías contables son tales como cuentas de inversión o deudas negativas.  Es por eso que para esta  empresa (y las otras) no existe un análisis financiero”, dice el diagnóstico.

Coro Coro y Karachipampa

La Empresa Minera  Coro Coro se encarga desde 2012 de  la explotación   de cobre, en las minas  a cielo abierto  de las localidades de Toledo y Viscachani. En 2018 llegó  al 87% de su meta de producción.

“Hay un  elevado endeudamiento con Comibol porque no cerró el proyecto y no se hizo la transferencia de capital. Además,  arrastra pérdidas acumuladas de gestiones anteriores y no mejora su patrimonio, pese  a haber obtenido utilidades, por ello las pérdidas se hacen excesivas”, afirma el diagnóstico de la OFEP.

En cuanto a la Metalúrgica de Karachipampa, la estatal encargada de la fundición, refinación y comercialización de concentrado de plomo y plata, se indicó que en 2018  solo cumplió con el 10% de su meta de producción programada.

“Está en una zona industrial de Potosí. Sin embargo, a efectos de la comunidad  y el municipio no puede hacer uso de la totalidad de dicha zona”,  describe el informe de 2019 de la OFEP.

La rendición de cuentas de 2020 señala que apenas produjo 400 TMF de plomo metálico, de las 8.171 proyectadas.

Reactivación de Amayapampa

Aunque no es parte de las cinco filiales observadas por el informe técnico de la OFEP, el yacimiento de Amayapampa (en Chayanta, al norte de Potosí) es otro de los casos difíciles de la Comibol.

Hace un par de semanas,  al menos 300 de sus trabajadores paralizaron el centro paceño con una marcha de protesta. Exigían una inyección económica de 300 millones de dólares del sector privado.

“Estamos aquí para reclamar que queremos una inyección económica para reactivar la minería en Amayapampa. Se encuentran en Comibol nuestras autoridades y dirigentes para sentarse a una mesa de diálogo. Nosotros vamos a estar en vigilia”, expresó entonces Mauricio Gutiérrez, secretario de actas del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Amayapampa.

La demanda de reactivación se arrastra desde hace más de un quinquenio sin que hasta ahora se haya concretado, pese a los compromisos que suscribió el Gobierno nacional, cuando la empresa -luego de ser abandonada por la concesionaria- pasó a manos de la  Comibol.

Después de varios días de protestas, el 30 de julio  se logró llegar a un acuerdo con la empresa Phoenix Mining S.A, para invertir 200 millones de dólares en la explotación de oro en el yacimiento de Amayapampa.

Tras conocerse algunos términos previos del acuerdo, el exministro de Minería José Pimentel manifestó que de concretarse el contrato, el Estado recibiría muy poco, ya que la empresa se llevará el 62% del valor del oro.

Amayapampa es una mina rica en oro. Se calcula que  existe una reserva de 1,79 millones de onzas  del metal, que al precio, conservador, de 1.500 dólares por onza tiene un valor de 2.685 millones de dólares.