Gob. no logra traspaso de acciones a 9 años de nacionalizar Air BP

“Ahora la cadena productiva de hidrocarburos está en poder del Gobierno de Bolivia”, dijo Evo Morales el 1 de mayo de 2009. Acababa de nacionalizar Air BP, la subsidiaria de British Petroleum que controlaba la provisión de combustible para aviones, la última joya de la corona de la cadena productiva del gas y el petróleo en Bolivia. “A partir de este momento, pido a las Fuerzas Armadas de Bolivia, junto a YPFB, intervenir y recuperar Air BP, transnacional que comercializaba el combustible para aviones”, dijo a las 13:00 del Día del Trabajo y 10 minutos después los almacenes de la compañía inglesa fueron tomados por militares.

Sin embargo, nueve años y cinco meses después de esa orden, la petrolera británica sigue teniendo en su poder las acciones y YPFB Aviación no ha logrado hacerse con la propiedad de la empresa de la que es titular desde ese decreto presidencial.

“La titularidad de la empresa fue asumida por YPFB luego de la emisión del decreto supremo”, dice Pablo Menacho, procurador general del Estado.

Todo esto quedó descubierto en el proceso que la propia Air BP siguió a Marcos Melgarejo Fernández por “uso indebido de bienes del Estado” y que el juez Carlos Martín Camacho ordenó que se anule, ya que se demostró que ni el bien era del Estado ni Melgarejo era un funcionario público, ya que Air BP era una sociedad anónima que no pertenecía al Estado.

Todo comenzó en un motel

Jorge Jaime Robles Aragón, coordinador de mantenimiento de YPFB Aviación, recibió en enero una serie de documentos que ‘delataban’ el mal uso de los bienes de la empresa por parte de Marcos Melgarejo Fernández, para ese momento secretario general del sindicato de la empresa. Entre esos documentos figuraba un seguimiento satelital a un automóvil Toyota Corolla sacado por Melgarejo el 29 de enero, “pero no para cumplir funciones sino para aprovechar su condición de dirigente y satisfacer incluso sus necesidades sexuales”, dice el memorial de denuncia con el que comenzó el caso.

La denuncia anota que el 30 de enero, Melgarejo condujo el auto hasta el motel Euro Suite, donde se quedó entre las 18:47 y las 20:33 de ese día, para luego circular por la ciudad “hasta altas horas de la noche”, llevando el auto a pernoctar en su casa. Por ello, Robles solicitó que se procese a Melgarejo y lo consiguió, ya que el dirigente sindical fue imputado formalmente el 9 de mayo.

Para evitar ser sancionado, Melgarejo comenzó a desvelar algo que ni el propio denunciante sabía: YPFB Aviación no estaba registrada a nombre del Estado, sino que técnicamente aún era Air BP, una sociedad anónima que no había hecho el traspaso de acciones a favor de Bolivia.

Para ello, consiguió una certificación de Fundempresa, que tras revisar la inscripción en el Registro de Comercio, verificó que la Sociedad Comercial Air BP se encuentra anotada bajo la matrícula 13786, que no cursa testimonio alguno de transferencia de acciones y que tiene su matrícula de comercio vigente hasta el 31 de mayo de 2019.

Si con eso no quedaba claro de que la empresa británica aún era dueña de Air BP, Melgarejo, a través de un requerimiento fiscal N.º 1803003, del 23 de julio de 2018, consiguió que Pablo Paúl Zubieta Arce, gerente general de Air BP S.A, nacionalizada según decreto 111/09 (así firma), indicara que “hasta la fecha no se han transferido ni registrado las acciones de Air BP Bolivia S.A. en favor del Estado Plurinacional de Bolivia, sin embargo, bajo mediante el decreto 111/09 del 1 de mayo de 2009, se nacionaliza la totalidad de las acciones que conforman el paquete accionario”.

Además, también anota que el presidente ejecutivo de YPFB no realizó el pago del paquete accionario.

Con esas armas, Melgarejo solicitó al juez la nulidad de la demanda, algo que consiguió en el auto interlocutorio del 27 de agosto de este año, en el que el juez Carlos Martín Camacho llega a la conclusión de que Marcos Melgarejo Fernández no es un funcionario público, porque Air BP aún se encuentra inscrita en Fundempresa como una sociedad anónima. Con ello, anuló el proceso hasta su vicio más antiguo, es decir la denuncia en sí misma.

Las explicaciones

EL DEBER envió toda la documentación del caso al procurador Menacho, que desde La Paz, a través del teléfono, señala que el auto interlocutorio del juez solo analiza la incompatibilidad del tipo penal -uso indebido de bienes del Estado- contra Melgarejo, no sobre el proceso de negociación. Aseguró que hoy la titularidad de Air BP la tiene YPFB Aviación, que así ha sucedido desde la emisión del Decreto Supremo 111/09, y que la falta de transferencia de las acciones no es algo que no haya sucedido con otros procesos de nacionalización. “El Estado, la empresa pública respectiva, ENDE, YPFB, ha asumido la titularidad de la nacionalizada desde la emisión del decreto y la transferencia formal de las acciones se ha hecho al final del proceso de negociación, cuando ha habido el arreglo amistoso y el pago”, dijo.

Consultado si era normal que un proceso de conciliación dure nueve años, Menacho concedió que era un tiempo muy largo, pero que no existe un plazo para llegar a un acuerdo y que hay procesos abiertos por más de 30 años. Señaló que con Air BP hubo proceso de negociación que no llegó a puerto y que la subsidiaria de la petrolera británica anunció en 2009 que iría a un arbitraje internacional, que sin embargo no se ha iniciado hasta la fecha.

Esto quiere decir, según Menacho, que las utilidades de la ‘capitalizada’ van a YPFB Aviación en primera instancia y a YPFB Corporación finalmente.

“Hay que entender algo: siempre, en este tipo de procesos, hay una discusión sobre el valor de la empresa. O se lo determina bajo negociaciones amistosas utilizando herramientas correspondientes, como los peritos, o cuando no se llega a un acuerdo, se tiene la vía de arbitrajes internacionales de inversión”, dijo Menacho.

Para Gustavo Pedraza, abogado estudiado en Harvard y exministro de Desarrollo Sostenible que fue procesado por Menacho en el caso Quiborax, si el Estado no tiene el dominio de las acciones de Air BP S.A., entonces aún no es dueño de ella. “Para que pueda tener un beneficio de las utilidades y control de la empresa tiene que haber propiedad. Si no hay transferencia de acciones, no se ha consolidado la propiedad y el riesgo de que el Estado pueda perder la posesión de esa empresa es alto”, explica.

Menacho afirma que ni siquiera algunas empresas en las que ya se ha concluido el pago de la compensación y la transferencia de las acciones han perdido su calidad de sociedad anónima. Ese es el caso de Entel SA y Guaracachi SAM o YPFB Chaco SA.

Añadió que al Estado boliviano aún le quedan algunos casos en los que no se ha llegado a un acuerdo amistoso, como Glencore, que pide casi $us 700 millones al Gobierno por la nacionalización de Vinto y Colquiri; South American Silver, por la mina Mallku Khota y el BBVA por la AFP Previsión. Menacho explica que pese a que en estos casos tampoco ha habido una transferencia de acciones, las empresas están en poder del Estado.

Detalles

EL DECRETO
El 1 de mayo de 2009, además de anunciar el incremento salarial de ese año, el presidente Evo Morales ordenó a YPFB y a las FFAA tomar el control de Air BP, para cerrar el ciclo y controlar toda la cadena de producción de gas, petróleo y sus derivados en el país.

NEGOCIACIÓN
Según Pablo Menacho, procurador general del Estado, se realizó un proceso de análisis de justiprecio del paquete accionario, pero no se llegó a un acuerdo con BP, que solicitó un arbitraje, que no se ha activado hasta la fecha.

OTRO INTENTO
En febrero de 2012, mediante el decreto 1142, el presidente autoriza al ministro de Hidrocarburos y al presidente de YPFB a realizar gestiones para firmar el Contrato transaccional de resolución definitiva y liberación general y recíproca de obligaciones con BP Global Investemnt Ltda. No se llegó a un acuerdo y según el reporte de Fundempresa de este año, las acciones siguen estando anotadas a nombre de BP, que aún tiene negocios de gas en Bolivia.