Tarija, la región más rica, está al borde de la bancarrota

“Se acabó la época de bonanza en Tarija”. Fueron las palabras que el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, publicó en Twitter el 10 de agosto, cuando dio a conocer “la terrible noticia” de que el presupuesto de ese departamento se reducirá en un 53% respecto al del año pasado.

Días antes, el secretario general del gobierno departamental, Luis Alfaro, expresó otra frase que dio la vuelta al mundo. “Estamos al borde de la quiebra”, dijo.

El secretario departamental de Planificación e Inversión de la Gobernación, Karin Leytón, explica que esa situación se debe a que la anterior administración de esa entidad no encaró un proyecto de desarrollo y careció de capacidad de planificación. “Se han ejecutado proyectos muy grandes que han demandado mucha cantidad de recursos, pero sus beneficios no equivalen a la cuantía de la inversión”, sostiene.

La  Memoria de la economía boliviana 2014, publicada por el ministerio del ramo, refleja que la Gobernación tarijeña -por concepto de transferencias de regalías por hidrocarburos desde el 2005 hasta el año pasado- es la que más ingresos percibió en la país, superando los 20.000 millones de bolivianos. En similar periodo Santa Cruz recibió alrededor de 5.400 millones de bolivianos, mientras que La Paz, Oruro y Potosí no percibieron nada por ese concepto.

Según datos del Ministerio de Economía, Tarija recibió en la gestión 2014 por transferencia del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) un monto superior a 316 millones de bolivianos. 
El pasado viernes el director del Servicio de Impuestos Nacionales, Erick Ariñez, informó que la recaudación del IDH hasta julio cayó en más de 1.000 millones de bolivianos, que afectará de manera directa a los ingresos de las gobernaciones y municipios.

“La Gobernación está hipotecada y está prácticamente con cero márgenes para poder no sólo cumplir los compromisos, sino para generar nuevos proyectos”, manifiesta Leytón.

Una de las consecuencias directas de este escenario, que “roza la quiebra”, es la imposibilidad de que la Gobernación cancele deudas con proveedores de productos y servicios por falta de recursos.

“La primera respuesta que uno recibe de muchas empresas a la hora de cobrar es que no les han pagado sus planillas (desde la Gobernación de Tarija). Si no cobran ellos, no cobramos nosotros”, manifiesta Daniel Beccar, miembro de la Cámara Hotelera.

Esto, según explican legisladores nacionales y miembros del empresariado tarijeño, deriva en un efecto multiplicador que los habitantes de la región, otrora más próspera del país, comienzan a sentir.

Víctor Hugo Zamora, senador tarijeño del Partido Demócrata Cristiano, explica que el impacto es amplio en varios sectores de la población, dado que gran parte de la economía departamental está vinculada al funcionamiento de la administración pública.  La senadora de Unidad Demócrata Mirtha Arce afirma que la crisis económica se originó en los cuatro años de “gestión vergonzosa” que tuvo el Movimiento Al Socialismo.

El diputado por Tarija del partido oficialista Ignacio Soruco Grandchant indica que hay voluntad política del Gobierno para resolver esta situación. “Si es que existe algún hecho que se haya protagonizado, tenemos al Ministerio Público y a la justicia boliviana. Si es que no existió un movimiento transparente, será la justicia la que se pronuncie”, replica.

Como consecuencia del panorama adverso, alrededor de 120 empresas de la región se enmarcaron en la posibilidad de quiebra. 
Incluso  surgió la propuesta desde la Gobernación de postergar la Exposur de este año para el 2016, con el fin de ofrecer a empresarios y visitantes una “feria organizada y con un manejo económico transparente”.

Durante el vaivén entre el gobierno departamental de Tarija y el empresariado chapaco por las deudas impagas, principalmente, salió al paso el ejecutivo de los empresarios, Álvaro Baldivieso, quien informó en julio que las diferentes empresas han colapsado por la falta de pago y están al borde del cierre, ya que estarían entrando en una “quiebra irreversible”.

Leytón explica que la baja en los precios internacionales del petróleo agrava el panorama. Afirma que la Gobernación no tiene la capacidad de pagar los compromisos que han superado los 8.000 millones de bolivianos.

“Apenas se han pagado 1.900 y quedan por pagar 5.500 millones de bolivianos. Si el 100% de los ingresos que percibe la Gobernación, a partir del 2016, sólo irían orientados a pagar eso, tardaríamos tres años en pagar. Es evidente que esos compromisos se van a terminar de pagar en seis años, por lo menos, de manera aproximada”, expresa.

Paz ve en los  RRHH una salida a la crisis

El alcalde de la ciudad de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, considera que la crisis económica que atraviesa la Gobernación  -que se refleja en contratos impagos a proveedores de servicios- representa un punto de inflexión para sus habitantes y dar oportunidad a que los recursos humanos -por encima de los económicos- hagan repuntar a la región.
“Si bien tal vez el cuarto de hora en cuanto recursos económicos no fue bien aprovechado en las dos últimas gestiones de la Gobernación, hoy en día creo que este momento es de inflexión, de cambio de mentalidad, de perspectivas, de visión”, afirma.
La autoridad es consciente de la crisis y del “bajón de recursos” fruto de la caída del precio del petróleo en el mundo pero, a su vez, considera que la esperanza a futuro “es muy grande”.