Transnacionales rompen récord: interponen 12 demandas en centros arbitraje internacionales contra países de América Latina

Amparados por tratados de libre comercio, grandes mineras y constructoras de Estados Unidos y Europa demandaron a países de la región por presuntas afectaciones a sus inversiones.

En los últimos tres meses, compañías trasnacionales interpusieron 12 nuevas demandas contra gobiernos de nueve países de América Latina en distintos centros de arbitraje internacionales para solución de controversias por inversiones, una cifra récord en este tipo de recursos.

Entre los demandantes se encuentran grandes corporaciones estadounidenses, francesas, portuguesas, además de mineras canadienses, mientras que los demandados en este lapso de tiempo han sido los estados de México, Colombia, Honduras, Paraguay, El Salvador, Perú, Venezuela, Costa Rica y Panamá.

Amparados por cláusulas incluidas en tratados de libre comercio o bilaterales de inversión, capitales privados han interpuesto en lo que va de este año 2025 un total de 16 demandas contra diferentes países latinoamericanos, de acuerdo con un recuento del Transnational Institute (TNI), un centro de estudios con sede en Alemania que, entre otras cosas, monitorea y analiza los impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe (Investor State Dispute Settlements, ISDS, en inglés).

Con un total de 415 demandas, América Latina es la segunda región del mundo con mayor número de demandas de inversionistas privados contra estados. Muchas de estas demandas se deben, por ejemplo, a la decisión de los gobiernos de suspender concesiones mineras por reclamos sociales o daños ambientales o de frenar aumentos desproporcionados en tarifas de luz, gas, agua, o telecomunicaciones.

Bettina Müller, investigadora del TNI especializada en los casos de América Latina, dijo que el número de 12 demandas en tres meses es inusual. “En los tres meses anteriores hubo apenas tres o cuatro”, dijo la académica en entrevista con Diario Red América Latina.

“Hace tiempo que hay un boom de demandas contra América Latina, pero si el resto del año viene como los primeros seis meses, vamos a tener un nuevo récord anual”, aseguró Müller.

De acuerdo con la investigadora, esta aceleración en la interposición de demandas ISDS se debe a varios factores. Por un lado, estan los casos como México y Chile que adoptaron estrategias para la explotación de litio que no gustaron a las compañías transnacinonales.

Por otra parte, muchas de las demandas de mineras se deben a fallos de Cortes Supremas de Justicia que ordenaron a los gobiernos suspender las concesiones tanto por daños ambientales como por porotestas sociales. Otras demandas, dijo Müller, se deben a nueva políticas de cobro de impuestos a estos grandes consorcios.

“Hay algunos estados que están intentando mejorar o ampliar su espacio político en un sentido de mantenerse soberano y eso no gusta”, dijo la académica.

La posibilidad de interponer una demanda en centros de arbitraje internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial –uno de los más recurridos en el mundo– está incluida en tratados internacionales de protección de inversiones suscritos entre países.

De acuerdo con el TNI, estos mecanismos otorgan a los inversores el derecho exclusivo de demandar a Estados ante tribunales de arbitraje, a los que solo los inversores pueden acceder.

“En la mayoría de los casos, los fallos benefician a los inversores, ya sea porque reciben laudos multimillonarios o porque alcanzan acuerdos con los Estados que restablecen las condiciones para la ganancia privada”, señalan los investigadores del TNI.

Concesiones mineras, a litigio

Entre las demandas interpuestas en los últimos tres meses cuatro están relacionadas con concesiones mineras en México, Venezuela y Panamá.

El pasado 27 de junio, una entidad encargada de administrar los bienes de Ian Colin Orr-Ewing (fallecido en 2016), además de los británicos Francis Ian Lance Orr-Ewing, Robert James Orr-Ewing y Christopher Charles Fisher, herederos de un empresario y barón británico, registraron una demanda contra México ante el CIADI del Banco Mundial por un tema relacionado con la minería.

Ian Colin Orr-Ewing, el empresario fallecido, fue fundador de la empresa minera canadiense Bacanora, que, en otro caso ISDS, demandó a México por la terminación de una concesión de una mina de litio en Sonora, tras declarar el litio como un mineral estratégico propiedad de la nación, y es posible que este caso esté relacionado con esta decisión tomada por la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque el CIADI no ha dado mayores detalles sobre el litigio.

Otra compañía minera, la canadiense First Quantum registró una demanda contra Panamá en base a un Tratado Bilateral de Inversión (TBI) luego de haber discontinuado su demanda en base a un contrato por 20.000 millones de dólares.

Conforme a información del TNI, estas dos demandas tienen su origen en la decisión de la Corte Suprema del país centroamericano de cancelar, durante el 2018, el contrato por la exploración y explotación de una mina de cobre por falta de un proceso de licitación pública. En 2023, el gobierno panameño ordenó cerrar la mina definitivamente, luego de masivas protestas sociales.

Otra demanda contra este país centroamericano fue interpuesta por la empresa Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corporation (KOMIR), una compañía coreana que litiga  la cancelación de la concesión de una mina de cobre, de la cual es dueña del 10%, Cobre Panamá.  La concesión fue cancelada también por la Corte Suprema de Panamá luego de protestas de las comunidades afectadas por el proyecto extractivista.

Hay por lo menos otras tres demandas (en base a tratados y a contratos, entre ellas las de First Quantum) en relación a la terminación de esta concesión

Al igual que en el caso de First Quantum, el día en que se registró la demanda de KOMIR fue suspendida, debido a negociaciones con el gobierno panameño.

“Está claro que las empresas usan las demandas ISDS para aumentar la presión sobre el gobierno y su margen en las negociaciones”, señaló el TNI en un comunicado de prensa.

En otra de las demandas en centros de arbitraje internacionales, la empresa GR Mining Inc. de Barbados, una subsidiaria de la minera Gold Reserve, presentó una demanda en contra de Venezuela en abril de 2025.

La demanda está vinculada, por una lado, con la revocación de un derecho de minería en el marco del proyecto Siembra Minera para explorar y explotar oro, cobre, plata y otros minerales.

Por otro lado, es el resultado de la primera demanda ISDS de la empresa, en la cual el tribunal le otorgó 700 millones de dólares, un monto que Venezuela al parecer aún no ha pagado. La empresa reclama más de 7.000 millones de dólares en esta demanda,explicó el centro de estudios con sede en Alemania.

Investigan sobrecostos y van a arbitraje

Otra de las demandas interpuestas en los últimos tres meses es la de la empresa estadounidense Amec Foster Wheeler, que presentó el 25 de abril un segundo arbitraje contra Colombia.

Conforme al Transnational Institute, esta demanda llega luego de que las autoridades colombianas iniciaron una investigación a la empresa norteamericana por demoras y sobrecostos en un proyecto relacionado con la modernización de la Refinería de Cartagena.

La constructora portuguesa Mota-Engil registró una demanda contra Paraguay en relación a la renovación y expansión de una red de rutas para el sistema de buses rápidos en la capital Asunción.

La empresa había interpuesto una demanda anterior vinculada al mismo asunto, fundamentada en un contrato. Un tribunal de arbitraje había decidido a favor del inversor en 2023, otorgándole 13 millones de dólares a la empresa. En octubre de 2024, una Corte de Apelación en Asunción revirtió parte de este laudo, condenando al contrario a Mota-Engil a saldar deuda con el Estado. Se presume que la demanda se debe a esta decisión de la Corte, que la empresa calificó de arbitraria.

Otra demanda registrada estos últimos tres meses fue interpuesta por la compañía francesa L’Air Liquide y Azerus contra México. Aunque el origen de la demanda no se hizo público, podría estar vinculada a la demanda por la expropiación de una planta de hidrógeno de Air Liquide en 2024 por el gobierno de López Obrador por causa de utilidad pública.

Otras demandas son la de la empresa constructora FCC Construcción contra Panamá por un proyecto reciente  para expandir la línea de metro que conecta la Ciudad de Panamá con el aeropuerto. La del empresario venezolano José Alejandro Hernández Contreras  contra Costa Rica por no renovar una concesión para V-Net, una empresa que prestaba servicios de telecomunicación en el país.

También se registró un recurso del Grupo EMCO contra Honduras en relación con la construcción, el mantenimiento y la gestión del Palmerola International Airport y otra demanda de la empresa estadounidense Overseas Real Estate LLC contra el país centroamericano  por su decisión de derogar la ley que permite el desarrollo de ciudades y zonas económicas privadas, conocidas como ZEDEs.