AL, la región con más disputas territoriales en La Haya

El martes es un día inusual en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en los Países Bajos.

No todos los días un presidente entrega en persona documentos que forman parte de una demanda por un litigio territorial.

A las 3 de la tarde (hora local) el presidente de Bolivia, Evo Morales, entregará la memoria histórica marítima como parte de las pruebas que sustentan el reclamo de su gobierno contra Chile por una salida soberana al Océano Pacífico.

La presentación por parte de Morales de este documento que incluye los argumentos jurídicos e históricos de la demanda es algo “inusual”, según le comentan a BBC Mundo desde la oficina de prensa de la CIJ, ya que en general son los equipos jurídicos quienes se encargan de este tipo de tareas.

Lo recibirá el secretario de la Corte, en el Palacio de la Paz de La Haya, y se estima que la reunión no durará más de 20 minutos.

La participación del propio Morales, sin embargo, tiene que ver con lo que se ha vuelto una estrategia cada vez más frecuente -y sofisticada- de los países latinoamericanos: dejar en manos de la CIJ sus conflictos territoriales.

“No es un secreto que los Estados americanos -particularmente los de América Latina- han sido los clientes más frecuentes de la Corte desde sus inicios en 1945”, aseguró Peter Tomka, presidente de la CIJ, en una charla en la Organización de Estados Americanos (OEA) el 11 de abril.

América Latina, ¿la región más conflictiva?

De 2001 a la fecha, Latinoamérica ha presentado 13 disputas ante la Corte, casi el doble que el continente que lo sigue, Europa, con siete demandas presentadas, según el reporte de Oxford Analytica (ver recuadro). En tercer lugar se ubica África, con tres litigios.

“La Corte nunca ha estado tan ocupada como en la última década. Ha habido un crecimiento explosivo de casos. De todas las regiones, la más activa es Latinoamérica”, le dice a BBC Mundo Paz Zárate, abogada experta en litigios entre Estados y analista de la consultora global Oxford Analytica, con sede central en Londres.

Distintos factores explican esta explosión.

El prestigio de objetividad de la Corte es uno de ellos, según los expertos.

“Los países de América Latina están tratando de resolver sus diferencias en el marco de la legalidad y no, como ocurre en otras regiones, con otro tipo de métodos. Es algo positivo”, le comenta a BBC Mundo Sergio Molina Monasterios, analista político boliviano-chileno de la Universidad Diego Portales.

Además, los Estados de la región son muy nuevos, en comparación, por ejemplo, con Europa. “Es normal que busquen que esa delimitación sea exacta y no aproximada”, explica Zárate.

Especialmente cuando hay recursos naturales en juego, aclara.

“La Corte ha jugado un rol clarificador tanto en controversias fronterizas como no fronterizas -asegura Zárate-. En temas fronterizos, su intervención se ha vuelto más frecuente a medida que los Estados buscan explorar y aprovechar sus recursos naturales al máximo”.

Según los analistas consultados, a las razones prácticas para presentarse ante la Corte se suman también los buenos dividendos que los temas de política exterior generalmente les generan a los líderes políticos, ya que cuentan con el apoyo transversal de la ciudadanía.

“La forma en la que se constituyeron los Estados nacionales tiene una serie de similitudes y también de diferencias. Eso que siempre existió se ha exacerbado porque hay un aumento del nacionalismo”, advierte Molina.

Para los expertos, otro factor determinante parece el más evidente: lo que consideran la ineficacia de la diplomacia tradicional y de organizaciones regionales como la OEA y Unasur (Unión de Naciones Suramericanas).

“Los medios diplomáticos no están ofreciendo alternativas, por eso surge la vía de la Corte”, explica la analista de Oxford Analytica.

Los costos

Pero el camino de la CIJ es costoso y largo.

A pesar de que los honorarios de los abogados de una demanda o defensa ante la CIJ tienden a mantenerse en reserva, ha habido ciertas luces en casos anteriores que permite hacerse una idea de cuánto desembolsan los gobiernos en este tipo de litigios.

En la demanda anterior contra Chile, iniciada por Perú en 2009, un reporte del diario La Tercera que citó cifras de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites (Difrol) estimó que el Estado chileno desembolsó unos US$4 millones al año entre abogados, estudios, cartógrafos y asesorías.

Considerando que el conflicto se prolongó por cinco años, la defensa chilena le costó unos US$20 millones al Estado.

Y ése es el rango de costos conocido.

“Cada caso requiere un estudio de muchos años y a veces, décadas, antes de tomar la decisión de presentar la demanda. Esos costos no se saben, son reservados y muy elevados”, le explica Zárate a BBC Mundo.

La inversión boliviana

El gobierno de Evo Morales ha decidido contratar dentro de su equipo jurídico a Alan Vaughan Lowe, el litigante británico que encabezó la estrategia peruana en la demanda contra Chile por el límite marítimo, la cual fue zanjada en enero pasado.

“El tema marítimo para los bolivianos es el tema más importante, por muchos motivos. Tiene que ver con su identidad, con su imaginario, es una especie de miembro cercenado. Todos los bolivianos están dispuestos a cualquier sacrificio”, comenta Molina.

Y la “inusual” presencia de Evo Morales en la entrega de la memoria es significativa.

“El gesto de que Morales presente en persona la memoria va más allá del compromiso de un gobierno con la causa, más allá de lo político, entra al terreno emocional. Bolivia busca que el tribunal repare una herida histórica. El efecto indudable de estos gestos es crear inmensas expectativas, lo que constituye un riesgo”, asegura Zárate.

Tras la recepción de la memoria, la Corte le dará una copia al agente chileno, Felipe Bulnes, quien será el encargado de entregársela a la presidenta chilena, Michelle Bachelet.

Desde allí, Chile tiene dos opciones. Una es presentar objeciones preliminares, es decir, objetar la jurisdicción de la Corte en esta demanda específica, para lo cual tiene tres meses.

La segunda es seguir el curso del litigio presentando su contrademanda, con plazo hasta febrero de 2015.