Argentina: YPF inflamable
El Gobierno argentino decidió estatizar su principal empresa petrolera y siembra caos a nivel internacional. Reacciones inéditas y repercusiones de alto vuelo. Por qué los gobiernos de Venezuela y Bolivia respaldaron la medida.
El 16 de abril el Ejecutivo argentino envió al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51% del patrimonio de la empresa de combustibles Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) cuyo accionista mayoritario era la española Repsol. El presidente de México Felipe Calderon calificó la medida como inaceptable y pidió a su colega Cristina Fernández que revise la medida que calificó de “poco responsable y poco racional”. La petrolera estatal mexicana Pemex tiene casi el 10% de las acciones de Repsol. El presidente español Mariano Rajoy fue más allá y lamentó que este tipo de decisiones “puedan hacer daño el conjunto de Latinoamérica”.
La medida causo un revuelo de proporciones inimaginables al punto de que ni el propio Gobierno argentino midió sus consecuencias. La decisión se respaldo en un comunicado en el que se acusa a YPF de no haber realizado las inversiones necesarias para mantener abastecido el mercado interno y de haber perdido parte sustancial de las reservas, tanto de petróleo como de gas. La empresa negó las acusaciones y sostiene que los problemas se derivan de la negativa política energética del Gobierno. El arreglo de YPF fue realizado por Néstor Kirchner en 2006 en lo que llamó la “argentinización” de YPF, y ha desembocado en lo que su esposa denomina el “vaciamiento” de la petrolera que ahora trata de revertir. Con las acciones expropiadas, el Gobierno nacional controlará el 26.01% del total de la compañía y las provincias productoras de petróleo, el 24.99%. El resto, seguirá en manos de la familia Eskenazi (25%), con antiguos lazos con la familia Kirchner, y otros accionistas minoritarios.
La medida adoptada conlleva la remoción de los actuales directores y de los síndicos, titulares y suplentes de la petrolera, y fue ejecutada de inmediato en Buenos Aires. Los interventores estatales serán el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, joven economista de ideas de izquierda. El proyecto de ley declara “de interés público” la riqueza petrolera del territorio nacional.
La trompa del elefante. La presidenta Cristina Fernández comentó que “no se trabajó ni se produjo sobre el gas convencional que existe. La mandataria habló de la desinversión de los últimos años de la empresa y la comparó con “la trompa de un elefante”. Esta última frase generó repercusiones a pocos días de que se conociera la noticia del accidente que sufrió el Rey de España durante un safari en el que cazaba elefantes. La cita llamó la atención de los diarios españoles. El diario El País señaló que la cita de la trompa de un elefante “fue muy comentada en las redes sociales” y agregó: “Para muchos fue una malintencionada alusión a la cacería del Rey en Botsuana, que tantas críticas ha recibido. Para otros, sólo fue una expresión sin más trascendencia”.
Repercusiones en la Bolsa. La reacción del Gobierno español fue dura en extremo y es el preludio a una fuerte confrontación que involucrará a la Unión Europea. El valor de las acciones de YPF cayó estrepitosamente en Wall Street. YPF proporciona a la petrolera española el 17.42% de los ingresos de explotación (11,105 millones de euros) y el 25.61% del beneficio bruto (1,231 millones). El año pasado, Argentina recibió la mayor cuantía de las inversiones de Repsol (2,182 millones, el 33% del total). Los argentinos en nómina de Repsol son 15,119 personas, el 32%, y suponen la segunda nacionalidad de la planilla tras los españoles.
Antonio Brufau, presidente de Repsol, aseguró que “estos actos no quedarán impunes”. Afirmó que demandará a Buenos Aires ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial por US$ 10,500 millones. “La presidenta de Argentina ha realizado un acto ilegítimo e injustificable tras una campaña de acusaciones dirigida a derrumbar la acción de YPF y permitir una expropiación a precio de saldo”, dijo Brufau. La medida “sólo es una forma de tapar la crisis social y económica que está enfrentando Argentina”, acusó. “A través de levantar la bandera de la expropiación y buscar un responsable en YPF se oculta la realidad”, afirmó. “Entraron en nuestras instalaciones al amparo de una ley de Videla, que fue un dictador, antes incluso de que la presidenta acabase de explicar el decreto de intervención. No es propio de un país moderno, esta no es la Argentina querida. La gente de este país se merece otra cosa”, sostuvo el directivo. “Hasta finales de 2011 solo recibíamos beneplácitos, ya ahora se nos acusa de una década de depreciación”, se quejó.
El viceministro de Argentina, Axel Kicillof, replicó beligerante: “No les vamos a pagar lo que ellos quieren”. Y señaló que “los tarados son los que piensan que el Estado debe ser estúpido y cumplir lo que dice la empresa”. Dijo que “YPF tiene una deuda cercana a los US$ 9.000 millones. Te pueden disfrazar la deuda con planes de inversión. Eso hizo Brufau”.
Respaldos. El Gobierno de Hugo Chávez se pronunció a favor de la medida. “Venezuela rechaza las amenazas o intentos de intimidación que desde Europa se han formulado contra la República Argentina y hace un llamado a que las naciones hermanas del continente acompañemos a la Argentina en el ejercicio de sus derechos soberanos”, declaró el canciller venezolano Nicolás Maduro. Si bien en La Paz no se conoció reacciones a la expropiación, el presidente Morales se solidarizó con su colega argentina y abandonó la VI Cumbre de las Américas antes de su clausura en respuesta a las críticas que preludiaban la medida. Morales decidió nacionalizar el 1ro de Mayo de 2006 la estatal petrolera YPFB afectando seriamente intereses transnacionales.