Ayotzinapa: por qué los padres no le creen a la Procuraduría

La Procuraduría General de la República (PGR) de México, encargada de investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace cuatro meses, dio prácticamente por cerrado el caso este martes al decir que la “verdad histórica” era que los jóvenes habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados.

Según el procurador, Jesús Murillo Karam, hay pruebas y testimonios contundentes para concluir que los estudiantes fueron “privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río. En ese orden. Ésta, es la verdad histórica de los hechos, que debe tener validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales”.

Pocas horas después, los padres de los estudiantes y sus asesores legales convocaron a su vez a una conferencia de prensa para refutar lo dicho por el alto funcionario e insistir en que seguirán con su campaña para exigir el regreso de sus seres queridos.

Pero, ¿cuáles son sus argumentos para rechazar la, al parecer, sólida version de la PGR?

Acá están los principales

No hay certeza científica de lo ocurrido en Cocula

Durante la conferencia de prensa, el abogado Vidulfo Rosales dijo que aunque existen varios peritajes (químicos, biológicos, y balísticos), estos debieron ser acompañados por exámenes similares de expertos independientes.

“Solicitaremos que estén avalados también por los peritos argentinos para que pueda cotejarse su objetividad”, indicó el abogado. “Desde nuestro punto de vista hay un largo historial en la procuraduría de modificación de determinados peritajes”, agregó.

Desde el principio, los familiares han dicho que solo confían en lo que digan los expertos sudamericanos.

Además de los padres, algunos científicos mexicanos han puesto en duda que en el basurero de Cocula pudiera encenderse una pira de las dimensiones necesarias para destruir 43 cuerpos.

También se insiste en que, hasta el momento, sólo se ha demostrado de manera científica la muerte de un sólo estudiante: Alexander Mora Venancio.

Declaración de “El Cepillo”, no concluyente

La pieza final que parece haber convencido a la PGR de lo ocurrido fue la confesión de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Terco” o “El Cepillo”, detenido el pasado 15 de enero y quien aceptó ser quien ordenó el asesinato de los jóvenes y la posterior incineración de sus cuerpos.

Según los asesores de los familiares, la declaración de “El Cepillo” no puede ser concluyente, pues no estuvo todo el tiempo en el basurero de Cocula mientras ocurrían los hechos.

“Él no dice que estuvo desde la detención, que fue a las 10 de la noche, hasta las tres de la tarde del día 27 en que supuestamente concluyeron los eventos delictivos en el basuero de Cocula”, dijo Vidulfo Rosales.

Declaraciones de criminales y bajo coacción

También indican que la versión de la PGR “depende excesivamente” de las confesiones de cuatro supuestos autores materiales. “De ahí, exclusivamente, está dependiendo toda la investigación””, asevera el abogado Rosales.

Indica que no se le puede conceder “toda la veracidad en términos probatorios” a personas involucradas en un grupo criminal.

En un comunicado divulgado este miércoles se agrega, además, que los implicados “fácilmente pudieron ser coaccionados, pues es de todos conocidos que en México la tortura es recurrente. Al respecto, se ha hecho pública información sobre la tortura de algunos inculpados sin que hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya intervenido para aclarar estas denuncias”.

¿Qué pasó con el estudiante Mondragón?

Otro de los argumentos es que hay un vacío en la investigación, pues en ningún momento se ha intentado explicar qué ocurrió con el estudiante Julio César Mondragón, quien fue asesinado, desollado y su cuerpo abandonado en Cocula la noche del 26 de septiembre.

“Esa línea del asesinato del compañero no ha merecido la más minima investigación, no se sabe quién lo asesinó, en qué lugar, momento, por qué razones. Es un cabo que está suelto”, indicó el abogado.

Sospechosos claves sin detener

Asguran que no se puede dar por concluida la investigación porque fatan detenciones claves.

“El Gobierno Federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos. También siguen prófugos 11 de las 15 personas que según la procuraduría estuvieron en Cocula”, se explicó en un comunicado.

Los asesores de las familias creen que con la detención y declaración de estas personas puede cambiar el rumbo de la investigación.

Según la PGR, hasta el momento se ha detenido a 99 personas, entre ellas a 40 que participaron directamente en los hechos.

Contradicciones

Para los familiares de los estudiantes también hay inconsistencias entre los diferentes testimonios de los detenidos, que contradicen dónde ocurrieron los hechos.

“En el mismo expediente donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra los estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota”.

Papel del ejército

Al final de la rueda de prensa del martes, el procurador Jesús Murillo Karam fue tajante al decir que no se había encontrado nínguna prueba qur vinculara a elementos del ejército con lo ocurrido la noche del 26 de septiembre.

Sin embargo, los representantes de los padres consideran que hay sospechas de complicidad con el cartel de los Guerreros Unidos.

“Contrario a lo que afirmó el Procurador, sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula, pese a lo cual las Fuerzas Armadas no investigaron a dichos delincuentes, sino que les brindaron protección”.

El ejército tiene un cuartel en Iguala.