El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, manifestó que le pedirá a las Naciones Unidas una sanción internacional contra países como Colombia, Paraguay y Bolivia, que, a su juicio, venden armas ilegales a los grupos criminales y han provocado un “genocidio” en su estado.
“Estamos con todas las acciones para retirar las armas y trabajando ahora junto a las Naciones Unidas para llevarles realmente la causa del genocidio de Río de Janeiro, que no es por el gobernador”, declaró Witzel en la Cidade do Rock, donde se celebra el festival musical Rock in Río.
Según Witzel, el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “puede tomar esa decisión de sancionar a Paraguay, Bolivia y Colombia en lo que tiene que ver con las armas. Y los países que a su vez venden armas para esos países tienen que ser prohibidos o va a continuar esta masacre”.
“Es una situación sangrienta la que vivimos en las comunidades de Río de Janeiro. Hay que cerrar la frontera” para las armas, apuntó el gobernador, quien adelantó que esta misma semana formalizará el pedido ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Witzel, un exjuez y exfusilero naval defensor de una política de combate directo al crimen en las favelas, con represión, fue blanco de fuertes críticas esta semana por la acción policial que el pasado 20 de septiembre terminó con la vida, por una bala perdida, de una niña de ocho años que estaba en una furgoneta.
A pesar de que la muerte de la menor levantó de nuevo las voces de movimientos y líderes sociales contra la política de extrema represión adoptada por Witzel en seguridad pública, el gobernador reafirmó su postura y extinguió esta semana una medida que buscaba incentivar la reducción de la violencia de la Policía.
El decreto altera una ley de 2009 que ofrece compensaciones financieras en sus salarios a los policías como premio por la reducción de diferentes estadísticas criminales excluyendo de la medida la norma que incentivaba a los uniformados que se esforzasen por reducir el número de civiles muertos en operaciones.
En consecuencia, los diferentes cuarteles de policía podrán recibir los incentivos salariales si reducen indicadores criminales como homicidios o robos, sin importar si en sus áreas de actuación aumentan civiles muertos.
El número de civiles muertos en operaciones policiales ha crecido gradualmente en los últimos cinco años, hasta el récord de 1.249 entre enero y agosto de 2018, con un crecimiento del 16% frente al registrado en el mismo período del año pasado, cuando la cifra ya era histórica (1.075), según estadísticas de la Gobernación.
“No quiero festejar la muerte de nadie, por el contrario, queremos celebrar la vida y exactamente para que la vida sea celebrada es que vamos a tener que actuar de forma muy rigurosa contra el tráfico de armas y drogas en nuestro estado y en Brasil”, declaró Witzel.
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