Candente panorama electoral argentino

0
44
Foto: REUTERS

“El ministro más importante del Gobierno está siendo vinculado con el tráfico de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas. Un ex jefe de la Sedronar (el organismo argentino encargado de la lucha contra las drogas) está procesado por haber permitido la importación ilimitada de aquellos precursores. Cuatro hermanos de una familia muy cercana a los Kirchner desde siempre, y con cargos en la administración, están bajo investigación judicial por el mismo delito. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, acusó a dirigentes peronistas bonaerenses de consumir drogas. El candidato presidencial del partido oficial, Daniel Scioli, decidió ayer no asistir a los finales de campaña de las dos fórmulas kirchneristas que competirán en la provincia de Buenos Aires. Es el distrito más grande del país y es, al mismo tiempo, el distrito del gobernador y candidato.

 

La decisión de Scioli revela la magnitud de la lucha desatada dentro del peronismo bonaerense. Ese combate no sólo enfrenta a Julián Domínguez y Fernando Espinoza contra Aníbal Fernández y Martín Sabbatella. También puso en veredas distintas a la mayoría de los intendentes (cercana a Domínguez) y a la policía bonaerense, a la que descubrieron trabajando para Aníbal Fernández. El caso de la policía motivó ya un comunicado público de la institución en el que se comprometió a conservar su imparcialidad en los comicios.

 

Fue Aníbal Fernández quien deslizó la sospecha de que dirigentes peronistas consumen drogas. ¿O qué quiso decir, si no, cuando les pidió a sus contrincantes internos que “no les compren drogas a los transas”? La política se estremece cuando el peronismo bonaerense ingresa en un período de guerras internas. De hecho, no debería descartarse que la agresión con piedras que sufrió la casa del periodista Jorge Lanata sea un producto de ese combate peronista. Es poco verosímil que haya sido el narcotráfico, porque éste mata, no tira piedras.

 

Un bloque de conspiraciones supuestas se levantó desde la noche del domingo, cuando Lanata difundió un reportaje de un condenado a cadena perpetua que involucró directamente a Aníbal con el tráfico de efedrina, el precursor químico que se usa para la fabricación de metanfetamina. Sin embargo, nadie respondió sobre el dato más objetivo que existe alrededor de este escándalo: el exponencial aumento de la importación de efedrina durante los años del kirchnerismo. Entre los años 2000 y 2005, el país importaba unos 4500 kilos anuales de efedrina, que también se usa, en pequeñas dosis, para fabricar remedios contra la congestión.

 

En 2005, México, uno de los grandes países productores de metanfetaminas (más conocida como “éxtasis”), prohibió “la utilización de la efedrina en territorio mexicano”. Es decir, prohibió la importación de ese precursor. Los narcotraficantes mexicanos pusieron su atención en la Argentina, un país de fronteras porosas y de funcionarios fáciles de seducir (para decirlo de algún modo). En 2006 se importaron 10.000 kilos de efedrina. Un año después, en 2007, la cifra casi se duplicó: llegó a 19.000 kilos. La cifra bajó en 2008 a 11.000 kilos, porque la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, aplicó un severo control al destino final de la efedrina importada.

 

En ese momento, una senadora del peronismo disidente, la salteña Sonia Escudero, presentó un proyecto para prohibir también aquí la importación de efedrina. El entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, envió una carta al Senado para señalar que tal prohibición violaría los derechos humanos de los enfermos.

 

La Sedronar es el organismo que tiene la responsabilidad de autorizar las importaciones y de hacer el seguimiento del uso del precursor en el país. Su ex titular Juan Ramón Granero fue procesado por la jueza María Servini de Cubría porque el ex funcionario no pudo explicar el desorden de las autorizaciones ni la falta de controles. Granero y Aníbal Fernández libraron una dura pelea interna cuando los dos estaban en el gobierno nacional. Esa guerra llegó al extremo de que la Policía Federal detuvo una camioneta de la Sedronar cargada de cocaína. Granero denunció entonces que se trató de una operación organizada por su archienemigo Aníbal Fernández. Fuentes kirchneristas señalaron en ese momento que la cuestión se reducía a la presencia de dos redes distintas en el trapicheo de la efedrina.

 

Sea como sea, la investigación judicial no dejó sorpresas por mostrar. Un lote de efedrina fue importado desde un quiosco de 24 horas. Un envío de 3000 kilos de efedrina fue importado por alguien que luego hizo desaparecer hasta su oficina. La Justicia estableció que los principales interesados en esas importaciones eran los narcotraficantes carteles mexicanos de Cancún y de Sinaloa.

 

La jueza Servini de Cubría abrió otra investigación cuando analizó el expediente de Granero. Esa investigación indaga sobre los cuatro hermanos Zacarías, miembros de una familia muy conocida por los Kirchner desde los tiempos de Santa Cruz. Rubén y Luis Zacarías trabajaban en la Secretaría General de la Presidencia. Miguel Zacarías era el principal asistente de Granero, y Máximo Zacarías figuraba en la nómina de personal del PAMI. La Justicia estableció que Máximo Zacarías había conseguido una autorización para importar 1000 kilos de efedrina usando la influencia de su hermano Miguel. Ambos han prestado ya declaración indagatoria ante la magistrada y estarían a punto de ser procesados. Un tercer hermano, Rubén, fue imputado por lavado de dinero. Servini de Cubría está analizando los vínculos comerciales ilegales entre Máximo y Miguel Zacarías con el cuarto hermano, Luis, quien tenía un importante cargo en la oficina de ceremonial de la Presidencia de la Nación.

 

La importación de efedrina tiene relación directa con el triple crimen de General Rodríguez; los muertos eran importadores del precursor a través de laboratorios fantasma. En el juicio oral que condenó a cadena perpetua a Martín Lanatta (el testigos entrevistado por el periodista Jorge Lanata) por ese crimen, aquél se preocupó siempre de aclarar que no tenía vínculos con Aníbal Fernández, aun cuando nadie le preguntó. Es el mismo Lanatta que ahora reconoció una intensa relación comercial (y delictual) con el jefe de Gabinete. Muchos han puesto en duda su testimonio porque se trata de un preso con sentencia firme y porque contradice lo que dijo en el juicio. La verdad no depende a veces del emisor.

 

Es cierto que nadie identificó durante el juicio a “la Morsa” (con quien hablaban todos los implicados en el triple crimen) como Aníbal Fernández, pero no es cierto que no se mencionó al jefe de Gabinete. Uno de los testigos dijo, por ejemplo, que al día siguiente del crimen recibió una llamada de una secretaria del ministro. Otro señaló que Lanatta “chapeaba” con su relación con Aníbal Fernández. Ninguno (y esto también es cierto) dio un testimonio de una relación directa con Fernández hasta la reciente declaración de Lanatta.

 

En el juicio oral por el triple asesinato de General Rodríguez, se afirmó que jefes de la Policía Federal recibieron 1.500.000 pesos por su contribución a la importación de efedrina. Una versión no confirmada señala que los terrenos que están al frente del lugar donde aparecieron los muertos de General Rodríguez pertenecen a un miembro de los servicios de inteligencia. En el expediente, en el juicio oral y en las declaraciones de Lanatta se menciona varias veces a miembros de los servicios de inteligencia. Policías y espionaje se exhiben no como represores del tráfico de drogas, sino como cómplices. Los propios jueces del tribunal oral pidieron que se investigue “la trama política que existe”.

 

El escándalo estalló apenas seis días antes de elecciones cruciales para la continuidad -o no- del partido gobernante. La unificación del peronismo, escenificada por la fórmula Scioli-Zannini, fue destruida por la guerra sin cuartel, sin medidas y sin límites del peronismo bonaerense. Scioli debió tomar rápida distancia de las dos fórmulas metidas en el barro de la dura batalla. Aníbal Fernández está evidentemente tocado por el bullicio de la crisis, pero no perdió su decisión de jugar fuerte y hasta el final contra sus adversarios. Cristina Kirchner hizo lo que hace siempre: no se dejó presionar por las circunstancias ni por las personas. Confirmó a su jefe de Gabinete, ordenó a los funcionarios que acudieran en su ayuda y se olvidó del problema central: el tráfico, producción y consumo crecientes de drogas en el país que gobierna”.