Caso Odebrecht, presidentes sin salida

Al enterarse que sería detenido, Alan García, ex presidente de Perú en dos períodos (1985 – 1990 y 2006 – 2011) se pegó un tiro. Fue el miércoles 17 de abril cuando la policía allanó su casa. Según medios locales, el ex mandatario pidió a los oficiales poder hablar con sus abogados en otra habitación. Se encerró en su cuarto, y se escuchó el disparo. García, había insistido con su inocencia hasta su última entrevista, concedida un día antes de la decisión de quitarse la vida. “Espero que las personas mencionadas respondan y hagan sus descargos y que el 23 (de abril) el señor Barata termine con esta telenovela ante los fiscales. Estoy con impedimento de salida del país que ya es una sanción, soy el hombre más investigado en Perú en los últimos 30 años”, se había lamentado García. Salpicado por la investigación del Lava Jato, y sospechado de recibir millonarios sobornos de Odebretch, el ex mandatario había intentado eludir las investigaciones con un infructuoso pedido de asilo a Uruguay que nunca se concretó.

Mano derecha

Luis Nava, ex secretario de Alan García durante su presidencia, acusado de recibir más de US$ 4 millones en coimas de la mega constructora brasilera Odebretch, era quien linkeaba al ex presidente al Lava Jato. Y el empresario Miguel Atala, investigado por presuntos sobornos millonarios, el testaferro de la mano derecha del ex presidente peruano. Ambos habían sido expuestos por Jorge Barata, director ejecutivo de Odebrecht Perú entre el 2011 y 2016, quien había autorizado los pagos a “Chalán”, el avatar corrupto de Nava bajo el cual la empresa brasilera registraba los sobornos.

El Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht aportó datos de cómo ayudó al empresario Atala (cercano tanto a Alan García como a Luis Nava), a abrir en octubre de 2007, una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a través de una compañía offshore creada poco antes en Panamá, llamada Ammarin Investment Inc.

Esa offshore panameña contaba con testaferros como directores, que cedieron mediante oportunos poderes, todo el control a Miguel Atala y su hijo Samir. La cuenta sirvió para recibir más de US$ 1.300.000 depositados entre noviembre de 2007 y febrero de 2008.

Todos los depósitos fueron hechos por otra offshore: Klienfeld Services Limited, manejada por Olivio Rodrigues, del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Atala declaró que los depósitos hechos por Klienfeld Services Limited, se hicieron para pagarle a Atala una deuda contraída por un familiar y socio suyo. Pero la jueza Canólic Mingorance que sigue el Lava Jato peruano, no convencida con la explicación del empresario, pidió a la Policía de Andorra investigar el caso y seguir la ruta del dinero. Y se concluyó que el beneficiario de las coimas no era Atala: fueron girados a Luis Nava Guibert, el ex secretario general de la presidencia de Alan García.

Tal como remarca IDL Reporteros, que publicó las conclusiones de la policía europea, “la Justicia entiende que Luis Nava Guibert recibió más de US$ 4 millones de dólares procedentes del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht durante el gobierno de Alan García”. Cercado por la investigación, el ex presidente optó por el suicidio.

Odebrecht.

El “caso Odebrecht” acorrala a otros tres ex presidentes peruanos, a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014), además de la ex candidata a presidenta Keiko Fujimori, hija del ex presidente que cumple una condena de 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos durante su Gobierno entre 1990 y 2000, entre otros políticos y empresarios peruanos vinculados al esquema corrupto montado por Odebrecht.

Pedro Pablo Kuczynski (que renunció a la presidencia hace un año y se encontraba internado en una clínica de Lima tras sufrir una descompensación cardíaca tras el suicidio de García) está bajo arresto preliminar a petición del equipo de investigadores de la Fiscalía por actos de corrupción presuntamente cometidos cuando era ministro de Alejandro Toledo: favoreció a Odebrecht en la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos.

Toledo por su parte, que se resiste a la extradición desde Estados Unidos, está acusado de solicitar una coima de US$ 36 millones de dólares a Jorge Barata a cambio de la concesión de las obras de la vía Interoceánica. Su testaferro, el empresario peruano-israelí Yosef Maiman, reconoció que recibió de la constructora más de US$17 millones destinados a Toledo. La misma investigación cercó y detuvo a Ollanta Humala (2011-2016), por aportes irregulares de Odebrecht a su campaña de 2011: Humala y su esposa, Nadine, estuvieron nueve meses en prisión preventiva por el caso, fueron liberados en abril de 2018, pero continúan investigados.

Y también cumple prisión preventiva por 36 meses la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, desde octubre pasado, investigada por lavado de activos, presuntamente procedentes de la contabilidad paralela de Odebrecht. El ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, es el testigo clave de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, que han seguido la ruta del dinero sucio desde Lima hasta Andorra, con la colaboración de otros magistrados y fiscales de Tel Aviv, Sao Paulo y Curitiba (tienen una aceitada relación con los investigadores de la Procuraduría Brasileña).

Modus

Odebrecht tenía en Brasil un Sector de Operaciones Estructuradas, es decir, un departamento de sobornos, que registraba con precisión, en un sistema llamado Drousys-MyWebDay, cada monto transferido a cuentas bancarias o firmas. Las anotaciones incluían el alias o apodo de los destinatarios relacionados con cada obra pública o cada campaña electoral. Y en los interrogatorios, los ejecutivos de Odebrecht revelaron a los fiscales peruanos la identidad de los beneficiarios del dinero.

La empresa, que admitió que entre 2001 y 2016 pagó cerca de US$ 800 millones en coimas en 10 países de América Latina, multiplicando en el proceso por 10 su facturación, replicó el modus operandi brasilero en toda la región.

La red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht se extiende por Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Venezuela y República Dominicana. Pero tras la caída del imperio constructor, Perú es luego de Brasil, sin duda el país que más en serio ha tomado el caso para ir a fondo contra la corrupción estructural.