¿Cómo justifica el gobierno británico su actuación en el caso Snowden?

BBC Mundo

El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, ordenó a un alto funcionario que contactara al diario británico The Guardian con motivo de su publicación de los documentos filtrados por el excontratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden.

Fuentes gubernamentales contactadas por el corresponsal de asuntos políticos de la BBC, Chris Mason, confirmaron que el premier británico encomendó la tarea a su secretario de gabinete, Jeremy Heywood.

El martes, los periódicos británicos The Independent y Daily Mail habían asegurado que el propio Cameron había dado instrucciones a Heywood para que transmitiera a The Guardian las implicaciones de seguir revelando datos de las operaciones de espionaje realizadas por Estados Unidos y el Reino Unido.

Las fuentes contactadas por la BBC señalaron que “el gobierno temía que la información secreta en poder del diario cayera en las manos equivocadas” y generara una amenaza a Reino Unido y agregaron que habría sido “una total abdicación de sus responsabilidades” que el Ejecutivo no hablara con el periódico.

Las conversaciones entre funcionarios del gobierno y The Guardian contaron además con la aprobación explícita del viceprimer ministro Nick Clegg y del canciller William Hague, aseguran las fuentes.

En su columna de este lunes, el editor de The Guardian, Alan Rusbridger, había señalado que sus contactos con el Ejecutivo sobre el caso Snowden se habían dado con un “funcionario del gobierno de muy alto rango que representa el punto de vista del primer ministro”, pero no había revelado su identidad.

Tras los contactos con el gobierno, Rusbridger acordó, en lo que calificó como “uno de los incidentes más extraños en la historia del diario”, permitir que expertos del centro de escuchas británico GCHQ supervisaran la destrucción, en julio, de discos duros y archivos de computadora con material confidencial entregado por Snowden.

“Teníamos claro que no íbamos a devolver ese material al gobierno británico así que lo destruimos nosotros bajo asesoramiento de un par de expertos de inteligencia del GCHQ, que nos decían qué partes de los discos duros destruir y cómo”, dijo Rusbridger, quien agregó que la alternativa era tener que enfrentarse a una demanda legal.

“Seguridad nacional”

Fuentes gubernamentales dijeron a la BBC que el viceprimer ministro británico Nick Clegg consideró razonable que Heywood “solicitara a The Guardian destruir información que podría representar una seria amenaza a la seguridad nacional”.

Por su parte, el diputado del Partido Conservador Malcolm Rifkind, presidente del Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico, defendió las acciones del gobierno.

“Ni Snowden ni el editor de The Guardian o de ningún periódico están en posición de juzgar si la divulgación de información ultrasecreta puede ser de relevancia significativa en la batalla contra el terrorismo”, dijo Rifkind a la BBC.

“A veces puede pensarse que dar a conocer un documento no ayudará a un terrorista, pero esto puede ser equivocado, simplemente por la inhabilidad del editor de un diario o un periodista de juzgar la situación, a diferencia de alguien que trabaja en inteligencia”, agregó el parlamentario.

El polémico arresto de Miranda

Las revelaciones de las exigencias del gobierno a The Guardian siguen a la polémica detención el domingo del brasileño David Miranda, acción también justificada por las autoridades bajo motivos de seguridad.

Miranda, pareja del periodista de The Guardian que publicó las revelaciones de Snowden, Glenn Greenwald, fue retenido por la policía durante nueve horas cuando hacía escala en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, procedente de Berlín, de camino a Río de Janeiro.

El arresto de Miranda, a quien se confiscó todo su material electrónico y se exigió la revelación de contraseñas bajo amenaza de encarcelamiento, según relató, generó un problema diplomático con Brasil y críticas de organizaciones de derechos civiles.

La policía afirmó que la ley antiterrorista británica -que permite hacer detenciones en aeropuertos sin presentar acusaciones- “es una parte fundamental del sistema de seguridad nacional que se utiliza regularmente y con preocupación para mantener a las personas a salvo”.

La “Sección Siete” de dicha legislación, en particular, permite detener e interrogar a individuos en aeropuertos, puertos y zonas fronterizas y fue la figura que se usó para demorar a Miranda, que permaneció incomunicado durante las nueve horas que duró el interrogatorio.

Por su parte, la ministra del Interior británica, Theresa May, afirmó que “si se cree que alguien posee información sensible robada que podría ayudar a terroristas, lo que a su vez podría llevar a pérdida de vidas, entonces es correcto que la policía actúe. Eso es lo que la ley les permite hacer”.

El gobierno de Estados Unidos se distanció de la polémica decisión de detener a Miranda. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el arresto fue “una aplicación de la ley ejecutada por el gobierno británico y algo que hicieron en forma independiente de nuestra dirección”.

El nuevo periodismo investigativo

La controversia sobre el arresto de Miranda, cuyos abogados dijeron que emprenderán acciones legales, “va mucho más allá de determinar si la policía se excedió en sus poderes”, afirma el corresponsal de asuntos del Interior de la BBC, Danny Shaw.

Este caso pone el foco de atención “en la poco conocida Sección Siete de la Ley Antiterrorismo, aprobada antes de los ataques del 11 de setiembre en Estados Unidos para enfrentar principalmente a grupos en Irlanda del Norte”.

La polémica Sección Siete “fue usada 61.145 veces en 2012 contra un amplio espectro de pasajeros, la mayoría de los cuales no tienen ninguna conexión con el terrorismo”, afirma el corresponsal de la BBC.

Para Shaw, el caso Miranda demuestra “las dificultades de lograr un equilibrio entre la libertad de expresión y la seguridad nacional y revela hasta dónde puede llegar el Estado para salvaguardarla”.

Charlie Beckett, autor del libro “Wikileaks, las noticias en la era de las redes” y director del Centro Polis sobre Periodismo y Sociedad del London School of Economics, señala que “es claro que funcionarios estadounidenses y británicos, luego de la tortura de WikiLeaks y Assange, están perdiendo la paciencia con los soplones y sus cómplices en el nuevo periodismo”.

“Sea cual fuere la verdad sobre el programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU., es evidente que los servicios de seguridad están extendiendo los límites de lo que pueden hacer con nuevas tecnologías para aumentar la vigilancia. Y también están buscando reducir el escrutinio por parte de los periodistas”.

Para Shaw, el arresto de Miranda también destaca “la forma en que el periodismo de investigación se ve actualmente obligado a operar, cruzando el planeta constantemente para mantener encuentros cara a cara en lugar de mandar correos electrónicos con material sensible que puede ser interceptado”.

El editor de The Guardian, quien tenía copias en otros países de los archivos destruidos en Londres, dijo en su columna del lunes que el trabajo de Greenwald y otros periodistas “se ha complicado por la certeza de que no sería nada aconsejable ver la comunicación electrónica como algo seguro”.

Rusbridger aseguró que “el trabajo de The Guardian en el caso Snowden ha involucrado a muchos individuos y encuentros personales con un enorme número de vuelos. No es bueno para el medio ambiente, pero es crecientemente la única forma de operar. Pronto volveremos al lápiz y al papel”.