Conflictos entre EEUU – Venezuela y Bolivia – Chile dominan Asamblea de OEA

Asunción, 4 jun (EFE).- Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, por un lado, y entre Bolivia y Chile, por otro, dominaron hoy la escena de la Asamblea General de la OEA, mientras entre bambalinas se negocia la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La reunión, que durará hasta mañana, congrega a todos los países del continente menos Cuba, la gran mayoría representados por sus cancilleres, por lo que constituye el foro político de mayor nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Aunque los países se mostraron de acuerdo en los principios genéricos en torno al lema de la reunión, “Desarrollo con inclusión social”, las diferencias en temas bilaterales se hicieron patentes en el plenario de hoy.

El canciller venezolano, Elías Jaua, acusó al Gobierno de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de su país y dijo que la amenaza de sanciones es “un obstáculo” para su desarrollo.

El Congreso estadounidense tramita un proyecto de ley que contempla congelar los activos y prohibir la entrada a EE.UU. de funcionarios venezolanos involucrados en violaciones de los derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno iniciadas en febrero, que han dejado un saldo oficial de 42 muertos y cientos de heridos y detenidos.

Jaua agradeció al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, por pedir a la comunidad internacional apoyar el diálogo en Venezuela “sin presiones ni sanciones”.

Por su lado, la subsecretaria de Estado para Latinoamérica de Estados Unidos, Roberta Jacobson, reiteró que las acusaciones de injerencia de su país en Venezuela “son totalmente falsas”.

“Las sanciones son herramientas útiles en algunos momentos, pero no creemos nosotros que ahora es el momento, ésa es la posición ahora, pero vamos a ver, necesitamos movimiento” en el diálogo entre las partes, dijo Jacobson en una rueda de prensa.

Bolivia aprovechó la atención de los gobiernos del continente para poner sobre el tapete su reclamación de una salida al mar que perdió en una guerra contra Chile en el siglo XIX.

“Queremos sentarnos a dialogar con Chile, nada más pero tampoco menos”, dijo su canciller, David Choquehuanca. “Bolivia ha presentado una demanda de diálogo a Chile para borrar las heridas de la guerra del Pacífico”, añadió.

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, se saltó el discurso que tenía preparado para responder a esas declaraciones, pues consideró “lamentable” que Choquehuanca se refiriera como “diálogo” a la demanda que ha interpuesto Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

“La decisión de Bolivia no es una invitación al diálogo, es una demanda contra nuestro país. Hay que ser francos, si vamos a dialogar vamos a hacerlo de buena fe”, dijo Muñoz.

Como conflicto de fondo de la Asamblea está la reforma de la CIDH, que es un órgano autónomo de la OEA que se dedica a la promoción de los derechos humanos y cuyos pronunciamientos han provocado el rechazo de algunos gobiernos, en particular Ecuador y Venezuela.

El Gobierno de Rafael Correa ha incluido el tema en la agenda de la Asamblea General, que no lo tenía previsto, con un proyecto de resolución que establece el control por parte de los Estados de la financiación de la Comisión y plantea el cambio de su sede, que está en Washington.

La embajadora estadounidense ante la OEA, Carmen Lomellin, calificó hoy como un precedente “muy peligroso” que los gobiernos decidan sobre la distribución que la CIDH hace de sus recursos en diferentes ámbitos de trabajo.

También defendió a la Relatoría de Libertad de Expresión, que forma parte de la Comisión. “Para nosotros es importante apoyar para que pueda seguir haciendo su trabajo”, indicó.

El proyecto de resolución busca impedir que ciertas áreas de la CIDH estén mejor financiadas que otras, pues Ecuador y otros países de la región mantienen que es injusto que la Relatoría de Libertad de Expresión cuente con más recursos.

Esa Relatoría ha criticado los procesos judiciales emprendidos por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, contra periodistas y opositores.

Estados Unidos es el mayor donante a la CIDH, con una aportación de 2,2 millones de dólares el año pasado, según el informe anual de esa entidad.