El clima electoral condiciona la salida de la crisis en Colombia

Las elecciones del próximo año permean desde hace tiempo cualquier discusión en Colombia. También la respuesta a la inédita crisis política desatada por las protestas contra el Gobierno de Iván Duque y por la represión con la que se han estrellado los manifestantes. Asediado por las movilizaciones que se han apoderado de las calles, el presidente intenta retomar la iniciativa con el diálogo que ha puesto en marcha con distintos sectores, pero la tensión se mantiene disparada, con 26 muertos en la última semana. Los comicios de 2022 amplifican las controversias y condicionan las posturas de todos los actores políticos.

Al finalizar la segunda sesión de conversaciones, en esta ocasión con las altas cortes, Duque declaró este jueves: “Existe un deseo de contribuir a un amplio proceso para encontrar soluciones para seguir transitando en un entorno difícil”, sin dar mayores detalles. Desde muchos ámbitos se critica que las primeras jornadas hayan estado destinadas a reunirse con representantes de la institucionalidad, y que el presidente haya dejado para la próxima semana la cita con el Comité del Paro Nacional, que agrupa a las organizaciones obreras y estudiantiles que convocan las manifestaciones.

Por lo pronto, movilizaciones y disturbios han trastocado todas las agendas políticas y el mandatario incluso ha suspendido esta semana Prevención y Acción, su controvertido programa diario de televisión, que se había emitido ininterrumpidamente desde hace más de un año. El presidente, que atraviesa una prolongada crisis de popularidad, arriesgó su desgastado capital político con una reforma tributaria que abrió la caja de los truenos. Aunque validada por los expertos económicos, fue evidentemente inoportuna. El 82% de los consultados en una encuesta reciente señalaron que no votarían por candidatos que apoyaran la subida de impuestos.

Muy debilitado, Duque ha cedido a las protestas. Retiró la propuesta de reforma fiscal, aceptó la renuncia de su ministro de Hacienda y se propone buscar una reforma consensuada con todos los sectores políticos. En esencia, plantea una solución que ya fracasó antes. El diálogo que propone el Gobierno se antoja demasiado parecido a la “conversación nacional” con la que dilató la respuesta a la oleada de protestas que ya lo había cercado a finales de 2019. Esa mecha nunca se apagó del todo, a pesar de que la irrupción de la pandemia desactivó en gran medida las manifestaciones, que hoy regresan con una fuerza inusitada.

Desde el uribismo, la tendencia política creada en torno al expresidente Álvaro Uribe, el mentor político de Duque, temen que la impopularidad del mandatario se convierta en un lastre electoral y han buscado conservar su bandera de mano dura. El propio Uribe defendió al principio de la crisis que los policías y militares tienen derecho a usar las armas en las protestas, lo que crispó aún más los ánimos. Congresistas del Centro Democrático, el partido de Gobierno, han pedido a Duque que declare la conmoción interior, que antes se conocía como estado de sitio. Es una figura que, ante graves perturbaciones del orden público, le otorga al presidente facultades extraordinarias. De momento el Ejecutivo ha descartado esa medida y ha calificado de “noticias falsas” los rumores de que la prepara.

En las filas de la oposición, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que ha mantenido un pulso de liderazgos con Duque a lo largo de la pandemia, ha tenido que hacer equilibrismo para lidiar con los desmanes en la capital. “Hay que reconocer que ha habido abusos de lado y lado. Si solo se rechaza el vandalismo, pero no se reconoce el abuso de la fuerza, no hay manera de empezar un diálogo”, declaró este miércoles sobre el difícil proceso de conversaciones que ha emprendido Duque, después de que los enfrentamientos nocturnos hubieran dejado casi un centenar de heridos, 19 de ellos agentes, y una turba intentase incendiar una estación de policía con patrulleros dentro que lograron escapar.

López dijo: “Con los que hay que dialogar es con los que están en las calles, que son los jóvenes, quienes en su mayoría ni estudian ni trabajan. Jóvenes que sienten con dolor que no tienen futuro y que no se les está escuchando”. Ese diagnóstico era un dardo dirigido no solo a la estrategia de Duque, sino también a la del izquierdista Gustavo Petro, al que le critica por atribuirse las movilizaciones sin haber puesto un pie en la calle. La alcaldesa es la líder más visible del partido progresista Alianza Verde, que ha optado por sumarse de cara al 2022 a otras fuerzas del centro del espectro político en la llamada Coalición de la Esperanza, en contraste con el Pacto Histórico, más escorado a la izquierda, que promueve Petro, exalcalde de Bogotá.

En el confuso e incipiente panorama preelectoral, lo único claro es que Petro, también exguerrillero del M19, es el rival a batir. En medio de su viraje al pragmatismo, ha apostado por proyectar una imagen presidenciable en la crisis con dos “alocuciones” sobre la situación nacional transmitidas en sus redes sociales. Aunque por momentos ha invitado a la mesura, también ha mantenido agrios enfrentamientos públicos con el ministro de Defensa, Diego Molano, y desde el uribismo lo tildan de incendiario. “Y si hacemos en Bogotá una marcha de un millón de personas, ¿se le miden? En completa paz, con todos y todas las artistas, con todo el arte y la cultura con alegría, sin violencias de ningún tipo, con una sola voz que le pida a Duque: Democracia y Paz. ¿Me acompañarían?”, escribió en uno de sus más recientes pronunciamientos, con el tono caudillista que tanto irrita a sus rivales.

Los llamados a detener la violencia se han convertido en un clamor. Una veintena de organizaciones de derechos humanos han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realice una visita al país en la que pueda documentar las denuncias. Allí también se ha ubicado el exministro de Salud Alejandro Gaviria, que de momento ha descartado una candidatura presidencial. “Hay que parar la violencia. Esta locura de destrucción y muerte no tiene sentido. Tenemos que ser capaces como sociedad (todos) de decir no más a la violencia, venga de donde venga. Vamos hacia la autodestrucción”, ha advertido el actual rector de la Universidad de Los Andes en medio del vértigo de los acontecimientos.