El crimen organizado saca provecho del récord en los precios del oro

El tráfico de oro en América Latina y el Caribe nunca fue tan lucrativo. Los precios de este metal precioso subieron más del 40% en 2024 y alcanzaron un récord histórico de más de 3.000 dólares por onza en marzo de 2025.

La creciente demanda de este codiciado recurso ha impulsado la destrucción ambiental en toda América Latina, provocando deforestación en Bolivia, envenenando comunidades indígenas en Brasil y devastando ecosistemas fluviales en Colombia y Perú.

La minería de oro se considera ilegal cuando se realiza sin los permisos correspondientes. Aunque muchas personas practican la minería de subsistencia sin papeles, los grupos criminales organizados han aprovechado el oro como una fuente de ingresos rentable, controlando o extorsionando a los mineros locales que extraen el mineral y, luego, lo comercializan a través de sus redes corruptas.

InSight Crime habló con Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Flujos Financieros Ilícitos de la Coalición para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Empresarial (Financial Accountability and Corporate Transparency, FACT), sobre cómo los grupos criminales se han beneficiado de esta industria multimillonaria y qué se está haciendo para enfrentar el problema.

InSight Crime: El precio del oro se ha incrementado de forma sostenida durante aproximadamente una década y se ha disparado en los últimos años. ¿Qué impacto ha tenido esto en las redes criminales?

Julia Yansura: Lo que hemos visto es una mayor participación de grupos criminales organizados en la minería ilegal. Cuando hay un aumento tan pronunciado en el precio del oro, lamentablemente, eso les juega a favor. Significa que estos grupos tienen más dinero para comprar armas, financiar operaciones y causar estragos en nuestros países.

IC: ¿Cómo se conecta la minería ilegal de oro con otras economías ilícitas? ¿Y por qué resulta tan atractiva para los grupos criminales?

JY: La minería ilegal de oro está estrechamente vinculada con el tráfico de drogas. Esa relación se da, fundamentalmente, de dos maneras. Por un lado, las organizaciones narcotraficantes diversifican su modelo de negocio e incursionan en otras actividades lucrativas, como a través de la inversión en minas ilegales o la extorsión a mineros informales. Se estima que, en Colombia y Perú, la minería ilegal de oro genera más ingresos para los grupos criminales que el tráfico de drogas, lo cual es bastante significativo, considerando que esos dos países son los mayores productores de cocaína del mundo.

Por otro lado, los grupos criminales organizados de la región utilizan el oro ilegal como una estrategia de lavado de dinero. Transportan el oro a través de fronteras internacionales y luego lo usan para pagar bienes o servicios, por ejemplo, comprando bienes raíces con oro o vendiéndolo para luego depositar el dinero en cuentas bancarias o invertirlo en pequeños negocios.

El oro tiene un valor muy alto y es fácil de transportar. Transportar un millón de dólares en efectivo implica mover grandes volúmenes de dinero. El equivalente en oro es mucho más compacto, lo cual facilita su movilización y su ocultamiento.

Además, el oro es muy difícil de rastrear. Puede usarse fácilmente en distintos países del mundo, mantiene su valor e incluso, como hemos visto recientemente, lo incrementa.

En los últimos 10 o 15 años, uno de los enfoques principales del sistema estadounidense contra el lavado de dinero ha sido atacar el transporte de grandes cantidades de efectivo. Ya no se puede llegar a un banco con una mochila llena de dinero y simplemente depositarlo. Tampoco se pueden comprar artículos de alto valor con efectivo sin que despierte preguntas. Se ha avanzado mucho para combatir el dinero sucio, pero no se ha hecho lo mismo con el oro. Y por eso hay un enorme vacío legal que los grupos criminales explotan.

IC: ¿Por qué es tan difícil combatir la minería ilegal de oro?

JY: Muchas veces, cuando se habla de crimen ambiental, la gente asume que todo ocurre por medio de redes clandestinas de contrabando. Pero ese no es el caso. Tenemos mucha evidencia de que los recursos naturales extraídos ilegalmente están entrando en las cadenas de suministro formales. Y mucho del movimiento de estos recursos naturales a través de las fronteras internacionales se realiza utilizando empresas formales.

A menudo, las ganancias de estos crímenes se lavan en diferentes jurisdicciones. Entonces, aunque la tala o la minería ilegal suceda en un país como Colombia, muchas veces el lavado de dinero ocurre en otro país. Por lo general, los criminales ambientales buscan países o jurisdicciones con requisitos laxos, donde haya anonimato y secretismo financiero. Me refiero a los llamados paraísos fiscales o jurisdicciones con secreto financiero en América Latina.

IC: ¿Qué países de América Latina son más preocupantes respecto al tema del lavado de dinero?

JY: Nos preocupa mucho el papel de Estados Unidos como destino del lavado de dinero proveniente de crímenes ambientales que ocurren en América Latina. Siempre han existido vínculos económicos y financieros muy estrechos entre América Latina y Estados Unidos, y este país ha tenido un problema persistente con las empresas fachada o fantasma. Eso lo convierte en un lugar muy atractivo para lavar ganancias ilegales.

IC: ¿Qué acciones ha tomado el actual gobierno de Estados Unidos para enfrentar este problema?

JY: Estamos viendo muchos avances preocupantes que van a debilitar el sistema nacional contra el lavado de dinero y la corrupción.

Los cambios recientes parecen contradecir las prioridades declaradas por el gobierno de Trump, especialmente en temas como la lucha contra los carteles de droga y la crisis del fentanilo. Si de verdad quieren combatir el narcotráfico, la mejor manera de hacerlo es atacando el dinero de la droga. Y para eso se necesitan leyes contra el lavado de dinero, fiscales especializados en delitos de cuello blanco, y leyes que permitan levantar el velo del secreto corporativo. Así que, en realidad, están saboteando sus propios objetivos.

IC: ¿Qué pueden hacer los responsables de políticas públicas y las instituciones financieras para frenar estos flujos ilícitos de oro y el lavado de dinero asociado al crimen ambiental?

JY: En el sector financiero, lo más importante es mejorar la comprensión de los riesgos de financiamiento ilícito vinculados con la minería ilegal de oro. Alentaría a las instituciones financieras a ver esto con el lente de los sistemas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Cuando se enmarca en esos términos, el sector financiero entiende que son riesgos muy serios asociados con los recursos naturales y con esas actividades económicas.

Para los gobiernos, una de las cosas más importantes es tener claridad sobre quién está detrás de las empresas que operan en su territorio. ¿Quiénes son las personas reales? Ni sus abogados, ni sus testaferros, sino la persona real que posee una empresa y se beneficia de ella. Esa es una práctica internacional reconocida como propiedad beneficiaria.

Hemos visto avances importantes en este frente en varios países del hemisferio occidental. Panamá ha hecho progresos. Colombia implementó su registro de beneficiarios finales, lo cual ayudará a reducir el uso de empresas fachada. Ecuador y Perú también están en proceso de implementación. Y en el caso de Estados Unidos, realmente esperamos que el gobierno reconsidere su postura a la luz de las abrumadoras pruebas de cómo estas empresas fachada han perjudicado a los estadounidenses y han dañado intereses de seguridad en el hemisferio occidental.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y extensión.

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