El enigmático clima de Santiago

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Declaraciones de Bachelet plantean enigma sobre la ejecución del fallo. Sector empresarial chileno reitera en cambio su respeto irrestricto.

Se acelera la cuenta regresiva y restan menos de tres semanas en esta fase final.

Con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya redactado y a la espera de su lectura el próximo 27 de enero, desde Chile llegan mensajes que se añaden inevitablemente a la tensión.

¿Se respetará el fallo y será correctamente ejecutado, sea cual fuere?

Los movimientos en Santiago abonan a la incertidumbre.

En la mañana del martes 7, el presidente Sebastián Piñera y la mandataria electa Michelle Bachelet se reunieron durante cerca de tres horas en La Moneda.

Era la primera en una serie de reuniones de Estado con miras a preparar el escenario para recibir la sentencia.

El viernes Piñera recibirá a los expresidentes Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Eduardo Frei.

Las palabras que Bachelet ofreció a su salida abren un significativo margen de interpretación.

“Siempre hemos dicho que acá tenemos que tener una política de Estado que se base en la política internacional y en los intereses superiores de Chile”, dijo.

¿Intereses superiores, en ese caso, al derecho internacional?

Añadió que “esperamos que sea un fallo ajustado a derecho porque Chile tiene una clara opinión y muy unánime de dónde están los límites de nuestro país”.

Piñera fue más cauto y reconoció que “naturalmente, nadie conoce el contenido del fallo de La Haya. Lo esperamos con tranquilidad, sin triunfalismos”.

Sea cual fuere el fallo, resaltó, “el Perú seguirá siendo un país vecino al nuestro”

 

 

ENCUESTA REVELADORA

¿Cuál es el ambiente que se vive en Chile en estos días previos a la lectura de la sentencia?

La respuesta más cercana apareció hace tres semanas en el Estudio de Valores Sociales que la Universidad de Santiago de Chile le encargó a la encuestadora Ipsos.

La muestra nacional fue aplicada a 900 personas e incluye entre sus preguntas si los encuestados creían que el fallo debía acatarse “si el resultado fuera desfavorable para Chile”.

Un significativo 42% respondió que no debía acatarse. El 49% se inclina por cumplirlo de todas maneras y un 9% dijo no saber.

La segmentación de la encuesta ofrece interesantes diferenciaciones.

En la zona metropolitana de Santiago, el porcentaje de quienes creen que debe acatarse sube a 55%.

En cambio, en la zona norte del país; que comprende las regiones de Arica Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo; ese porcentaje baja sensiblemente a 41%.

Una cifra que llama especialmente la atención si se toma en cuenta que la integración de la frontera viva es uno de los ejemplos más elocuentes del grado de vinculación entre los dos países.

REALPOLITIK EN LA CANCHA

El internacionalista José Rodríguez Elizondo es otra temprana muestra de esa activa vecindad. Viejo conocido de CARETAS, se exilió en el Perú de la dictadura de Pinochet y entre 1978 y 1986 integró su redacción como editor de internacionales.

Rodríguez Elizondo enuncia un discurso integracionista para la agenda pos-Haya, “la que corresponde a dos países que, además de vecinos, son complementarios en cantidad de aspectos y pertenecen a la Alianza del Pacífico”.

Pero en lo que concierne en la que puede ser la reacción al cumplimiento del fallo deja ver un acento de realpolitik que merece atención, en especial a la luz de las palabras de la presidenta electa y la que puede ser la visión de parte del establecimiento sureño.

Dice que “para quienes creen que el tema es “estrictamente jurídico”, la cosa es sencillísima: la Teoría General del Derecho dice que los fallos se cumplen y el problema se acaba. Para quienes pensamos que tras la cobertura jurídica siempre hubo un problema de poder, el cumplimiento del fallo debe ser parte de una voluntad política bilateral, en cualquiera de sus posibles variantes. En esa voluntad política debe estar el compromiso de terminar de una buena vez con los conflictos de frontera, para poder volcarnos al desarrollo”.

¿Acaso no hablamos, en esencia, del mero cumplimiento del derecho?

Claramente no lo cree así. Al comparar el desastre jurídico que hoy vive Colombia luego de su incumplimiento del fallo de la CIJ de límites marítimos que resultó favorable a Nicaragua, advierte que “si los jueces ponen demasiada imaginación en su fallo, pueden crear escenarios que escapen a todas las previsiones vigentes, levantando un eventual tsunami político”.

Rodríguez Elizondo insiste en que se vive una situación delicada, con posibilidad de un “curso de colisión”. “Un analista puede detectarlo si sabe decodificar la información abierta y personal y se atreve a publicar sus resultados, para encender luces rojas”, desliza.

DE BANCA Y PESCA

Las señales de alarma de estos días conviven con otras mucho más tranquilizadoras.

El mismo martes que Piñera y Bachelet conversaron a puerta cerrada, el canciller Alfredo Moreno fue el invitado al comité multisectorial de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC).

El ministro coincidió en que “las relaciones comerciales entre ambos países “no han sido afectadas y tenemos que hacer las cosas para que no se vean afectadas”. Confirmó que, conocida la resolución, “habrá un período de implementación y cualquiera sea el resultado, los dos países deben adecuarse. Es un trabajo que se debe hacer en conjunto”.

A diferencia de la pobre integración económica entre Colombia y Nicaragua, aquí el grado de intercambio ayuda a que los hombres de empresa saquen alas de palomas.

Jorge Awad, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), declaró al término de la reunión que “no hay ningún elemento que esté en preocupación tanto en la banca chilena como peruana. Lo único que se puede decir es que las inversiones de Chile en Perú hoy son, a lo mejor, lo más importante que el país tiene el exterior. Si lo ponemos en valor económico, las inversiones iniciales que pudieron haber sido alrededor de US$ 20 mil millones hoy debieran ser más de US$ 40 mil millones”.

Calificó al Perú de “país muy avanzado, por lo que desde todo punto de vista las relaciones a nivel financiero son excelentes. Incluso, no me cabe duda que seguirán aún mejor en el futuro”.

Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC, constató que existen “muy buenas relaciones con Perú y creemos que esto no debe enturbiarlas”.

Consideró que “aquí no hay fallo favorable o desfavorable, lo que hay es que los dos países han decidido respetar y acatar el fallo. Esto corresponde a un país serio y a la historia que ha tenido Chile de ser un país respetuoso de toda la legislación, de los fallos y de la normativa”.

El máximo representante gremial chileno reconoció en cambio que el fallo “podría tener consecuencias en el sector pesquero”.

Elocuente ausencia fue la de Roberto Angelini, presidente de un emporio que tiene el 51,5% de la participación en el mercado chileno y ocupa el tercer lugar de la pesca industrial en el mundo. Fue Angelini quien en noviembre del 2011 dijo a la prensa que “por nada del mundo se debe ceder un centímetro de mar al Perú, no solo está en juego la riqueza económica sino también la soberanía”.

Si bien Angelini no ha vuelto a expresarse en esos términos, su empresa colaboró en la elaboración de la estrategia jurídica chilena.

La suya es la única empresa que tiene planta procesadora en Arica y su trabajo en la zona le reporta alrededor de 30% de sus ingresos: unos US$ 2,500 millones. Sus voceros calcularon que, si la CIJ le da la razón al Perú, perdería anualmente entre 270 mil y 320 mil toneladas de recursos, principalmente jurel y anchoveta.

Las licencias de pesca son un factor crítico en la conformación de las comisiones bilaterales que serán anunciadas tras conocerse el fallo, lo que fue reiterado por el presidente Ollanta Humala a mediados de diciembre.

LAS CARTAS DE BACHELET

La inquietud de la diplomacia peruana se concentra en las 72 horas posteriores a la lectura del fallo. Hasta ahora ambos países se han preocupado incluso en coordinar los momentos en los que ambos jefes de Estado harán sus primeras intervenciones.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano, Víctor Andrés García Belaunde, no descartó que se convoque a un pleno extraordinario para analizar el fallo sobre caliente pero reiteró que la primera palabra la tendrá Humala.

Mientras tanto, el presidente del Senado chileno, Jorge Pizarro, ya confirmó que la cámara alta hará lo propio. Una propuesta para que la de Diputados haga lo mismo en sesión reservada fue descartada de plano por varios parlamentarios y la postura del “halcón” Jorge Tarud, cabeza de relaciones exteriores en esa corporación y que se inclinó por un referéndum en caso de un fallo adverso, no ha tenido eco por el momento.

Todo devuelve la pelota a los presidentes. El saliente y la entrante.

A pesar de la división de la derecha luego de la derrota electoral, la encuesta de esta semana publicada por Adimark registra que Piñera goza de su más alto nivel de aprobación (45%) de los últimos tres años. El sector mejor evaluado de su gobierno, con 65%, es precisamente el de las relaciones internacionales.

El otro sondeo, el de Ipsos, arroja que solo el 38% de quienes se consideran de derecha considera que el fallo se debe cumplir de cualquier manera. Ese porcentaje sube hasta 64% entre los que se califican de izquierda.

Algo de paradoja hay en que las relaciones bilaterales se hayan normalizado durante la administración de Piñera y que un aparato que bien podría calificarse de conservador -como el empresarial- sea el que mayores garantías ofrece hoy del respeto irrestricto al fallo.

La realidad del tren de la integración, que Piñera enmarcó en la Alianza del Pacífico luego de su entrevista con Bachelet, funciona de poderoso amortiguador.

Por eso persiste el interés de conocer la mano de cartas de la carismática mujer que vuelve al poder el 11 de marzo. La que enfrentó la presentación de la demanda durante su primer gobierno y a quien ahora le tocará implementar el fallo.

La Fragata de La Haya

Con armamento retirado, convertida en patrulla.

El 26 de diciembre, el presidente Ollanta Humala, acompañado del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y el comandante general de la Marina de Guerra, Carlos Tejada, acudió al Muelle Marginal de la Base Naval del Callao.

En presencia de autoridades navales y cadetes, se dio inicio al traspaso de la fragata misilera ”Carvajal” de la Fuerza de Superficie a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) para que sea usada como patrullera oceánica.

La ”Carvajal”, junto con la ”Villavicencio”, llegaron al Callao desde Italia el 23 de diciembre de 1978.

Ante la proximidad de la sentencia final de la Corte Internacional de La Haya por el diferendo marítimo entre el Perú y Chile, el gobierno peruano se vio en la necesidad de contar con equipo que vigile el paralelo 18 en caso de una victoria en los tribunales.

”Hace dos años que planeamos transformar la ”Carvajal” en una patrullera oceánica” afirmó el comandante de operaciones de guardacostas, Manuel Hinojosa.

Por ello, en diciembre, se decidió retirar los misiles Otomat Mk-2, Aspide Mk-1, los torpedos ASW y los SCLAR de 105 mm de la nave de 113 metros de largo y 2,500 toneladas de peso.

Luego se le implementó con 12 botes salvavidas con capacidad para 20 personas cada uno y dos lanchas. Se pintó de plomo y blanco y se le asignó un nuevo nombre: patrulla oceánica ”Guardiamarina San Martín”.

Hinojosa se limita a reconocer que ”nosotros simplemente usaremos la fragata para tareas de vigilancia y rescate, lo demás es decidido por el Ejecutivo”.

Pero algunos expertos sostienen que la fragata asumirá un papel más simbólico.

Si es que La Haya determinara que los 38,000 km2 del hito No. 1 pertenecen al Perú, se deberá tener una nave para marcar presencia en el lugar de controversia.

Y un buque de guerra en la frontera sería un acto muy agresivo, por lo que una patrulla con equipos de salvamento y apenas dos cañones cumpliría el rol ideal.

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