El gobierno de Colombia da un paso atrás a la legalización de las drogas

Había grandes esperanzas de que la nueva política antidrogas del presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, exigiera la legalización de la cocaína. Pero si bien la estrategia decenal no llega tan lejos, avanza en la dirección correcta, centrándose en el desarrollo rural y la regulación de los mercados de cannabis y hoja de coca.

Cuando el primer gobierno de izquierda de Colombia llegó al poder en agosto de 2022, muchos esperaban que la estrategia antidrogas del país cambiara drásticamente. El presidente Gustavo Petro hizo campaña con la promesa de alejarse de la erradicación de la coca, el principal ingrediente de la cocaína, y en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas poco después de asumir el cargo, llamó a los países latinoamericanos a unir fuerzas contra la “invasión irracional”, citando la guerra contra las drogas.

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el mundo está experimentando un aumento prolongado de la oferta y la demanda de cocaína, con un estimado de 22 millones de consumidores en todo el mundo. Como mayor productor, Colombia tiene un papel clave que desempeñar en la configuración del futuro de esta floreciente industria ilícita.

La nueva estrategia decenal sobre drogas del país, lanzada a principios de octubre, probablemente sea demasiado tímida para los defensores de la reforma. A pesar de pedir a Colombia que lidere una discusión internacional sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, la estrategia todavía opera dentro del marco prohibicionista. Es importante destacar que no intenta regular el mercado de la cocaína, aunque un programa piloto podría haber permitido al país experimentar con la legalización.

La estrategia se centra en reducir el cultivo de coca, aunque no mediante la erradicación forzosa ni la criminalización de los cultivadores. Por ejemplo, la nueva política no considera la fumigación aérea con glifosato, una práctica que fue prohibida en 2015, pero que el expresidente Duque Márquez intentó revivir en 2019. En cambio, el gobierno apunta a crear un programa de desarrollo rural que implique cultivos graduales.

Por el lado de la demanda, el gobierno implementará medidas de reducción de daños, con especial atención a los grupos vulnerables como los reclusos. Sorprendentemente, hay un nuevo enfoque –quizás influido por la política de Estados Unidos– en prevenir y reducir las consecuencias negativas asociadas con el uso ilícito de opioides, a pesar de no ser frecuente en el país. La adicción al crack, especialmente entre la población sin hogar, es más común, pero no se aborda explícitamente.

Dicho esto, la estrategia abarca elementos progresistas que abordan mejor las necesidades de las comunidades rurales más afectadas por el tráfico de drogas, un reflejo del proceso de consulta con cocaleros (cultivadores de coca) y cultivadores de cannabis, así como con ONG y académicos. Por ejemplo, respalda la legalización del consumo de cannabis en adultos. Sin embargo, diseñar un mercado regulado requiere la aprobación del Congreso de Colombia.

Lo más significativo es que este nuevo enfoque promueve la legalización de los usos “no psicoactivos” de la hoja de coca, que las comunidades indígenas del Amazonas y los Andes han considerado sagradas durante mucho tiempo. Recientemente, el Ministerio de Justicia publicó un proyecto de ley para regular los usos médicos, científicos, industriales y de investigación de las semillas, el cultivo y las plantaciones de amapola, cannabis y coca. El mercado para usos alternativos de la coca está más establecido en Bolivia y Perú, debido a sus poblaciones indígenas mucho mayores. Pero esto sólo subraya el potencial para implementar una regulación en Colombia. Además, la hoja de coca podría ofrecer varios beneficios nutricionales y médicos, por lo que la nueva política también intenta eliminar las barreras para realizar investigaciones científicas sobre la planta. Además, con el 49% de las plantas de coca ubicadas en áreas estratégicas de conservación, la nueva política podría contribuir a los objetivos ambientales.

María Alejandra Vélez es profesora del departamento de Economía en la Universidad Los Andes de Bogota