El Gobierno de Noboa despliega 5.000 militares más para reprimir las protestas en Ecuador

Noboa se niega a retroceder en la medida que desató el estallido: la eliminación del subsidio al diésel, anunciada por sorpresa el pasado 13 de septiembre.

Cuando ya han pasado 23 días desde el comienzo del paro nacional contra el Gobierno en Ecuador, Otavalo -la ciudad andina que simboliza la resistencia indígena ecuatoriana- vivió este martes su jornada más violenta. La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) denunció que militares dispararon munición real contra los manifestantes. “El Gobierno de Daniel Noboa ha convertido nuestras comunidades en zonas de guerra”, sostiene un comunicado del movimiento indígena. La denuncia asegura que fuerzas conjuntas de la Policía y del Ejército irrumpieron en barrios y comunidades, lanzando bombas lacrimógenas y granadas aturdidoras dentro de las casas, incluso contra mujeres, niños y ancianos. El Ejecutivo defiende la actuación de las fuerzas del orden y ha anunciado el despliegue de 5.000 militares adicionales para despejar las carreteras bloqueadas.

Según el balance oficial, hay al menos 43 detenidos y seis uniformados heridos. Las organizaciones indígenas, en cambio, hablan de más de 50 heridos, varios de ellos en estado crítico, y acusan a la fuerza pública de impedir el acceso a hospitales. El Ministerio de Salud no ha ofrecido ninguna declaración.

La represión comenzó en la madrugada, cuando cientos de comuneros bajaron desde las zonas altas de Imbabura para reforzar el bloqueo en la carretera Panamericana, una arteria clave del país. El motivo: la inminente llegada de un convoy militar que el Gobierno describió como “humanitario” para transportar alimentos a regiones desabastecidas. Las Fuerzas Armadas aseguraron que el operativo contaba con el acompañamiento de organismos neutrales como la Cruz Roja. La organización lo desmintió. La Conaie exige precisamente que sea la Cruz Roja la que coordine un eventual corredor humanitario, sin presencia armada.

La respuesta de la fuerza pública fue la de siempre desde que estalló el paro nacional: gases lacrimógenos, disparos al aire y golpes a quienes alzaban palos y piedras en las calles. El enfrentamiento duró ocho horas. Organismos de derechos humanos denuncian el uso desmedido de la fuerza por parte de policías y militares, que no han hecho distinción ni siquiera con los periodistas. El lunes, un reportero de un medio comunitario recibió un disparo mientras cubría la protesta. El domingo, durante otra manifestación en Quito, un asistente de cámara denunció que un policía le fracturó dos dedos de la mano derecha. Según la fundación Periodistas Sin Cadenas, 55 informadores han sido agredidos en las primeras cuatro semanas de movilización. A pesar de las denuncias, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, no ve ningún exceso. “Que un periodista diga que lo es y cargue un chaleco que diga prensa no lo exime de una revisión”, declaró en una entrevista televisiva.

Este martes marcó un punto de inflexión en la crisis social que golpea a Ecuador. El presidente Noboa se niega a retroceder en la medida que desató el estallido: la eliminación del subsidio al diésel, anunciada por sorpresa el pasado 13 de septiembre. El conflicto, sin embargo, ha crecido en demandas. Las organizaciones sociales suman a su pliego la alarmante inseguridad -más de 6.000 homicidios entre enero y agosto- y el rechazo a las concesiones mineras y petroleras