El muro de Trump se levanta en los centros migratorios mexicanos

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Foto: JOHAN ORDÓÑEZ / AFP

Un joven de 15 años está tumbado en una colchoneta sin moverse. Su madre, desesperada, le aplica paños húmedos a su frente ardiendo. En la calle el termómetro marca 36 grados, en ese cuarto insalubre en el centro de Tapachula (Chiapas, frontera con Guatemala) la sensación es de por lo menos cinco más. No ha pronunciado una palabra desde que salieron de la estación migratoria Siglo XXI, donde estuvieron detenidos 24 días. Diarrea, depresión, angustia. Todo ese tiempo estuvo en una zona separada de su madre y su tía, con quienes llegó un mes antes desde Comayagua (Honduras) huyendo de una amenaza de la pandilla Barrio 18. “Si nos quedamos un día más ahí encerrados, pido que me regresen a mi país aunque allá quieran matarme”, resumía Sara Gómez.

Su nombre, como el de la mayoría de los migrantes que han pisado estos centros y han accedido a esperar su proceso de refugio -que puede durar meses- en libertad, es ficticio. El temor a que cualquier tropiezo con las autoridades los mande en bus a su país de origen es más fuerte que la necesidad de denunciar públicamente lo que sucede ahí dentro. México ha deportado en 2019 a más de 117.689 migrantes, los suficientes para llenar hasta la bandera el Estadio Azteca. “Nos decían que la comida ahí lleva yodo para que se nos quite el hambre. Todo el día te la pasas haciendo fila para comer solo una vez”, contaba Gómez.

La estación migratoria Siglo XXI de Tapachula es la más grande de todo el país, con una capacidad para 960 personas. Ubicada en la ciudad más importante de toda la frontera sur con Guatemala, aglutina el flujo de migrantes detenidos en carreteras, caminos y rincones perdidos de la selva. “Todos los que van a ser deportados tienen que pasar por este centro, excepto los llamados extracontinentales, africanos, asiáticos y todos aquellos cuyo regreso obligue a subirse a un avión en el aeropuerto de la Ciudad de México o de Toluca”, explica Aldo León, de Voces Mesoamericanas. Según las cifras de Gobernación (Interior), entre enero y noviembre de 2019 fueron detenidas 179.335 personas, de ellas 77.380 fueron en el Estado de Chiapas. “Dormíamos sentadas, ni siquiera había una cama para cada una de nosotras. Nos trataban como a perros”, contaba Gómez.

El martes un anuncio del Instituto de Migración puso a todas las organizaciones civiles encargadas de estos temas en alerta. El Gobierno suspendía el acceso de las ONG a las estaciones migratorias. Y la noticia provocó un escándalo internacional. Las oficinas mexicanas de la ONU defendieron el trabajo de las asociaciones y López Obrador negó esta medida menos de 24 horas más tarde. “Todo parece improvisado o decidido en función de los intereses por cumplir con el papel de guardián de la frontera de Estados Unidos”, señalaba a este diario el coordinador del área de incidencia política del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, con sede en Tapachula, Salvador Lacruz.

El jefe del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, explicó en una rueda de prensa este miércoles que no se negará la entrada a las organizaciones, pero sí se reprogramarán las visitas. Algo que las ONG reciben como una traba más en su trabajo diario, ya de por sí obstaculizado por la burocracia mexicana. “Que el Gobierno se haya atrevido a hacer un oficio general en ninguna Administración lo habíamos vivido”, señalaba este jueves una representante del centro Fray Matías, Rita Marcela Robles, en una conferencia de prensa donde más de 200 organizaciones civiles afectadas denunciaron la “política errática” del Ejecutivo. El grupo además ha denunciado que todavía hay 10 asociaciones a las que el Gobierno ha denegado el acceso a los recintos. “El daño ya está hecho”, añadía la activista.

El trabajo de estas ONG consiste principalmente en acompañar y asesorar jurídicamente en los trámites de refugio a los migrantes, pero también desde hace años han denunciado las condiciones de hacinamiento en las que viven y la “criminalización” a la que son sometidos. Un informe elaborado en 2017 por el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración- formado por un equipo de más de 20 supervisores y aprobado por el reglamento de la institución- monitoreó los 59 centros migrator