El papel de EE UU en la epidemia de violencia salvadoreña

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Foto: Meridith Kohut para The New York Times

Era una tarde nublada cuando Mayra Ayala guio a su familia a lo largo de los senderos de un cementerio en una ladera de Ilobasco, una ciudad a unos 56 kilómetros de la capital. Los nueve familiares pasaron por encima de decenas de mausoleos pintados de colores brillantes camino hacia una tumba púrpura con tres cruces.

Habían pasado dos años desde que José, el esposo de Mayra Ayala, y dos de sus hijos -Vladimir, de 21 años, y Douglas, de 19- habían sido asesinados por miembros de la pandilla MS-13. José Ayala, líder comunitario en uno de los bastiones de la pandilla, había estado en contacto constante con el alcalde y los policías de Ilobasco, que fueron capacitados por asesores estadounidenses para estrechar lazos con los residentes.

Sin embargo, esas conversaciones hicieron pensar a los líderes de la MS-13 que Ayala era informante del gobierno, una acusación que su familia niega. Una mañana de marzo de 2016, él y sus hijos fueron emboscados en el taller de tejas de la familia.

Mayra Ayala, de 45 años, y casi todos sus hijos, ahora viven ocultos y se mudan de una casa a otra en su viejo vecindario. Los apoya el hijo mayor, Alexander, quien sobrevivió a la masacre y ahora está solicitando asilo en Estados Unidos. Mayra siente cierta ambivalencia sobre la participación estadounidense en su país. Fue una de las iniciativas para combatir la violencia pandillera que destruyó a su familia; sin embargo, en muchos aspectos ha hecho que su vecindario sea más seguro.

“Hablar con policías es sentencia de muerte”, dijo Ayala. “Pero también está bien que estén en los cantones, porque si ellos no estuvieran allí, nosotros ya no estaríamos”.

Estados Unidos ha aumentado su involucramiento en el país en los dos últimos años; ha destinado cientos de millones de dólares y dirigido a decenas de miembros de la policía y del ejército para combatir a las pandillas que provocan que muchos salvadoreños huyan rumbo a la frontera estadounidense. La meta es crear un sistema de justicia que sea más autosuficiente; no obstante, es difícil dar seguimiento a los efectos de esa inversión.

Los asesores estadounidenses están capacitando a los policías que arrestan a los miembros de las pandillas. Los dólares que otorga Estados Unidos sirven para construir las prisiones donde se les encierra. En un centro instalado por los estadounidenses en San Salvador los detectives están aprendiendo cómo investigar mejor los crímenes. Es parte de un plan para enviar 760 millones de dólares al violento Triángulo Norte -El Salvador, Guatemala y Honduras-, un apoyo que los funcionarios estadounidenses y salvadoreños alertan que sería catastrófico terminar.

El presidente Donald Trump ha amenazado en varias ocasiones con eliminar el programa. Cree que la MS-13 es una fuerza peligrosa en Estados Unidos, pero ha manifestado escepticismo respecto de los esfuerzos para ayudar a erradicar esta organización criminal en El Salvador. Recientemente prometió eliminar la ayuda que Estados Unidos destina a Centroamérica.

El compromiso vacilante de Trump y su retórica agresiva -incluidas las afirmaciones de que la mayoría de los inmigrantes salvadoreños son pand