Estados Unidos presiona a Colombia con amenaza de recortes en la ayuda antidrogas

Trump otorgó una excepción que garantiza la continuidad de la asistencia antinarcóticos a Colombia, pese a la designación. Bolivia y Venezuela no recibieron dispensas similares y no han recibido asistencia en seguridad de EEUU desde hace más de una década.

El gobierno de Estados Unidos incluyó a Colombia en la lista de países que, según Washington, no cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas. Pero, por ahora, la medida es en gran parte simbólica, y la asistencia antinarcóticos seguirá llegando a la nación andina.

Colombia fue uno de los cinco países que el Departamento de Estado de Estados Unidos identificó como grandes productores o puntos de tránsito de drogas que no han enfrentado de manera adecuada el narcotráfico transnacional, según un comunicado de prensa del 15 de septiembre.

Otros dos países latinoamericanos, Bolivia y Venezuela, también fueron descertificados, junto con Afganistán y Birmania. 18 países más hacen parte de la lista, aunque la Casa Blanca consideró aceptables sus esfuerzos antidrogas.

Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump otorgó una excepción que garantiza la continuidad de la asistencia antinarcóticos a Colombia, pese a la designación. Bolivia y Venezuela no recibieron dispensas similares y no han recibido asistencia en seguridad de Estados Unidos desde hace más de una década.

En particular, las autoridades estadounidenses señalaron los niveles históricos de los cultivos de coca y de producción de cocaína en Colombia para justificar la medida, y criticaron al presidente Gustavo Petro por sus “fallidos intentos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas”.

La referencia apunta a la política de seguridad de Petro, conocida como Paz Total, que busca negociar con decenas de grupos criminales con el fin de reducir la violencia y atender las causas estructurales del conflicto armado que vive el país desde hace décadas.

No es la primera vez que Colombia queda en la mira de Estados Unidos por los esfuerzos antidrogas. El gobierno estadounidense descertificó a Colombia en 1997, cuando se acusó al Cartel de Cali del presunto financiamiento de la campaña presidencial del entonces mandatario Ernesto Samper.

Las autoridades de Estados Unidos señalaron que reconsiderarían la designación si el gobierno colombiano toma “acciones más agresivas” para erradicar la coca y reducir el tráfico de cocaína, así como si mejora la cooperación con Washington para “llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas”.

Como parte de los diálogos de Paz Total, Petro se ha comprometido a no extraditar a ciertos líderes criminales que negocian con su gobierno a Estados Unidos.

Sin consecuencias inmediatas

Aunque la descertificación de Colombia acaparó titulares en la región, no trae consecuencias inmediatas.

Si bien Washington afirmó que Colombia no ha cumplido con sus obligaciones, emitió una excepción que garantiza la “cooperación crítica de Estados Unidos”, en particular en los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico. En otras palabras, ninguno de los fondos aprobados por el Congreso de Estados Unidos para apoyar a Colombia ha sido suspendido. Al menos por ahora.

Pero la medida pone una fuerte presión política sobre Petro, justo cuando la administración de Trump intensifica sus esfuerzos para atacar el narcotráfico internacional en el sur del Caribe, donde las fuerzas estadounidenses ya han destruido al menos dos embarcaciones acusadas de transportar drogas. Es posible que Washington utilice la descertificación de Colombia como un mecanismo de presión para que Petro haga más no solo en el combate al narcotráfico en su país, sino también en Venezuela.

Durante años, Venezuela ha servido como refugio para grupos guerrilleros colombianos, primero para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ahora para el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Recientemente, el ELN se ha convertido en el actor dominante a lo largo de la frontera colombo-venezolana, principalmente en los departamentos de Arauca y en Norte de Santander, donde ha desplazado a gran parte de las disidencias de las FARC.

¿La Paz Total en riesgo?

Las exigencias de Washington de que Colombia endurezca su postura frente a los cultivos de coca y extradite a cabecillas criminales podrían debilitar la posición del gobierno de Petro en el marco de los diálogos de la Paz Total.

Mientras Petro ha intentado diferenciarse de administraciones pasadas en su política antidrogas —al alejarse de medidas de mano dura como la erradicación forzada y enfocándose en las causas estructurales—, la presión de Estados Unidos podría llevarlo a cambiar de rumbo. Desde que Trump asumió el poder a comienzos de este año, Petro ha hablado de reanudar la aspersión aérea de cultivos de coca con herbicidas como el glifosato, suspendida desde 2015.

Una de las principales demandas de los grupos armados en negociación es que el gobierno adopte políticas progresivas, y no punitivas, hacia los cultivadores de coca.

Aceptar la extradición de jefes criminales contradice directamente ese objetivo. Los grupos buscan beneficios judiciales a cambio de dejar las armas, por lo que las negociaciones probablemente se derrumbarían si ven la posibilidad de ser enviados a Estados Unidos, donde enfrentarían largas condenas de prisión.

El proceso de la Paz Total ya enfrenta dificultades políticas. A menos de un año del final de su mandato, los avances en las mesas de negociación son mínimos. Los cultivos de coca y la producción de cocaína siguen en niveles récord, y los grupos criminales han expandido su influencia y se han consolidado, en algunos casos apalancados por los ceses al fuego pactados con el gobierno bajo la bandera de la Paz Total.

Petro tiene decisiones difíciles por delante. Falta ver si logra mantener a flote las actuales negociaciones de paz hasta el final de su gobierno y, al mismo tiempo, demostrar voluntad de cooperar con Estados Unidos al aislar a Venezuela y extraditar a jefes criminales que no participan en los diálogos.