Experiencias de autonomía indígena en Latinoamérica

Durante las últimas décadas han sido numerosas las iniciativas de articular un sistema de seguridad en América Latina en los márgenes del Estado, en el sentido de que no encuentra un respaldo jurídico formal, cuya gran mayoría han sido protagonizadas por comunidades indígenas (naciones históricas) que sufrían por un lado la violencia extrema de grupos criminales y terroristas y, por el otro, el maltrato, discriminación, corrupción y, en el mejor de los casos, la indiferencia por parte del Estado.

Así, hartos de la situación y conscientes de su capacidad organizativa y de resistencia fundaron en primera instancia, lo que en este artículo denominamos (de modo reduccionista), una “organización o grupo de autodefensa”, que a lo largo y ancho del continente americano ha tomado, como es evidente, multitud de formas, discursos, simbología, aliados de lucha y estrategias, evolucionando, algunas de ellas, en entidades comunitarias cada vez más complejas (en términos de número de instituciones creadas/albergadas, diversidad de funciones y capital humano).

Sin embargo, esta evolución dependerá, según María Teresa Sierra, básicamente de tres factores: la hegemonía que el Estado ha construido en las diferentes regiones; los contextos en los que se desarrollan dichas experiencias y, especialmente la fuerza e historia de resistencia y organización existentes en las distintas regiones del país. A continuación explicaremos brevemente tres de estas experiencias nacidas en los años 70 y 80 que aún hoy suponen un reto, y a la vez una oportunidad para el Estado en aras de reconocer un sistema de autonomías territoriales indígenas que, en palabras de Sierra, enriquezcan el debate de la democracia, la nación y la pluralidad obligándonos a pensar en otros paradigmas que oxigenen la política generando alternativas de vida y paz.

Rondas Campesinas en Cajamarca (Perú)

Se define comúnmente como una organización comunal de defensa y surgen en las zonas rurales del norte del país a mediados de los años 70. En términos del poder oficial comunal, el vacío dejado por los terratenientes fue copado con una nueva clase de pequeños comerciantes que surge de los estratos más acomodados del sector campesino con apoyo de algunos representantes del aparato burocrático.

Un factor fundamental que alimentó la necesidad de un grupo de autodefensa fue el abigeato (robo de ganado). No se robaba para autoconsumo, sino para vender. La ronda se gesta para lidiar con elabigeato de ganado vacuno y caballar. Dado que en la mayoría de los casos es el campesino más acomodado el que se dedica a la producción de ganado, y es de este sector de donde provienen las iniciativas y esfuerzos para la constitución de las rondas. Cabría resaltar también que una cierta ideología, ausencia de las instituciones del Estado, posesión de armas (de caza la mayoría), y una cierta conciencia de clase o de sector (campesinos) ayudó a construir la autonomía de las rondas que se hace explícita a partir del momento en el cual empieza a asumir funciones propias del Estado como consecuencia del vacío de representatividad y de justicia a nivel local.

Sin embargo, pese a que el Estado se ve deslegitimado por la usurpación de sus funciones de defensa, recurre a las rondas en lo referente a la administración de justicia. Así, por ejemplo, desde 1991, los conflictos registrados en el juzgado de Chota disminuyeron en un 90%. Y no sólo esto, es importante también su función de articular las demandas de comunidades locales a través de los ronderos, y su función de crear otras instituciones en la medida en que las Rondas son la principal arena o espacio de socialización, así y siguiendo a Tarrow, esta estructura de oportunidades puede abrir a su vez ventanas de oportunidades especialmente durante un conflicto.

Consejo Regional Indígena del Cauca (Colombia)

Esta organización de pueblos indígenas, denominada también Autoridad Tradicional Indígena del Cauca, está conformada por 84 resguardos y 115 autoridades tradicionales de 11 pueblos indígenas del Departamento del Cauca, lo que representa alrededor del 20% de la población indígena en Colombia. Así mismo, el proyecto, que empezó alrededor de 1971 en medio de un contexto violento como el Conflicto Armado Colombiano y que tuvo como primer objetivo fijar unos lineamientos básicos para construir una estrategia conjunta para proteger sus tierras, mejorar condiciones de vida y dar a conocer su cultura y justicia, evolucionó paulatinamente en una estructura institucional (a escala regional). Ésta, con el aporte y motivación de los 11 pueblos indígenas del Cauca plantean hoy Planes de Vida (algo más que ‘políticas públicas integrales’) tanto a nivel regional como local de largo plazo con una especial cuidado en la representatividad, eficiencia, inclusión, financiación y equidad. Según fuentes oficiales, actualmente se está llevando a cabo incluso un Sistema de Educación Propia y un Sistema Propio de Salud, fundamentado en el Derecho Propio y desde las Normas constitucionales y legales vigentes.

Coordinadora Regional de las Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria Guerrero (México)

Hace casi 20 años, en la comunidad de Santa Cruz el Rincón, ubicada en el sureste del Estado de Guerrero, los pueblos Na´Savi y Me´Phaa se reunieron para crear los primeros grupos de Policía Comunitaria (PC) que buscarían brindar seguridad a los pobladores de las Asambleas Comunitariasen un contexto de permanente violación de su propiedad, agresiones físicas, sexuales y total impunidad como reconocen diversas ONGs y estudios académicos. No obstante, como apunta Estrada, a pesar de que existe una falta de servicios públicos, las autodefensas no surgen, por lo general, en lugares de pobreza extrema, carentes en absoluto de recursos y riqueza.

Por ejemplo, en los años 80 en Guerrero, el cultivo del café y los subsidios gubernamentales generaron un excedente económico e incrementaron la masa y el valor de la producción. De este modo, la construcción de la Policía Comunitaria, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y el Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, además de contar con una cierta capacidad autofinanciera, cuenta con una amplia participación de las comunidades mediante un largo proceso de reuniones donde se propone, discute y consensúa. La formación del cuerpo armado se da a partir del reclutamiento de voluntarios (sin sueldo) designados por el sistema de cargos por cada comunidad que decidiese incorporarse a la PC. De este modo, lo que empezó como una red de vigilancia que albergaría a varias comunidades, se ha transformado en un complejo entramado institucional que intenta ocupar los espacios de ausencia, inacción o ineficacia, es decir, administra no sólo seguridad, sino justicia y reeducación dentro de una especie de jurisprudencia indígena. Así lo explica la propia CRAC-PC en uno de sus comunicados:

“Durante los primeros tres años tuvimos la experiencia de que los delincuentes, detenidos y entregados a las autoridades oficiales rápidamente eran liberados y a veces regresaban con más furia a atacar a nuestros pueblos. Tenemos claro que en México se puede pagar y comprar la justicia. Para nosotros buscar la justicia es buscar la verdad. La palabra verdadera.”

Retos (más o menos) en común

A pesar de las numerosas diferencias, como hemos mencionado anteriormente, varios son los elementos que en su esencia esconden cada uno de estos grupos, tales como la de función de autodefensa y consecuentemente la función de justicia propia y la función socializadoraresignificando (o reforzando) fiestas, memoria, ritos y tradiciones como simbología instituyente que posibilita la creación de instituciones alternas democráticas y dirección política a la acción colectiva. Así mismo, también se observa que una vez solventado el problema de la seguridad, iniciativas de otra índole son desarrolladas, como la de crear sistemas de educación propios, dando especial importancia a la lengua materna y a la transmisión oral de su historia, o iniciativas que a través de una mayor autonomía y la acción colectiva (como cooperativas), reduzcan la carga impositiva e intermediación del Estado en cuanto a la sustentabilidad de su economía.

Pero aún quedan muchos desafíos que estas organizaciones deben enfrentar, como la necesidad de cambiar el discurso por uno más popular cuando gran cantidad de personas que (todavía) no se consideran indígenas deseen unirse, o como la ampliación de la participación y mayor igualdad de las mujeres respecto a los hombres, sobre todo en la administración de la justicia y órganos representativos. Así mismo, el discurso de los derechos humanos también suponen un arma de doble filo al haber posibilitado mayor conciencia y respeto hacia los derechos de las comunidades indígenas, pero al mismo tiempo, al ser utilizado por parte del discurso oficial para deslegitimar sus formas de detener, procesar y ‘reeducar’ (trabajos forzosos para la comunidad) a los hallados culpables de robo, violación o asesinato.

Y, por último, la reinvención de la justicia indígena respecto al derecho del estado, que vendrá determinado por las relaciones de hegemonía y mutua interacción entre ambos derechos, lo cual ha marcado su desarrollo desde la experiencia colonial.