Informe Albanese Naciones Unidas. Genocidio en Gaza: un crimen colectivo

El informe “Genocidio en Gaza: un crimen colectivo” de la relatora especial de la ONU Francesca Albanese sitúa la tragedia palestina en el corazón del derecho internacional. No solo responsabiliza a Israel del genocidio en curso, sino que interpela directamente a los Estados que lo han permitido con su silencio, su comercio y sus armas.

El 20 de octubre de 2025, se ha presentado el adelanto del informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 , documento A/80/492. El informe tiene como título: Genocidio en Gaza: un crimen colectivo, y se centra en la ayuda que terceros países han proporcionado a la ocupación ilegal israelí y su genocidio del pueblo palestino. Convencido de la importancia de este informe y de que la información importante requiere de datos y no se transmite adecuadamente en cápsulas de pocos caracteres, el objetivo del presente artículo no es otro que resumir fielmente los contenidos más relevantes de dicho informe.

Marco Jurídico

La utilización del término Genocidio se apoya en el informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas, que el 16 de septiembre de 2025 concluyó que Israel está cometiendo genocidio en la Franja de Gaza, reafirmando la obligación de todos los Estados de prevenir el genocidio, de cesar en la comisión y/o el de perpetran y/o incitan a él.

En 2004, en su Opinión Consultiva sobre el Muro, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) advirtió a la comunidad internacional de su obligación de poner fin a las graves violaciones de las normas imperativas del derecho internacional. En julio de 2024, veinte años más tarde, la CIJ determinó la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el conjunto de los territorios palestinos ocupados y la obligación de Israel de retirarse total, incondicional y lo más rápidamente posible. El 18 de septiembre de 2024 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución (ES-10/24) que reafirma el carácter vinculante de las obligaciones jurídicas de la CIJ, donde se declara que la ocupación debía ser desmantelada antes del 17 de septiembre de 2025. Todos sabemos que esto. Por eso, escribe Albanese, que sin la participación directa, la ayuda y la asistencia de otros Estados, la prolongada ocupación ilegal israelí del territorio palestino, que ahora se ha convertido en un genocidio en toda regla, no habría podido mantenerse. De hecho señala que la conducta de los Estados y de las organizaciones internacionales constituye complicidad cuando sus acciones ayudan y asisten de tal modo que: 1- permiten o facilitan, material o sustancialmente, la comisión del acto ilícito, y 2- se realizan con pleno conocimiento de las circunstancias, incluida la inminencia o la realidad del acto il. Además, el Tratado sobre Comercio de Armas prohíbe las transferencias de armas y otros artículos relacionados con el ámbito militar, cuando se sabe o debería saberse que los artículos se utilizarán en delitos internacionales. Estas prohibiciones también se aplican al tráfico y transbordo. La Convención sobre el Derecho del Mar permite a los Estados denegar el paso seguro, en otras palabras impedir el “paso no inocente”, cuando el paso de un barco no es “conforme a las normas de derecho internacional” y corre el riesgo de convertir al Estado en cómplice de crímenes internacionales, violaciones de las obligaciones de la carta de Naciones Unidas o normas imperativas.

El informe identifica cuatro sectores del apoyo a Israel: diplomático, militar, económico y «humanitario» que se desarrollan a continuación.

Genocidio bajo el disfraz de acciones diplomáticas y políticas

Escribe Albanese literalmente que después del 7 de octubre de 2023 la mayoría de líderes occidentales repitieron como loros las narrativas israelíes, difundidas por los medios de comunicación estatales y corporativos, repitiendo afirmaciones ya desmentidas y borrando las diferencias fundamentales entre combatientes y civiles. Los israelíes fueron descritos como “civiles” y “rehenes” y los palestinos como “terroristas de Hamás” y como objetivos “legítimos” o “colaterales”, “escudos humanos” o “prisioneros” detenidos ilegalmente. Dice también Albanese que el entonces presidente Biden, citó repetidamente informes sin fundamento sobre “bebés decapitados”. El ahora primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, defendió entonces el derecho de Israel de cortar el suministro de agua y electricidad a la población civil. Tras el 7 de octubre de 2023, EEUU utilizó el poder de veto 7 veces, controlando las negociaciones de alto el fuego y dando cobertura diplomática al genocidio israelí. Esto lo hizo con el alineamiento de muchos Estados occidentales. No fue hasta febrero de 2024 cuando algunos estados empezaron a mostrar reticencias al anuncio israelí de la invasión de Rafah, pero al mismo tiempo retiraron su financiación a la Agencia de Naciones Unidas por los Refugiados de Palestina (UNRWA). Esta acción diplomática creó una ilusión de progreso, pero las acciones concretas para detener a la barbarie se vieron frustradas repetidamente.

Las sanciones cumplieron una función similar, creando falsas expectativas mientras continuaba el genocidio. En 2024, Australia, Canadá, la UE, Nueva Zelanda y Reino Unido sancionaron a algunos colonos y organizaciones extremistas y en junio de 2025 los ministros israelíes Itamar Ben-Gavir y Bezalel Smotrich fueron sancionados por Australia, Canadá, Noruega y Reino Unido. Estas acciones diplomáticas aisladas, no han afectado al sistema y estructuras estatales israelíes. Los estados árabes y musulmanes, por su parte, apoyaron la causa palestina y redactaron un plan (Plan Árabe), pero su acción no fue decisiva. Albanese escribe que la normalización para establecer relaciones diplomáticas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, mediante los Acuerdos Abraham (2020), ha modificado los incentivos económicos. Según el Informe, estados influyentes de la región facilitaron rutas terrestres a Israel sin pasar por el Mar Rojo, mientras Qatar y Egipto trataban de negociar acuerdos de alto el fuego, Qatar tiene la base militar más importante de EEUU en la región y Egipto mantuvo importantes relaciones económicas y de seguridad con Israel, incluida la cooperación energética y el cierre de la cooperación energética.

Algunos Estados no occidentales han presentado demandas en los tribunales internacionales para exigir responsabilidades. Suráfrica contra Israel por genocidio en la CIJ, demanda que ha recibido el apoyo de 13 países, y Nicaragua contra Alemania, por incitación y apoyo al genocidio, demanda que no ha recibido el apoyo de ningún otro estado. Los Estados tampoco han invocado leyes nacionales contra empresas o personas cómplices. Por lo que se refiere a las órdenes de detención de la CIJ sobre Benjamín Netanyahu y Yoav Galant, sólo 7 países remitieron la situación a la CIJ y 37 Estados se mostraron críticos o evasivos, lo que indica la intención de no cumplir las órdenes de detención. Para paralizar las acciones de la CIJ, EEUU impuso sanciones y el Reino Unido amenazó la financiación. Netanyahu viajó libremente por el espacio aéreo europeo y visitó Hungría, que se había retirado de la CIJ en abril de 2025.

Desde octubre de 2023, Belice, Bolivia, Colombia, Nicaragua han suspendido sus relaciones con Israel y otros seis Estados, Bahréin, Chad, Chile, Honduras, Jordania, Turquía y Sudáfrica han rebajado el nivel de relaciones con Israel. El denominado Grupo de La Haya, fue creado el 31 de enero de 2025, bajo el liderazgo inicial de Colombia y Sudáfrica, para proteger y defender a la CIJ y la Corte Penal Internacional, y es una iniciativa para detener el genocidio, de hecho los Estados que forman parte se comprometieron a aplicar seis medidas concretas contra Israel.

Estas iniciativas   han quedado en entredicho pues como escribe Albanese, el 30 de septiembre de 2025, muchos Estados , entre ellos Egipto, Indonesia, Jordania, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, apoyaron el “Plan Trump”, a pesar de su silencio sobre la cuenta de la Justicia transicional y la imposición de un mecanismo temporal de gobernanza imperial extranjero para Gaza que enterra aún más, en lugar de hacer realidad, la autodeterminación palestina.

Vínculos militares: proporcionar los medios de destrucción

Tal y como describimos aquí para el período 2015-2023, los datos del SIPRI de 2024 recogidos en el informe, indican que los tres principales suministradores de armas en Israel, siguen siendo EEUU, Alemania e Italia. El informe también destaca que pocos Estados occidentales, entre ellos España y Eslovenia, han cancelado contratos e impuesto embargos.

El principal suministrador de armas en Israel es EEUU (2/3 del total), que otorga a Israel una “ventaja militar cualitativa” y lo hace el principal receptor de la Financiación Militar Extranjero (FMF). Desde octubre de 2023, EEUU ha realizado 742 envíos de armas a Israel y el congreso de EEUU ha aprobado varias partidas milmillonarias para Israel. Además, Israel tiene permiso para utilizar los fondos FMF para comprar sus propias armas. Tras el 7 de octubre de 2023, altos cargos políticos y militares de EEUU viajaron muy a menudo a Israel para mantener conversaciones operativas sobre la «conducta militar» israelí en Gaza. El informe describe las cantidades y tipos de armamento suministrado.

Alemania, ha sido el segundo mayor exportador de armas en Israel durante el genocidio. Entre octubre de 2023 y julio de 2025, Alemania suspendió las evaluaciones éticas y legales de sus ventas de armas a Israel, y expidió tantas licencias de exportación, que representan el 15% del total de los últimos 22 años. En agosto de 2025 el canciller Merz suspendió temporalmente futuras exportaciones de armas a Israel, pero un mes después volvió a aprobarlo por un valor de 2,46 millones de euros.

Italia, el tercero mayor exportador de armas a Israel en 2020-2024 ha argumentado que cumple con las obligaciones legales de cesar las exportaciones, pero al mismo tiempo mantiene los acuerdos existentes y no interviene en el tráfico desde otros Estados.

Otros Estados han suministrado piezas, componentes y armas a Israel mediante un sistema opaco que oculta las transferencias, incluidas las de “doble uso” y las indirectas. Entre octubre de 2023 y octubre de 2025, 26 Estados realizaron al menos 10 envíos de armas y municiones a Israel, entre ellos China, incluyendo Taiwán, India, Italia, Austria, España, Chequia, Rumanía y Francia. Los aviones, vehículos terrestres, drones, perros y artículos de doble uso, como circuitos integrados, son difíciles de rastrear. 19 Estados (Australia, Bélgica, Canada, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, Japón, Países bajos, Noruega, Polonia, Corea del Sur, Rumania, Singapur, Suiza, Reino Unido y EEUU), han suministrado piezas para el caza F-35, clave en los. De éstos, 17 habían firmado el Tratado sobre el Comercio de Armas. Los Estados suelen argumentar que las armas que suministran a Israel son «defensivas» y «no letales», categorías o distinciones no reconocidas en el Tratado.

Israel también fabrica armas y las exporta (23% del total de sus exportaciones), lo que mejora su capacidad económica para su fabricación. Un punto fuerte de su tecnología, es que estas armas se venden ya probadas, con palestinos como objetivos. El genocidio ha permitido a Israel ampliar la gama de armamento y sistemas de vigilancia. Como resultado, durante el genocidio el valor de las exportaciones de armas ha incrementado un 18% y las exportaciones a la Unión Europea se han duplicado más, representando el 54% de las exportaciones de armas de Israel en 2024.

Muchos Estados han permitido la utilización de sus puertos y aeropuertos por el tráfico de armamento con destino a Israel. El informe pone como ejemplo a Italia, Países Bajos, Irlanda, Francia y Marruecos.

La militarización de la ayuda: la creación de las condiciones de vida para el genocidio

Antes del 7 de octubre de 2023, el bloqueo ilegal de Gaza por parte de Israel y Egipto, con graves restricciones al movimiento de mercancías, provocó que el 80% de la población dependiera de la ayuda, 1,1 millones de personas directamente de la UNRWA, que es la base de la economía, la sociedad y la sociedad. A partir de octubre de 2023 el bloqueo ha sido total, con una media de 107 camiones al día entre octubre de 2023 y enero de 2025. En agosto de 2025 se declaró oficialmente el estado de hambruna.

Violando las obligaciones de garantizar medios adecuados de supervivencia, como reafirmó la CIJ, la genocida campaña de Israel ha tratado, deliberadamente, de destruir el sistema humanitario que sustenta la población de Gaza. Lo ha hecho mediante: 1- el bombardeo directo de los almacenes de la UNRWA, centros de distribución de alimentos, clínicas y escuelas, causando la muerte de más de 370 personas; 2- campañas de difamación contra la UNRWA y 3- la promoción de agencias pseudo-humanitarias.

Cuando Israel acusó, sin pruebas, que el personal de la UNRWA estaba involucrado en los acontecimientos del 7 de octubre, 18 Estados suspendieron de inmediato la financiación, apoyando acríticamente la versión israelí. Pese a que las investigaciones no fueron concluyentes, el personal acusado fue despedido y la mayoría de donantes tardaron meses en volver a contribuir a la UNRWA. EEUU aprobó una ley para prohibir la financiación de la UNRWA, cuando Knesset ilegalizó las operaciones de la UNRWA. Sólo unos pocos Estados pidieron una opinión consultiva a la CIJ.

El brutal ataque contra el sistema de Naciones Unidas se complementó con el intento de sustitución por un mecanismo de ayuda controlado por Israel y EEUU, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF). La GHF utilizó la distribución de ayudas mediante centros gestionados por el ejército Israelí y con mercenarios estadounidenses, para facilitar el desplazamiento forzoso de palestinos hacia Egipto, anticipando el plan Riviera de Gaza, que habría conducido al desplazamiento forzoso de los palestinos. En los puestos de actuación de la GHF, fueron asesinados 2100 civiles desarmados y cientos de miles fueron heridos por las fuerzas israelíes y los contratistas estadounidenses de la GHF. En lugar de oponerse a esta catástrofe humanitaria, Bélgica, Canada, Dinamarca, Jordania y Reino Unido, entre otros lanzaron ayuda en paracaídas. Esto sólo sirvió para engañar a la opinión pública internacional mientras el hambre empeoraba.

En varios momentos cruciales, en lugar de cumplir con sus obligaciones legales, los terceros Estados han contribuido al deterioro de las condiciones de vida, implicándose así en el devastador impacto causado a la población civil en situación de extrema necesidad.

Relaciones económicas y comerciales: el combustible y los beneficios del genocidio

Las violaciones del derecho internacional suelen incorporarse a los tratados de comercio. Por ejemplo, el tratado de libre asociación entre la Unión Europea e Israel contempla en una “cláusula de elementos esenciales” los derechos humanos y los principios democráticos. A día de hoy, la propuesta de cancelar las preferencias comerciales básicas sobre el 37% de las exportaciones israelíes a la UE aún no se ha aprobado.

Los Estados también deben suspender el comercio de productos de doble uso, como hizo la UE cuando Rusia invadió Ucrania. El mayor comercio de doble uso es el de circuitos integrados entre Irlanda e Israel, que ha pasado de los 2.200 millones de dólares en 2022 a 3.200 millones en 2024. De hecho ningún acuerdo comercial firmado con Israel desde 1967 ha sido suspendido, sólo algunos Estados, entre los que destaca Turquía, han reducido el comercio durante el . En cambio, otros han aumentado el comercio con Israel durante el genocidio, entre ellos Alemania (+836 millones de dólares), Polonia (+237), Grecia (+186), Italia (+177), Dinamarca (+99), Francia (+75) y Serbia (+56). Esto también ha ocurrido con los países Árabes, Emiratos Árabes Unidos (+237), Egipto (+199), Jordania (+41) y Marruecos (+6).

Como dice el título de esta sección, el genocidio no sería posible sin el combustible suministrado en forma de comercio con Israel, a menudo sin distinguir las transacciones en los territorios palestinos ocupados, lo que representa un reconocimiento implícito de la autoridad israelí sobre los colonos ilegales y sus negocios, así como sobre las tierras anexionadas.

Recomendaciones de la Relatora

Los Estados están obligados a no participar ni ser cómplices de las violaciones israelíes y en cambio si a prevenir y abordar las infracciones graves del derecho internacional, en particular las establecidas en la carta de Naciones Unidas y la Convención del Genocidio.

Insta a los Estados a ejercer presión por un alto al fuego completo y permanente, la retirada de las fuerzas israelíes, a adoptar medidas para poner fin al acoso de Gaza, asegurar el despliegue de convoyes terrestres y navales para garantizar el acceso humanitario seguro y viviendas móviles antes del invierno. También apoyar la apertura del aeropuerto y puerto de Gaza para facilitar la ayuda.

Más allá de la emergencia los Estados deben reconocer la autodeterminación y la justicia palestinas como elementos esenciales para una paz y una seguridad duraderas, y por tanto 1.- suspender las relaciones militares, comerciales y diplomáticas con Israel; 2- investigar y enjuiciar a todos los funcionarios, empresas y personas involucradas o que hayan facilitado el genocidio, la incitación, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, así como otras violaciones graves del derecho internacional humanitario; 3- garantizar las reparaciones, incluida la reconstrucción total y el retorno; 4- cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia; 5- Reafirmar y reforzar el apoyo a la UNRWA y al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto; 6- suspender Israel de las Naciones Unidas en virtud del artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas; 7- Actuar en virtud de la resolución 377(V) de la Asamblea General, “Unidos por la Paz” para garantizar que Israel pone fin a la ocupación.