Intimidan y amenazan a los que hacen denuncias en Venezuela

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Foto: THOMAS COEX AFP/GETTY IMAGES

En Zulia, un estudiante recibe una llamada en su celular cuando estaba en una tienda de autopartes, la persona le describe la ropa que él viste y procede a advertirle que si no deja de utilizar su cuenta de Twitter para hacer denuncias, lo van a matar.

En Caracas, un abogado es interceptado en la calle. El agresor le encañona por la espalda con un arma de fuego y luego desaparece. Posteriormente, el jurista se entera que a su asistente le habían hecho exactamente lo mismo, a la misma hora, en otra zona de la ciudad. El mensaje dirigido a ambos es muy claro: si no dejan de hablar en defensa de los presos políticos un día cercano encontrarían sus cadáveres en la calle.

En Barquisimeto, un ingeniero manejaba su auto con su esposa al lado. Súbitamente, son obligados a detenerse por patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Al corroborar su identidad, se lo llevan detenido. ¿Su crimen? Advertir públicamente sobre los problemas de generación eléctrica en la Represa del Guri, y la posibilidad de que este año se produzcan más interrupciones en el servicio.

Hablar nunca ha sido tan arriesgado en Venezuela, en momentos en que la Revolución Bolivariana incrementa el uso de prácticas intimidatorias para tratar de silenciar toda crítica contra el régimen de Nicolás Maduro.

En el caso de Luis Vásquez Corro, presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros del estado Lara, su arresto durante el pasado fin de semana denota nuevamente como el régimen hace uso del sistema judicial como instrumento de persecución política, explicó desde Miami Patricia Andrade, presidenta de la ONG Venezuela Awareness.

“Lo único que el hizo fue dar una opinión en base a sus conocimientos como experto y se lo llevaron preso”, dijo Andrade.

“Están criminalizando la opinión en Venezuela y el criterio que están utilizando sobre lo que se puede o no se puede decir es el de la ‘Revolución’. Eso es gravísimo, porque ahora cualquier opinión desfavorable para el régimen puede conducir a una persona a prisión”, señaló.

Vásquez Corro, al ser consultado por el diario El Impulso, había manifestado preocupación sobre los niveles de agua de la represa hidroeléctrica de Guri, la mayor y la principal fuente de generación de energía del país.

Vásquez Corro había calificado la situación de la represa como “muy grave”, señalando que mostraba una cota de 254.05 metros sobre el nivel del mar, muy cercana a la mínima de 240 metros.

“Si en los próximos días no llueve en las cabeceras de la represa El Guri, se tendrían que apagar las turbinas de este sistema hidroeléctrico que suministra energía a gran parte de Venezuela, incluyendo al estado Lara”, advirtió el ingeniero.

Para el régimen, ese pronunciamiento es criminal. Vásquez Corro fue imputado por violar el Artículo 296 del Código Orgánico Procesal Penal, que contempla la figura de Difusión de Falsas Noticias.

Pero si bien las declaraciones de Vásquez Corro condujeron a su detención, en el caso del estudiante Freddy Carrizo sus comentarios podrían tener repercusiones mucho más graves.

“Yo ahorita estoy escondido”, dijo Carrizo desde el estado Zulia en una entrevista por Skype “Me están buscando para matarme”.

Carrizo, de 26 años, comenzó a recibir amenazas de muerte tras verse inmerso en una controversia a través de la red social Twitter con la teniente de la Guardia Nacional Yendri Velázquez, esposa del difunto capitán Ramzor Bracho, quien murió durante las manifestaciones estudiantiles del año pasado.

Poco antes, Velázquez había participado en una discusión pública en el marco de la Cumbre de las Américas en Panamá con Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López.

Velazquez -quien en vídeo increpaba a Tintori, acusando a López de ser el responsable de la muerte de su esposo- fue felicitada al regresar por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien también honró la memoria de Bracho.

Pero Bracho no era ningún héroe, afirmó Carrizo.

“Mató a mi madre”, enfatizó el joven.

“Y yo se lo dije por Twitter a Yendri Velázquez, que su esposo asesinó a mi mamá el 4 de marzo del 2004 en una protesta contra [Hugo] Chávez, con un disparo en la espalda”, bajo la mirada de docenas de testigos, manifestó Carrizo.

Bracho nunca fue investigado.

Poco después del intercambio por Twitter, Carrizo comenzó a recibir llamadas amenazantes.

“Me decían que me iban a meter una bala en la boca por estar desprestigiando la memoria del capitán, por estar metiéndome con el gobierno”, relató. “Cuando me llamaron por primera vez yo estaba en una venta de repuestos, me llamaron, me dijeron cómo estaba vestido, que tenía puesto. Lo que hice fue trancar el teléfono y me escondí”.

Carrizo no ha vuelto a salir a la calle desde entonces, pero sus allegados le han dicho que no regrese a su vecindario dada a una inusual presencia de agentes de la Guardia Nacional.

Pero si las amenazas han obligado a Carrizo a esconderse, lo mismo no ha sucedido con el abogado de los derechos humanos José Vicente Haro, quien lleva ya varias semanas recibiendo llamadas anónimas.

“En los últimos meses y, especialmente, desde febrero 2015, mi equipo, la doctora Pierina Camposeo y mi persona, hemos recibido constantes y permanentes amenazas de muerte vía telefónica a través de números que aparecen en la pantalla de nuestros teléfonos como ‘numero oculto’ o ‘numero privado'”, dijo Haro recientemente en una carta pública.

“A ello se han sumado amenazas a través de imágenes y mensajes vía Twitter dirigidos directamente a mí con mensajes acompañados de lo mismo: amenazas de muerte con imágenes de fotos de lo que sería mi cadáver en la calle -bañado en sangre- así como de lo que sería mi cadáver en una de las salas de la morgue de Bello Monte, también bañado en sangre, imágenes que son, efectivamente, las de un cadáver y que sostienen, en esos mensajes, será mi cadáver pronto”, relató.

El objetivos de las amenazas es obligar a Haro a dejar de lado las causas en las que él y su asistente defienden gratuitamente -pro bono- a presos políticos que fueron privados de libertad con motivo de las manifestaciones y protestas del año pasado.

Pero las amenazas adquirieron una mayor intensidad el 15 de marzo cuando ambos fueron abordados en la calle por hombres armados, “el mismo día, a la misma hora en dos sitios diferentes de la ciudad, todo coordinado”, relató Haro en la carta.