Justicia argentina pide investigar a Cristina Kirchner

El cerco judicial sobre Cristina Fernández de Kirchner se estrechó aún más con nuevos reveses en los tribunales. La Cámara Federal pidió este jueves a un juez investigar “las sospechas que involucran a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo anterior, el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Obras Públicas” por sus vínculos con el empresario procesado por lavado de dinero Lázaro Báez, quien se encuentra en prisión preventiva desde abril. De forma paralela, otro juez ordenó una decena de allanamientos en la sureña provincia de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, en el marco de la causa que investiga a la exmandataria por presunto delito de enriquecimiento ilícito y adulteración de documentos públicos.

En su duro fallo, los magistrados consideraron inviable que el juez Sebastián Casanello investigue el “extraordinario incremento patrimonial ilícito” de Lázaro Báez sin analizar su relación con las máximas autoridades de la gestión kirchnerista. La Cámara quiere saber si hubo un acuerdo “para hacerse espuriamente de fondos públicos, de forma planificada y continuada, -a través de influencia, decisión directa o connivencia de integrantes del poder político”. “Es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, continúa el escrito.

Lázaro Báez, amigo personal de Néstor Kirchner, pasó en pocos años de ser un empleado bancario a controlar gran parte de la obra pública santacruceña. En diez años logró contratos por valor de 800 millones de dólares y amasó una gran fortuna personal que ahora es examinada con lupa en busca de dinero negro. La causa por presunto lavado contra él y su familia avanza a gran velocidad. Su hijo Martín Báez se encuentra también procesado, después de haber aparecido contando millones de euros y dólares en un vídeo grabado en una financiera. Sus otros tres hijos -Leandro, Melina y Luciana- están citados a declarar en las próximas semanas por el hallazgo de al menos 25 millones de dólares en cuentas radicadas en Suiza.

En la otra causa que avanzó hoy, el juez Claudio Bonadío -uno de los más enemistados con los kirchneristas-, ordenó allanar inmuebles de la sociedad Los Sauces, propiedad de los Kirchner, en tres localides de Santa Cruz. La exmandataria confirmó los registros a través de la red social Twitter, donde declaró ser víctima de “un abuso de poder y persecución política” que tiene como máximo objetivo verla entre rejas.

“Nunca van a poder tapar son las consecuencias de un plan económico que sólo distribuye pobreza para los trabajadores, las clases medias y los pequeños y medianos empresarios. ¡Y subordinación nacional para todos y todas! ¿Creerán que de esta manera lograrán disciplinar a la dirigencia política, sindical o social opositora?”, señaló en una catarata de tuits en los que sostuvo que se trata de una operación para desviar la atención de las políticas macristas.

“Tal vez podrán con algunos, o tal vez con todos. Conmigo no. No cuenten con ello”, dijo desafiante. Los hechos van en dirección contraria a sus palabras. Las causas judiciales contra Fernández de Kirchner y altos cargos de su Gobierno se han multiplicado desde que perdieron el poder, mientras su poder parlamentario mengua día a día por las luchas internas de poder y las deserciones.