La cumbre de la “paz” de Gaza

La ceremonia simbólica en la que se firmó la “Declaración de Trump para la paz y la prosperidad duraderas” no es ningún proceso mediado y acordado: su objetivo no es asegurar un alto al fuego ni hacer a Israel responsable por el genocidio, sino cumplir los objetivos de guerra de Tel Aviv por otros medios.

El 13 de octubre se reunieron en Sharm El Sheikh, Egipto, los representantes de 30 países para celebrar una cumbre internacional con motivo de los acuerdos alcanzados en la Franja de Gaza.

Presentada como una cumbre de “paz”, esta pantomima organizada por el presidente estadounidense, Donald Trump, fue esencialmente una operación de imagen para darle una importancia sobredimensionada al acuerdo de intercambio de prisioneros sellado con la resistencia palestina y remachar el apoyo a su plan colonial de 20 puntos, rechazado por Hamás.

Este ultimátum, que busca desarmar a las fuerzas palestinas y convertir la Franja de Gaza en un consorcio internacional, recibió el apoyo de Catar, Egipto y Turquía –mediadores del acuerdo– en una ceremonia simbólica en la que se firmó la “Declaración de Trump para la paz y la prosperidad duraderas”.

Como muestra del carácter de esta cumbre, no estuvieron presentes ni las fuerzas palestinas que combaten en la Franja de Gaza, solamente la Autoridad Palestina sin ningún papel especial, ni Israel. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, si bien fue invitado, fue disuadido de acudir ante la amenaza de boicot por parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogán. Otro de los invitados que no estuvo presente fue Irán, que prefirió ahorrarse el mal trago de acudir a semejante espectáculo.

Fuerza multinacional para la seguridad de Israel

Ahora los esfuerzos de este grupo se mueven a la siguiente fase, que tiene como principal objetivo desarmar a la resistencia palestina y aprobar el despliegue de una fuerza multinacional en la Franja de Gaza. Se espera que Egipto lidere la nueva “fuerza de estabilización internacional” en el enclave palestino –bajo un plan de la ONU respaldado por Estados Unidos y la Unión Europea–, que tendría poderes para “supervisar la seguridad” y usar la fuerza.

Aunque no operaría como una misión de mantenimiento de la paz de la ONU, en su sentido formal, sí recibiría la aprobación para su mandato del Consejo de Seguridad mediante una resolución. En su lugar, operaría con poderes similares al de un cuerpo internacional, como el desplegado en Haití para combatir a las bandas armadas.

No se espera que participen tropas europeas o británicas, pero Reino Unido ha enviado asesores a una pequeña célula dirigida por Estados Unidos dentro de Israel que está trabajando en la implementación de la segunda fase del plan de 20 puntos. Según este proyecto, la fuerza internacional también se encargaría de dar instrucción a los cuerpos policiales palestinos en Gaza, en consultas con Jordania y Egipto, que tienen mucha experiencia en este ámbito.

La fuerza de estabilización internacional trabajará con Israel y Egipto para controlar las zonas fronterizas, junto con los efectivos policiales palestinos recién entrenados. Los países que estarían dispuestos a contribuir con tropas serían Turquía, Azerbaiyán, Pakistán o Indonesia.

Este último es el único país que hasta la fecha se ha ofrecido públicamente a enviar activos para la iniciativa, anunciando que desplegaría 20.000 soldados en el enclave palestino, aunque especificando que lo haría en el marco de una misión de mantenimiento de la paz bajo el mandato de la ONU.

Emiratos Árabes Unidos y Catar no tienen intención de enviar tropas a Gaza, pero podrían colaborar con fondos o formación. Otra de las dudas es si Israel aceptará efectivos de un país que no le reconoce como Estado, o podrá como requisito el reconocimiento y establecimiento de relaciones diplomáticas. Esto no sería descartable, pues hay información de que Indonesia lleva tiempo planteando dar este paso.

Fideicomiso para gobernar Gaza

Esta fuerza formaría parte del plan de Tony Blair, que prevé la creación de la Autoridad Internacional de Transición de Gaza (GITA), que actuaría como “autoridad política y jurídica suprema” del enclave palestino “durante el período de transición”.

La GITA tendría una junta compuesta por entre siete y diez miembros, según el borrador del plan, entre los que se encontrarían un representante palestino “cualificado”, un alto funcionario de la ONU, figuras internacionales destacadas con experiencia ejecutiva o financiera y una “fuerte representación de miembros musulmanes” para reforzar la legitimidad regional y la credibilidad cultural.

Sin embargo, esta “Junta de Paz” estaría presidida por Donald Trump, no estaría gobernada por palestinos más allá de una representación simbólica y no tendría ningún vinculo con el Estado palestino reconocido internacionalmente, ni siquiera con la Autoridad Palestina. Sería, por lo tanto, un fideicomiso.

Como se puede comprobar, este no es ningún proceso mediado y acordado: su objetivo no es asegurar un alto al fuego ni hacer a Israel responsable por el genocidio, sino cumplir los objetivos de guerra de Tel Aviv por otros medios. Se repite el teatro de la Conferencia de Madrid de 1991.

Como entonces Estados Unidos busca mejorar la imagen pública de Israel y aliviar la presión internacional vendiendo un nuevo “proceso de paz” a los palestinos. Igual que entonces mientras estrechan apretones de manos en la cumbre en la tribuna del parlamento israelí gritan a viva voz: “No se establecerá un Estado palestino al este del río Jordán”.