La hora de la verdad para la Iglesia chilena ante los escándalos de abuso sexual

Los veinte hombres y mujeres se levantaron en silencio de sus bancas durante la misa en la Catedral de Santiago un día de la semana pasada, desplegaron un letrero y sostuvieron pancartas. “Renuncien todos los obispos”, decían varias de ellas.

Desde el altar observaba el cardenal Ricardo Ezzati, el arzobispo de Santiago y el personaje al centro de la creciente aceptación de las acusaciones de que líderes de la Iglesia católica en Chile repetidamente encubrieron el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes.

Después de que el papa Francisco reconociera en mayo una “cultura del abuso” en Chile y de que investigadores vaticanos descubrieran un patrón de falta de acción y encubrimiento, fiscales chilenos han aumentado sus esfuerzos para investigar a muchos jerarcas de la Iglesia.

Fiscales preferentes, quienes han sido designados en cada una de las quince regiones de Chile, examinan los casos que involucran a 104 víctimas potenciales, la mitad de ellas eran menores de edad cuando los actos denunciados ocurrieron. Casi setenta personas laicas y del clero son investigadas, incluidos tres obispos.

Ezzati, quien ha negado las acusaciones de encubrir el abuso, es el miembro del clero de más alto rango que es investigado. La próxima semana, una comisión del Congreso considerará revocar la ciudadanía chilena, otorgada en 2006, al cardenal nacido en Italia.

“Se rompió un paradigma”, dijo José Andrés Murillo, cuyas acusaciones públicas de abuso están entre las que detonaron la crisis. “Es como una gran ola que empujó al barco de la Iglesia a moverse”.

En meses recientes, todos los obispos del país ofrecieron su renuncia al papa Francisco y las de un puñado han sido aceptadas. Un alto jerarca ha sido encarcelado por cargos de abuso sexual de niños; acusaciones contra otros sacerdotes se han acumulado.

“La Iglesia sufre una crisis profunda, y quienes cometieron abusos contra menores tienen que pagar por esos delitos y enfrentar a la justicia, caiga quien caiga”, dijo Alejandro Álvarez, uno de los voceros de la organización laica Voces Católicas, la cual alza la voz sobre diversos temas eclesiásticos.

Los recientes ecos no comenzaron con una acusación, sino con una defensa: durante una visita a Chile en enero, el papa Francisco defendió a Juan Barros Madrid, un obispo chileno que desde hace tiempo había sido acusado de encubrir los reportes de abuso en su propia diócesis.

“Todo es calumnia”, dijo Francisco en declaraciones que inmediatamente causaron indignación. Francisco, sorprendido por la respuesta, envió a dos investigadores, el arzobispo Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, a Chile a examinar cómo los jerarcas de la Iglesia habían manejado los reportes de abuso sexual.

Los investigadores del Vaticano generaron un reporte de 2300 páginas basado en 64 entrevistas, en el cual acusan a los líderes de la Iglesia chilena de fallar en investigar las acusaciones creíbles. Descubrieron que los sacerdotes que habían sido acusados de abusos fueron enviados a nuevas parroquias, en algunos casos los pusieron en contacto regular con menores.

El reporte dice que los líderes eclesiásticos incluso destruyeron documentos.

Francisco se disculpó, al admitir que él había “incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación”. En abril, se reunió con tres hombres que fueron abusados cuando eran adolescentes, y el mes siguiente convocó a la Conferencia Episcopal Chilena entera en Roma. Fue ahí que todos los 34 obispos ofrecieron su renuncia.

“Creo que el papa se dio cuenta de los desafíos sociales y políticos a los que está sometida la Iglesia en el mundo de hoy. Está empujando la Iglesia hacia una crisis de la cual tiene confianza que saldrá algo nuevo”, dijo José Andrés Murillo, quien fue uno de los hombres invitados al Vaticano. Ahora encabeza la Fundación para la Confianza, un grupo para víctimas de abuso.

El pontífice ha aceptado las renuncias de Barros y otros cuatro obispos. Entre ellos, Alejandro Goic, quien encabezaba el Consejo Nacional de Prevención de Abusos Sexuales a Menores de Edad y Acompañamiento a Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile y ha sido cuestionado por fiscales por las acusaciones por no actuar sobre los repetidos reportes de abuso.

Scicluna y Bertomeu regresaron a Chile en junio para reunirse con fiscales y líderes de la Iglesia para darles seguimiento a las acusaciones. Los enviados del papa se enteraron de más víctimas y, antes de salir del país, designaron a un grupo de personas laicas y del clero para continuar recibiendo reportes de abusos.

También buscaron mejorar las relaciones con la comunidad laica, particularmente en la provincia de Osorno, la diócesis del obispo Barros.

“Estamos en un proceso de coconstrucción de una nueva Iglesia, y necesitamos nuevos obispos, nuevos sacerdotes”, dijo Álvarez de Voces Católicas.

En cambio, los fiscales chilenos se han reunido regularmente con miembros de la Conferencia Episcopal y han solicitado formalmente una copia del reporte del Vaticano, el texto completo que no ha sido dado a conocer.

“La Conferencia Episcopal ha reconocido su plena disposición para colaborar con justicia”, dijo Jaime Coiro, un vocero del grupo. La conferencia se reúne esta semana en el pueblo costero de Punta de Tralca para discutir cómo cooperar con los investigadores.

Aun así, algunos clérigos están preocupados por la posibilidad de que el reporte vaticano sea compartido con los fiscales.

“Su difusión inoportuna puede producir un daño grave a las personas que muchas veces piden que su testimonio quede bajo reserva”, dijo el obispo Juan Ignacio González de San Bernardo en una entrevista con Radio Cooperativa.

Los investigadores chilenos también han allanado oficinas de la Iglesia en varias ciudades en semanas recientes, incluidas las de Ezzati, el arzobispo de Santiago. Los fiscales están investigando las acusaciones de que Ezzati no reportó a las cortes los casos de abuso que involucran al excanciller del arzobispado, Óscar Muñoz.

Muñoz, un miembro que tenía la confianza de la jerarquía eclesiástica, manejó reportes de abusos y otra información confidencial. En diciembre, Muñoz dijo a sus superiores que él había sido acusado de abuso, dijo el arzobispado, lo que causó que integrantes de la Iglesia iniciaran una investigación interna, pero no a que reportaran el hecho a las autoridades.

Este mes, Muñoz fue detenido mientras continúa una investigación criminal en su contra. Él no ha comentado públicamente sobre la investigación.

En un comunicado, Ezzati dijo que él nunca había encubierto ni obstruido a la justicia y que cumpliría con “aportar todos los antecedentes que contribuyan a esclarecer los hechos”. En público, se ha mantenido estoico.

“Estamos perplejos, pero no desesperados”, dijo Ezzati a los miembros de la congregación antes de que los manifestantes se levantaran. “Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no aniquilados”.