La incierta reinserción económica de los exguerrilleros de las FARC

La gran mayoría de los excombatientes de las FARC en fase de reinserción “no tiene aún perspectivas económicas claras más allá de la renta mensual básica”. Naciones Unidas expresó este miércoles inquietud por su futuro, del que depende la estabilidad del desarrollo del proceso de paz en Colombia. “La reincorporación económica continúa siendo un tema muy preocupante”, manifestó Jean Arnault, jefe de la misión de la ONU encargada de verificar la aplicación de los acuerdos alcanzados en 2016 con la antigua guerrilla. Más allá de esa ayuda, que asciende a unos 200 dólares y que se terminará en agosto de 2019, las bases de esa organización no tienen ante sí un horizonte despejado.

“Se necesita un consenso sólido sobre el enfoque de los proyectos productivos, el tema de la tierra y una combinación adecuada de reincorporación colectiva e individual”, señaló Arnault ante el Consejo de Seguridad reunido en Nueva York. “El Gobierno [de Iván Duque], las FARC y nosotros mismos compartimos algunas de las lecciones aprendidas el año pasado. Entre ellas se encuentran la necesidad de conectar la reincorporación de manera mucho más directa con el desarrollo local, de empoderar a las autoridades locales, y de establecer vínculos más sistemáticos con el sector privado, las universidades y otros actores que están dispuestos y sean capaces de ayudar a la reincorporación a largo plazo”.

La transición de los antiguos miembros de las FARC a la vida civil es un proceso que involucra a cerca de 13.000 personas. La ONU también considera un asunto de “gran preocupación” el hecho de que siga prevaleciendo entre ellos un “sentimiento de inseguridad jurídica”. “Esa sensación de incertidumbre ha permanecido en el proceso de reincorporación en los últimos dos años, debido a la controversia en torno al acuerdo de paz y a los prolongados debates políticos, legales y constitucionales sobre el establecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Si bien el fallo del mes de agosto de la Corte Constitucional ha confirmado las competencias de la Jurisdicción, persisten los cuestionamientos sobre su papel por parte de algunos sectores”, manifestó el representante especial de Naciones Unidas, que especificó que, en cualquier caso, no se trata de un problema que afecta solo a Colombia.

La petición que formuló sin matices está relacionada, en cambio, el goteo incesante de asesinatos de líderes sociales. Uno de los últimos se registró el pasado fin de semana en el departamento del Cauca (oeste). La víctima era el coordinador de un programa de sustitución de cultivos de coca, que fue asesinado con sus dos hijos. “El hecho”, incidió, “demuestra el descaro de los asesinos y la necesidad apremiante de movilizar a las instituciones estatales para la prevención y el enjuiciamiento de estos crímenes”. La misión de verificación espera, por tanto, “con gran interés” el plan de acción que prepara el Gobierno de Duque, que en agosto suscribió el Pacto Nacional por la Vida y la Protección de Líderes Sociales.

Naciones Unidas señaló que tiene “una visión positiva” de la participación política del partido nacido de la guerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. “Ocho de los diez representantes de la FARC a los cuales se les otorgó un escaño en las dos cámaras del Congreso han asumido sus responsabilidades y están contribuyendo a los debates y a las actividades legislativas de estos organismos”.  La organización también considera “efectiva” la seguridad de los espacios territoriales donde están concentrados aproximadamente la mitad de los excombatientes. No obstante, ve “imperativo” fortalecer las medidas de protección fuera de esas zonas, donde desde el desarme han sido asesinados 74 militantes de la FARC.