La ONU denuncia torturas y uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva en Venezuela

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Foto: FEDERICO PARRA / AFP

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos (ACNUDH) ha anunciado este martes que las fuerzas de seguridad venezolanas han “maltratado” y “torturado” de forma “generalizada y sistemática” a manifestantes y detenidos. El organismo ha acusado a las fuerzas de seguridad de ser responsables de la muerte de al menos 46 manifestantes -de 124 muertes investigadas hasta el 31 de julio en el contexto de las manifestaciones- y de llevar a cabo más de 5.000 detenciones arbitrarias. Los grupos armados progubernamentales, denominados “colectivos armados”, serían por otra parte responsables de 27 fallecimientos.

“Las entrevistas realizadas a distancia por un equipo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes. Las conclusiones del equipo indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas”, señala el organismo en un comunicado.

“Estas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General”, ha subrayado el Alto Comisionado para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein: “La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del Gobierno”.

La portavoz de la oficina para los derechos humanos, Ravina Shamdasani, ha agregado que los informes recibidos de “trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura […], no fueron casos aislados”.

Métodos de tortura

El organismo recibió información de la oficina del Defensor del Pueblo y llevó a cabo 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscal General. En varios casos examinados por el ACNUDH hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura. “Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte -y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares”, dice en su comunicado.

El Alto Comisionado ha mostrado su preocupación por los casos de allanamiento “violento e ilegal” de viviendas, que según los entrevistados se realizaron sin orden judicial y “supuestamente en búsqueda de manifestantes”. También ha denunciado que cientos de personas han sido juzgadas en tribunales militares y ha afirmado que la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que fue apartada de su cargo el pasado sábado, es motivo de “honda inquietud”. Shamdasani añadió en una rueda de prensa en Ginebra que el cese de Ortega es una muestra más de la ruptura del estado de derecho en el país: “La destitución de la fiscal general está en la línea de lo que hemos estado denunciando, que el estado de derecho en el país se ha roto y la fractura se está ahondando”.

Zeid ha instado a las autoridades venezolanas a poner fin de “inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes” y a liberar todos los detenidos de forma arbitraria. “Exhorto a todas las partes a que colaboren con el fin de solucionar las tensiones del país, que se agravan con rapidez, a que renuncien al uso de la violencia y a que tomen medidas con miras a establecer un diálogo político significativo”, ha concluido. Está previsto que un informe completo sobre la situación del país, donde se recogerán las conclusiones del equipo de la ONU, se publique a finales de este mes de agosto.