La reactivación del caso Ayotzinapa, entre la frustración y la esperanza

En las últimas semanas, el gobierno mexicano ha tomado acciones inusitadas en relación con el caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes que ha conmocionado al país desde septiembre de 2014. Sin embargo, estas acciones no han sido para resolver el paradero de los jóvenes normalistas, sino para frenar una sentencia que ordenó rehacer la investigación oficial, denuncian activistas.

Desde mediados de junio, varias dependencias del gobierno federal de Enrique Peña Nieto han recurrido a acciones legales en contra de un fallo del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, donde tres magistrados establecieron crear un mecanismo que nunca ha existido en México, una comisión de investigación de la verdad y la justicia.

Organismos que tendrían que ejecutar directamente el fallo, como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, han criticado la sentencia o han dicho que es imposible acatarla. Pero también se han sumado a las acciones contra la sentencia ministerios como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud y hasta individuos que forman parte de las Fuerzas Armadas: un total de más de cien querellas que pretenden frenar el fallo, según defensores.

“Es una ofensiva muy consistente y ordenada”, dijo en entrevista Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), grupo que aboga por los padres y madres de los estudiantes desaparecidos desde hace 46 meses.

“Nunca vimos esta coordinación para buscar a los desaparecidos, pero sí se da para pelear contra la sentencia innovadora”, señaló.

Aguirre Espinosa sostuvo que este hecho es particularmente preocupante ya que, si bien “no hay mucho que esperar del actual gobierno” porque el país se encuentra en un proceso de transición presidencial -Andrés Manuel López Obrador, electo el 1 de julio pasado, asumirá el cargo en diciembre-, hasta que el cambio se concrete “pueden pasar cosas preocupantes con el expediente, como que este sea manipulado”.

Mientras se delibera qué sucederá con el mecanismo propuesto, el dolor de quienes perdieron a hijos o compañeros sigue: el pasado 13 de julio, los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa deberían haberse graduado como maestros. Sus sillas estuvieron vacías.

La disputa jurídica

El tribunal colegiado emitió su fallo a principios de junio en respuesta a los amparos presentados por cuatro imputados en la causa: el gobierno sostiene que, hace cuatro años, ellos participaron en la desaparición de los jóvenes o en la presunta  incineración de sus cuerpos, de acuerdo con la conclusión de la llamada “verdad histórica”, la versión presentada por la PGR, que ha sido cuestionada por expertos internacionales.

Los individuos que presentaron el amparo aseguran que fueron torturados para conseguir el testimonio que apuntala la versión del gobierno; después de evaluar sus presentaciones, la corte consideró que toda la investigación presenta fallas y vicios que solo pueden resarcirse si se realiza de nuevo la pesquisa. Esta vez a cargo no solo del Ministerio Público, sino también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (que ya ha denunciado irregularidades en el actuar de las autoridades, como la fabricación de sospechosos) y de organizaciones que representen a las víctimas y familiares, entre ellas el Centro Prodh.

“La sentencia fue recibida con mucha esperanza por el lado de las víctimas, que llamaron al presidente y a su gobierno a cumplir con celeridad y acatamiento a las órdenes del poder judicial”, dijo Aguirre Espinosa.

“Sabíamos que este llamado posiblemente iba a caer en oídos sordos”, debido a la conducta que ha mostrado el gobierno respecto del caso, “pero nunca esperamos algo tan fuerte como lo que se ha dado”.

El abogado y representante de los familiares denunció, por ejemplo, que entre las autoridades que han intentado impugnar o frenar la formación de la comisión de investigación hay militares de un batallón acusado de ser cómplice de la delincuencia organizada en Guerrero, el estado al sureste de México donde ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes, o la Secretaría de Marina, pese a que la ONU reportó en marzo que integrantes de esta torturaron a un sospechoso vinculado al caso a tal punto que falleció por las heridas infligidas.

“Es fácil unir los puntos y decir que lo que no quieren es que se investigue su participación en el caso”, dijo Aguirre.

La Secretaría de la Marina se ha pronunciado en contra del fallo al considerar que se excede, pues sugiere que haya acceso a los cuarteles para realizar la nueva investigación, o que los marinos podrían ser interrogados si hay motivos “para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos”.

Las expectativas

En respuesta a una de las contraofensivas legales del gobierno de Peña Nieto, el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito -que está a cargo de darle seguimiento a la sentencia del tribunal colegiado- determinó el pasado 18 de julio que la creación de la comisión de investigación no puede proceder por una “imposibilidad jurídica”.

De acuerdo con el magistrado Sabino Pérez crear un organismo así, en el que familiares y la CNDH ayudarían a dirigir las líneas de investigación, sería limitar los poderes constitucionales del Ministerio Público. (En entrevista con The New York Times en Español, el juez que redactó la sentencia de la corte colegiada dijo que esas facultades no son exclusivas de la PGR).

Los familiares ya anunciaron en conferencia de prensa que planean presentar un recurso de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la expectativa de que sea el máximo tribunal del país el que determine la suerte final de la comisión de investigación.

Podrían pasar meses antes de que quede claro si los magistrados siquiera van a deliberar el tema.

Si al final lo hacen, dijo Aguirre Espinosa, deberán responder una pregunta clave: “¿A cuál tribunal se parecerán más: al que sacó una sentencia inédita ante las graves irregularidades o al unitario que sucumbió a las presiones del ejecutivo de Peña Nieto pese a que el poder judicial debe ser un contrapeso?”.

Los familiares de los estudiantes también han apelado directamente al próximo gobierno de López Obrador. En una conferencia de prensa el pasado miércoles 25 de julio urgieron a quienes llegarán al poder federal en diciembre a que “se comprometan con la verdad”.

López Obrador ya propuso a alguien para darle seguimiento al tema de Ayotzinapa -el senador Alejandro Encinas, quien será el subsecretario de Derechos Humanos-, pero no queda claro si se formaría la comisión de investigación para este caso en específico o sería por medio de otro mecanismo.

Sin embargo, Aguirre Espinosa consideró que la aparente disposición del próximo gobierno es positiva, “porque al fin y al cabo no podemos olvidar que no solo se trata de los 43 de Ayotzinapa, sino de más de 30.000 casos de desapariciones en total”.