Se trata de un sinuoso corte sin repisa que sacude al Perú. Sin maniobra para actuar, el propio Pedro Castillo expresidente constitucional -que ocupaba el cargo bajo la inquieta mirada de un Congreso incendiario y dividido- se infringió el harakiri político cuando resolvió una mañana patear el tablero en un mensaje en el que proclamó el cierre del Congreso porque no lo dejaba gobernar cuando en realidad pretendía tapar una investigación de la Fiscalía de la Nación por corrupción contra el presidente.
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Al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte que asumió en reemplazo de Castillo, le toca enfrentar manifestaciones multitudinarias que han comenzado en el sur y han irradiado malestar a la capital recibiendo la misma respuesta violenta con la que actúan por las fuerzas represivas del aparato estatal. Aquí, se presentan varios factores de análisis: La crisis peruana deriva de una cadena de hechos de corrupción que asocian indistintamente a sus autoridades sin importar su afinidad ideológica y política. Antes de las elecciones de 2021 que ganó Castillo –por escasísimo margen- tres presidentes tuvieron que renunciar por corrupción y uno decidió suicidarse. Castillo es el último en la lista a quien el Congreso le abrió una investigación por daños económicos y por firmar contratos con sobreprecios en beneficio de un reducido grupo de su entorno y sus familiares que buscaron asilo en la embajada de México.
Mientras Castillo guarda detención a la espera de un juicio por conspiración que lo puede arrojar a las sombras los próximos 12 años, las organizaciones sociales siguen dando una durísima batalla en las calles de las principales ciudades del sur del Perú, sobre todo en Juliaca y Cusco donde -ergo¡¡- ejerce una poderosa influencia el líder cocalero boliviano Evo Morales. Allí, ha conformado una coordinadora de los pueblos originarios similar a las que hay en Bolivia.
En las marchas de protesta se ha advertido la presencia de los emblemas patrios de Bolivia. El caso ha generado varias reacciones, desde el pedido para que se investigue la actividad del expresidente de Bolivia en el Perú, hasta el punto de prohibirse su ingreso al país. En los hechos, se ha decidido flanquear el ingreso de varios bolivianos apuntados como cabecillas de los disturbios que a la fecha ha cobrado la vida de más de 51 personas, una gran cantidad de heridos y detenidos.
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