Los turbios negocios del jefe de los espías de Hugo Chávez

Los negocios del que fuera jefe de los espías del expresidente de Venezuela Hugo Chávez (1999-20013) están bajo sospecha. Un juzgado de Andorra ordenó en junio de 2015 embargar los fondos en este país pirenaico del exresponsable de los servicios secretos chavistas entre 2001 y 2002 Carlos Luis Aguilera. El motivo: un presunto delito de blanqueo de capitales.

Aguilera, que antes de pilotar el espionaje fue viceministro de Comunicaciones, manejó entre 2008 y 2015 tres cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) que movieron 6,5 millones de dólares (5,3 de euros), según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
La magistrada andorrana Canòlic Mingorance investiga la procedencia “ilícita” de este dinero. E indaga si el jerarca chavista ocultó en este minúsculo país  -donde hasta el pasado año regía el secreto bancario- sobornos millonarios de empresas españolas e italianas beneficiadas por adjudicaciones del Ejecutivo venezolano.

El exjefe de los espías camufló su identidad en dos de sus tres cuentas andorranas mediante sociedades instrumentales (sin actividad) constituidas en Panamá. Y colocó a su suegra, de 83 años y natural de A Coruña, como testaferro en una de mercantiles, según las pesquisas.

Aguilera, de 57 años, se presentó a la BPA en 2008 como un empresario que planeaba transferir 2,6 millones de euros a la entidad. Justificó ante el banco que sus cuentas acogerían las comisiones de supuestos servicios de asesoría a compañías extranjeras.

Uno de sus clientes fue la firma italiana de radares Alenia Marconi Systems. Aguilera firmó con esta empresa un contrato en 2004 que le garantizaba comisiones del 6,37 % del total de las ventas de la tecnológica en Venezuela.

Un año después del acuerdo, el Instituto Nacional de Aviación Civil de Venezuela (INAC) adjudicó a la compañía italiana la modernización de los radares de los aeropuertos del país sudamericano, según Defense Aerospace.

La cuenta en la BPA de Aguilera destinada a las comisiones de Alenia Marconi Systems recibió 3,2 millones de dólares (2,6 millones de euros) desde Curazao, en el sur del Caribe.

“Teniendo en cuenta la gestión estatal de los aeropuertos de Venezuela y las vinculaciones de Aguilera con el régimen, nos podríamos encontrar ante presuntos actos de corrupción”, recoge un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND).

Aunque las cuentas de Aguilera en Andorra movieron entre 2008 y 2015 un total de 6,5 millones de dólares, el jerarca chavista vació el 90 % del dinero de sus depósitos mediante transferencias a Panamá, Suiza y traspasos internos a otros clientes de la BPA, un mecanismo que no deja rastro.

La única cuenta en la BPA donde Aguilera figuró como titular -en el resto aparecía camuflado tras sociedades panameñas- tenía en mayo de 2015 un saldo de 202 euros, según los movimientos bancarios.

Aguilera adquirió con sus fondos de Andorra dos propiedades en Venezuela. Por una casa en Caracas pagó en 2014 un total de 846.000 dólares (700.000 euros). Y desembolsó en 2009 la mitad de un inmueble de 3.000 metros cuadrados de 1,3 millones de dólares (un millón de euros) en Baruta, en el Estado de Miranda. Las compras se canalizaron a través de transferencias a Panamá y Suiza.

La conexión española

Los manejos del que fuera jefe de los espías de Hugo Chávez alcanzan España. Y, en concreto, a un contrato de 1.850 millones de dólares (1.530 de euros) que permitió a las firmas españolas CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), Constructora Hispánica, Cobra y Dimetronic hacerse en 2008 con las obras de modernización de la Línea 1 del Metro de Caracas.

Aguilera cobró presuntamente comisiones del 4,8 % de la adjudicación del suburbano a través de sus empresas Semeca y Tecnotren, que también participó en la Unión Temporal de Empresas (UTE) ganadora de la infraestructura.

El análisis de las transferencias del exresponsable de los servicios secretos venezolanos revela que Aguilera traspasó tres millones de dólares (2,5 millones de euros) a una cuenta en el banco andorrano del directivo de CAF Guzmán Martín. Un ejecutivo que actualmente ocupa el cargo de director de América Latina en esta compañía de servicios ferroviarios, según su perfil de LinkedIn.

CAF, una multinacional de origen vasco, ha declinado responder a las preguntas de este periódico.

Martín manejó una cuenta en la BPA a nombre de la sociedad instrumental panameña Kebir Foundation. Su mercantil facturó entre 2009 y 2014 un total de 2,9 millones de dólares (2,3 millones de euros) a dos de las sociedades panameñas con cuenta en la BPA del exjefe de la inteligencia de Venezuela, según un informe de UIFAND que forma parte de la investigación.

La empresa de Aguilera Inversiones Dirca suscribió en enero de 2013 un contrato con la de firma de Martín. El exjefe de los espías se comprometía en el acuerdo a pagar por adelantado un millón de euros al directivo vasco por asesoramiento en materia ferroviaria.

El ejecutivo español niega conocer a Aguilera. Afirma que su cuenta en Andorra guarda “las inversiones familiares a largo plazo fruto del trabajo de los últimos 20 años en Asia y América”. Y explica que su depósito acumuló fondos para “invertir exclusivamente en renta fija”.

“Nunca hubo esas transferencias de sociedades del Sr. Aguilera a mi cuenta. Si hubieran existido, estaría hoy acreditado y se reflejaría en el saldo actual, que es la mitad. Tiene que ser un error de la investigación”, añade Martín, cuyos fondos en la BPA permanecen bloqueados desde 2015.

Cuando abrió su cuenta en 2009, como todos los clientes de la BPA, el ejecutivo de CAF rellenó un cuestionario para justificar el origen de sus fondos y detallar sus vínculos con otros clientes de la entidad andorrana.

Martín dijo entonces que se decantó por esta institución financiera por su “confidencialidad”. Y añadió que conocía como cliente del banco la sociedad Loznica de Aguilera. Cuando se le pregunta por este último detalle, el directivo dice que los documentos que maneja la Policía de Andorra y su firma “están falsificados”.

Junto al embargo de las cuentas del exjefe de los espías de Hugo Chávez y del ejecutivo de CAF Guzmán Martín, la juez andorrana Canòlic Mingorance también ordenó en 2015 el bloqueo de los fondos del vicepresidente de la compañía estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Elisaul Yépez. Un alto cargo del Ejecutivo de Nicolás Maduro que cobró en 2012 en el Principado 600.000 dólares (487.646 euros) de una sociedad de Aguilera.

La magistrada Mingorance ha pedido a las autoridades de Venezuela información sobre las adjudicaciones de la Línea 1 del Metro de Caracas y la modernización del equipamiento de los aeropuertos que benefició a la italiana Alenia Marconi Systems.

Las autoridades de Andorra, de 78.000 habitantes, intervinieron en marzo de 2015 la Banca Privada d’Andorra (BPA) por un presunto caso de blanqueo de capitales. Los dueños del banco, que alcanzó los 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan estas acusaciones.