Militar boliviano es acusado de mercenario en Venezuela

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Creditos Foto: El Deber

La periodista venezolana, Dalia Gutiérrez, a través de su cuenta de Twitter, denunció ayer la presencia de un militar boliviano en la represión del Gobierno de Nicolás Maduro contra manifestaciones desatadas en distintas ciudades de Venezuela.

Según la denuncia, Gutiérrez encontró la documentación de un ciudadano boliviano llamado Edmundo Sánchez Zurita, quien aparentemente vestía el uniforme de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, confirmó que Edmundo Sánchez, militar boliviano denunciado en Venezuela como un supuesto “mercenario”, se encuentra en ese país, sin embargo, negó su participación en la represión de las protestas sociales.

“Hemos invitado a esta conferencia de prensa para desmentir algunas afirmaciones que faltan a la verdad, pero absolutamente, respecto a la posible participación de un efectivo militar boliviano en una represión, en una acción de represión en Caracas”, dijo Ferreira.

El lunes, el presidente Evo Morales expresó su apoyo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, durante una visita que realizó a Caracas, en una escala de su viaje a Nueva York para presidir la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Desde Bolivia estamos con el pueblo, con nuestra revolución bolivariana. Somos chavistas, somos bolivarianos; en este momento todo nuestro apoyo. Si algo pasa en Venezuela, están los pueblos de América Latina para defender nuestras revoluciones”, afirmó Morales.

Tras el encuentro entre Maduro y Morales, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo en esa misma red social que fue instruido por el presidente para que se envíen “profesionales militares” de la Fuerza Armada venezolana “a capacitarse en la Escuela Antiimperialista de Bolivia”, sin ofrecer más detalles al respecto.

La denuncia

“Este hombre vestido de PNB de nombre Edmundo Sánchez Zurita ‘dejó’ sus papeles en Chacao (durante un acto de) protesta”, escribió Gutiérrez en su red social. Mensaje que además acompañó con documentos personales del citado militar.

El ministro aclaró que ese militar es un diplomático acreditado y sufrió el robo de sus documentos el 3 de junio y denunció el hecho dos días después y que los presuntos actos de represión recién se registraron el 6 de junio.
Por tanto, la autoridad consideró que afirmar que el militar boliviano participó en esos actos de violencia no es creíble ni racional.

“Ahora ¿cómo aparece en esa marcha (su documentación)? De acuerdo a lo que telefónicamente nos informó, al parecer la policía que tomó conocimiento (del robo) había detenido al autor y luego se le habría caído (al suelo) esta documentación (personal)”, explicó Ferreira.
El ministro lamentó que con estas informaciones se pretendan implicar a militares bolivianos en actos de violencia en Venezuela y se quiera hacer ver que el Gobierno boliviano estaría interviniendo en asuntos internos de otros países.

Pedido de informes
Ante esta situación, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, solicitó un informe escrito al Ministerio de Defensa para que se confirme si Edmundo Sánchez Zurita, con cédula de identidad 3009778, expedida en Cochabamba, pertenece a las filas del Ejército de Bolivia.
También pide que detalle si esta persona “estaba destinada con alguna misión específica en la república de Venezuela”.

“Sírvase informar si existe algún contingente del Ejército boliviano realizando misiones específicas en Venezuela. Detalle quién autorizó el envío de dichos militares y cuál es la misión que deben cumplir”, señala parte de la solicitud de informe escrito.

Más muertos y heridos
El Ministerio Público venezolano informó que hasta la fecha se registraron 67 muertes en los hechos violentos relacionados con las protestas a favor y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro que sacuden desde hace 69 días.

Sobre los hechos registrados en estas manifestaciones se están ejecutando 1.631 investigaciones, 1.307 de la cuales son por heridos, y las demás por daños a la propiedad pública y privada.
Por su parte, el Gobierno venezolano señala que al menos 80 personas han muerto durante las manifestaciones, un número superior al balance de la Fiscalía y que incluye a otras que murieron lejos de las manifestaciones pero que, aseguran, incluye, personas víctimas de “sicariato” por motivos políticos.

Preocupación del papa

El papa Francisco está “muy conmovido” por la situación de inestabilidad que vive Venezuela y no está de parte del Gobierno sino con quienes “más sufren”, declaró el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Diego Padrón.

Padrón, que se reunió ayer en el Vaticano con el pontífice, denunció en una rueda de prensa la
“propaganda” del Gobierno venezolano, que ha manifestado que “el papa está de su parte y, por lo tanto, en contra de la oposición y lejos del pueblo”.

“Queremos desmentir totalmente esa posición. Estamos convencidos de que el papa va por la línea del Evangelio y está fundamentalmente con aquellos que más sufren. Por eso apoya hoy todo lo que se haga en favor de Venezuela y todo lo que haga la CEV”, señaló.

La Fiscal General pide anular la Constituyente

La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, presentó un recurso de nulidad contra la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, por considerar que lesiona la democracia y la soberanía popular.

“Este recurso que estoy intentando es para defender la soberanía popular, la Constitución, la democracia participativa y protagónica, para defender a los venezolanos, porque aquí lo que está en juego es el país”, declaró Ortega a periodistas, en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La funcionaria, que ha abierto una brecha en el oficialismo, pide a la Sala Electoral del TSJ declarar nulo el llamado a la Constituyente y el sistema propuesto por Maduro para elegir a los asambleístas, por considerarlo “inconstitucional”.

La fiscal presentó el recurso luego de que el miércoles el TSJ declaró “inadmisible” su solicitud de aclaratoria de un fallo de la Sala Constitucional que facultó a Maduro a llevar adelante su proyecto de Constituyente sin necesidad de someterlo a referendo.