ONU advierte recrudecimiento de la violencia en Venezuela previo a elecciones

Este miércoles 20 de marzo, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, que investiga violaciones a los derechos humanos en el país, aseguró que el Estado venezolano ha retomado acciones represivas y más violentas contra las figuras de la oposición que podrían tener relevancia durante las elecciones presidenciales de este año.

Según Valiñas, el Gobierno de Maduro tiene dos modalidades para dicha represión. Una sería mediante la violencia para “silenciar voces opositoras”. La otra estaría ligada a la creación de un clima de temor e intimidación que “restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales”.

La presidenta de la misión también aseguró que el Gobierno venezolano no ha cumplido los acuerdos a los que se comprometió en octubre del año pasado en Barbados, donde se pactaron ciertas garantías electorales.

En Barbados, tanto el oficialismo como la oposición se comprometieron a que hubiera una libre participación de candidatos para las elecciones presidenciales y a su vez que se permitiera un “proceso electoral pacífico y sin restricciones”.

De acuerdo a lo pactado, el Gobierno venezolano liberó a cinco opositores que cumplían prisión preventiva, aunque la Misión de la ONU asegura que estas personas siguen enfrentando procesos penales debido a su inclinación política.

Por su parte, Estados Unidos, involucrado en el Acuerdo de Barbados, liberó a 20 venezolanos y 10 estadounidenses acusados de nexos delictivos con el Gobierno venezolano, incluyendo a Alex Saab, cercano allegado al chavismo.

Las denuncias de incumplimiento 

El informe de este 20 de marzo condenó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de anular los resultados de las elecciones primarias celebradas el 22 de octubre, que dieron como ganadora a María Corina Machado.

La candidata opositora fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 15 años y aunque continúa haciendo campaña para las presidenciales, su participación está en entredicho.

El informe también se refirió al caso de Rocío San Miguel, una conocida defensora de derechos humanos en Venezuela detenida sin orden judicial el 9 de febrero. Su paradero fue desconocido durante cinco días hasta que las autoridades reconocieron que la tenían bajo su poder.

Se sabe que San Miguel fue llevada a la prisión El Helicoide, donde según la Misión se han documentado casos de tortura. La hija de la defensora de derechos humanos también fue detenida y se encuentra en prisión preventiva.

Valiñas informó que otras 18 mujeres han sido acusadas de estar involucradas en “conspiraciones” contra el Gobierno venezolano, señaladas de estar involucradas en al menos dos planes que supuestamente buscaban acabar con la vida Maduro.

Asimismo, el informe de la ONU asegura que el Gobierno venezolano ha llevado a cabo allanamientos a sindicalistas, detenciones injustificadas e intimidaciones, tanto a opositores como a sus familiares.

El documento concluye diciendo que el Gobierno venezolano “responde a un patrón” que ya había sido reportado previamente en otras misiones y reiteró “su voluntad de cooperar con las autoridades en el ámbito de su mandato”.

El Gobierno venezolano descalifica la Misión de la ONU

El Ejecutivo de Nicolás Maduro ha asegurado que el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU está cargado de “mentiras ridículas y acusaciones infundadas”.

Caracas acusa a la Misión de ser cómplice de “sectores extremistas” que supuestamente buscan llevar a cabo planes para acabar con la vida del presidente y candidato presidencial, Nicolás Maduro.

“Venezuela no acepta ni aceptará ninguna medida que se desprenda de este adefesio, presentado ante un Consejo que nada ha hecho por detener el genocidio al pueblo palestino”, aseguró el Ejecutivo venezolano respecto a la presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La ONU solicita el retorno de sus funcionarios a Venezuela 

Un día antes, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos había solicitado al Gobierno venezolano que deje regresar a sus funcionarios, luego de que, a mediados de febrero, la Cancillería de ese país diera un plazo de 72 horas para abandonar Venezuela a 13 funcionarios de la ONU, tras acusarlos ser un “bufete particular de grupos golpistas y terroristas”.

“Esperamos que nuestra oficina pueda reanudar pronto plenamente su labor de servicio a la población de Venezuela, y fortalecer nuestra cooperación con las autoridades sobre la base del respeto mutuo y el diálogo franco y transparente”, señaló Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Con EFE y medios locales