Organismos internacionales alarmados por impunidad militar para reprimir protestas

El Gabinete interino que asumió el poder la semana pasada en Bolivia repite un mantra: “Pacificar el país”. Esa declaración de intenciones choca con unas decisiones que han elevado la tensión en las protestas. Jeanine Áñez, la mandataria que sucedió a Evo Morales sin el apoyo de la mayoría del Parlamento, firmó un decreto que exime de responsabilidad penal a los militares desplegados en las movilizaciones. Su equipo asegura que no es una “licencia para matar”, pero alarmó a los organismos internacionales.La orden, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas al lado de la Policía en las calles del país, fue emitida el viernes, el mismo día en que al menos nueve manifestantes fallecieron a manos de uniformados en un enfrentamiento en una zona cocalera cercana a la ciudad de Cochabamba. “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública”, se lee en el Artículo 3 del decreto 4078, “estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actué en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.  El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Morales, anunció este domingo un recurso de inconstitucionalidad. “Queremos informar de que en el marco de la normativa vamos a presentar un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional para que esto [el decreto] se declare inconstitucional”, señaló la diputada Sonia Brito, según informa la agencia boliviana Fides.

La decisión disparó la preocupación de varias organizaciones. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo condenó sin medios términos. “El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos”, denunció la comisión.

Human Rights Watch pidió ayer su derogación. Según el director para las Américas del organismo, José Miguel Vivanco, sienta un precedente peligroso. “El anunciado decreto supremo 4.078 de Bolivia no se ajusta a los estándares internacionales y en la práctica envía a las fuerzas militares el peligrosísimo mensaje de que tienen carta blanca para cometer abusos. Debe ser retirado urgentemente”, manifestó.

El equipo de Áñez, que lleva días argumentando que las protestas han derivado en disturbios, destrozos y actos de vandalismo, trató de rebajar la preocupación. “Se ha autorizado para que el Ejército, la fuerza armada de la nación, pueda participar en la defensa de la sociedad. Se ha dicho que este decreto supremo, creemos que de manera distorsionada, evidentemente, se constituye en una licencia para matar de la fuerza armada. Lo que no significa ello”, dijo el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, en declaraciones a periodistas.

La represión de los agentes y militares en las protestas, en las que ya han muerto al menos 23 personas, según el balance de la CIDH, recibió también las críticas de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien expresó su preocupación por los excesos de las fuerzas de seguridad en un contexto extremadamente volátil en el que la brecha entre las partes parece insalvable.

Las acciones de los uniformados, en su opinión, “pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible”. Los intentos de acercamiento entre el MAS, que durante casi 14 años sostuvo a Evo Morales -asilado en México desde el pasado martes-, y las nuevas autoridades han quedado de momento en agua de borrajas.

La presidenta interina insiste en que su prioridad es convocar elecciones cuanto antes, pero ayer por la tarde aún no lo había hecho. Ni siquiera se han apuntado unas fechas indicativas. Áñez, ex vicepresidenta segunda del Senado, se escuda en que la renovación del Tribunal Supremo Electoral tiene que salir del Parlamento, donde la formación de Morales conserva la mayoría absoluta.