OrtegaesSomoza

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Varios titulares en las redes sociales afirman un paralelismo entre el dictador Anastacio Somoza Debayle y el actual presidente Daniel Ortega. Somoza gobernó Nicaragua con mano de hierro durante dos periodos; el primero de 1967 a 1973 (interrumpido en 1972) y el segundo de 1974 a 1979 cuando fue derrocado. Ortega gobierna desde 2006 en tres relecciones consecutivas y se resiste a dejar el poder.

Por Redacción dat0s y agencias

 

Pero en realidad el clan Somoza podría considerarse uno de los grupos familiares más longevos detentores del poder en Centroamérica. El padre de Anastasio fue asesinado cuando ejercía la presidencia en 1956, a él lo sucedió su hijo Luis, mientras Anastasio como militar formado en los Estados Unidos hacía las funciones de Comandante de la Guardia Nacional, un ejército que se hallaba al servicio particular de los Somoza.

A finales de 1966 Luis Somoza presentó a su hermano Anastasio como candidato a las elecciones presidenciales de 1967 por el Partido Liberal Nacionalista (PLN), la fuerza política dominante e instrumento de poder de los Somoza. En esas elecciones fraudulentas Somoza se declaró vencedor y el 1 de mayo inició un mandato por cinco años, prolongando de esa manera una dictadura hereditaria y corrupta disfrazada de república democrática constitucional mediante un marco pluralista y parlamentario meramente formal. En realidad, el fraude era inherente a los procesos electorales que implicaba a la oposición conservadora; al menos hasta 1974, cuando el periodista Pedro Joaquín Chamorro (asesinado en 1978) fundó la Unión Democrática de Liberación (UDEL), de signo reformista y liberal. Al mismo tiempo venía actuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado en 1962, cuya capacidad guerrillera creció a medida que se enconaba el rechazo al régimen de las clases populares, estudiantes y trabajadores.

Servía también al característico “golpismo constitucional” del clan Somoza la colocación periódica de “hombres de paja” para superar el impedimento legal de dos mandatos consecutivos. En 1971 el PLN acordó con el Partido Conservador PC la elección de una Asamblea Constituyente que reformaría la Constitución a fin de eliminar las restricciones a la reelección presidencial. A tal fin, el 1 de mayo de 1972 Somoza dejó la presidencia en manos de un triunvirato de transición, pero retuvo todo el poder como comandante de la Guardia Nacional, presidente del PLN y director del Comité de Emergencia Nacional constituido a raíz del terremoto que arrasó Managua.

Anastasio Somoza y su clan familiar son acusados por haber mantenido un fabuloso imperio en el que se mezclaban las empresas familiares y las finanzas del Estado. Esta desquiciada relación con el poder obligó a la burguesía nacional a restarle apoyo uniéndose a la izquierda en oposición a la dictadura. Como muestra del poderío económico de los Somoza basta decir que, en 1978, alrededor de la sexta parte del territorio nicaragüense era legalmente de su propiedad.

El “Plan Prolongación” (de la dictadura somocista) se completó el 1 de septiembre de 1974 con la celebración de elecciones presidenciales, en las que Somoza “obtuvo” la reelección hasta 1981 con el 80 % de los votos. Sin embargo, más la de mitad del electorado se abstuvo en respuesta al boicot propugnado por 27 dirigentes opositores. El conocimiento de detalles escandalosos de los negocios del clan y la brutal represión ejercida sobre la población civil por la Guardia Nacional (soporte vital de la dictadura) en su lucha contra las guerrillas sandinistas minaron la credibilidad internacional de Somoza. Sus méritos al servicio de los intereses norteamericanos y su afiebrado anticomunismo empezaron a resultar incómodos para la administración de Jimmy Carter.

En 1978 la oposición antisomocista tomó visos de alzamiento popular generalizado, mientras las acciones guerrilleras derivaron en una guerra civil. Ante el avance del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sobre la capital, el 17 de julio de 1979 Somoza entregó sus funciones a un presidente provisional y se marchó a su lujosa residencia de Miami Beach, Florida. Días después la Guardia Nacional se rindió y la guerrilla entró en Managua para formar con dirigentes de la oposición liberal un Gobierno provisional de Reconstrucción Nacional. Atrás habían quedado 30.000 muertos de la guerra civil y un país en bancarrota.

Somoza hubo de abandonar EEUU por diferencias con el Departamento del Tesoro y el 19 de agosto de 1979 llegó a Paraguay, donde el dictador Alfredo Stroessner le concedió asilo político. Se disponía a iniciar una nueva vida de terrateniente en Paraguay cuando el 17 de septiembre de 1980 un comando de izquierdistas argentinos interceptó su vehículo y acribilló a sus ocupantes. Somoza resultó muerto en el acto.

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A cuento de qué viene la comparación entre Somoza y el actual presidente de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra. Durante su juventud DOS destacó como líder estudiantil antisomocista, integró el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 1962; fue nombrado miembro de la dirección en 1966. Tras pasar varios años en la cárcel (1967-1974), se convirtió en comandante guerrillero y en uno de los líderes de la tendencia tercerista del FSLN.

Una vez derrocado Somoza (1979), fue coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Elegido presidente de la República como candidato del FSLN (1984), acometió la reconstrucción del país, combatió a la “contra” financiada por EEUU e impulsó la elaboración de una nueva Constitución, que entró en vigor en 1987. Trabajó por la estabilidad en Centroamérica, participando en las conversaciones que arribaron en tratados de paz.

En 1990 perdió las elecciones y cedió el gobierno a Violeta Chamorro. En las elecciones de 1996 Ortega sufrió una segunda derrota como candidato del FSLN frente al candidato de la Alianza Liberal Arnoldo Alemán. En las elecciones de 2001 Ortega se presentó como candidato presidencial de la Convergencia Nacional; sufrió una tercera derrota electoral frente al candidato de la Alianza Liberal, el ingeniero Enrique Bolaños.

Fue sólo en su cuarto intento a ocupar el sillón presidencial que el líder sandinista logró su propósito. En las elecciones del 5 de noviembre de 2006 Ortega consiguió la victoria como candidato del FSLN con el 38 % de los votos. Fue reelegido nuevamente como presidente el 6 de noviembre de 2011. Y en las de 2016 volvió a ser reelecto. La opositora Alianza Cívica argumenta que Ortega no debe seguir gobernando y que debe adelantar las elecciones presidenciales de 2021, por considerar que está incapacitado para seguir gobernando en medio de una crítica situación económica y social.

El Gobierno de Ortega insiste en que el reclamo es parte de un “complot terrorista” financiado desde el exterior y que busca la desestabilización del país mediante un “golpe de Estado suave”, lo que lo ha llevado a responder con la fuerza de las armas. La crisis que estremece a Nicaragua, la más grave en el país desde la caída de Somoza, cumplió cuatro meses sin mostrar visos de solución. Los más de 400 muertos y al menos 2.500 heridos, son en su gran mayoría jóvenes y estudiantes, según organizaciones de derechos humanos. Lejos de retomar el diálogo y la negociación, Ortega desarrolla una ofensiva armada sostenida, en la que policías y paramilitares mantienen un estado de sitio no decretado y han logrado disolver con violencia las manifestantes en el país.

De acuerdo a la revista Caretas de Perú “las irregularidades de su última reelección fueron tan graves que harían sonrojar a su compadre Nicolás Maduro, mientras la OEA, Almagro y la CIDH miraban para otro lado”.

 

ElOrigendelaCrisis(ElClanOrtega:ExcentricidadesyCorrupción)

 

La crisis comenzó el 18 de abril con una protesta de estudiantes contra una reforma al seguro social, que en realidad reveló un descontento acumulado durante años contra Ortega, alimentado por denuncias de fraudes electorales, violación de derechos humanos y corrupción. Sin consulta, se incrementaron las contribuciones de trabajadores, jubilados y empresarios. A causa de la violenta reacción gubernamental ante las primeras protestas, las manifestaciones se extendieron por el país, donde aún persisten las marchas y mítines de estudiantes, trabajadores, comerciantes, pequeños empresarios y campesinos. Se ha acusado al Gobierno por comandar grupos paramilitares; aparecieron en las calles de Nicaragua a mediados de mayo y sus operaciones son a menudo apoyadas por la Policía y con la tolerancia del Ejército, según organizaciones de derechos humanos.

Estos grupos irregulares, jamás vistos en el país anteriormente, están formados por policías, ex militares y un sector de la base sandinista leal a Ortega y organizada a nivel barrial, incluyendo grupos asociados a pandillas juveniles y a la delincuencia. Analistas que siguen de cerca el desarrollo de la crisis han llegado a afirmar que la revolución de 1979 fue resultado de una insurrección armada dirigida por el Frente Sandinista de Ortega, en cambio esta es una rebelión cívica inédita en América Latina, ya que los manifestantes no tienen una dirección política o militar y han resistido sin armamento. Sus armas hasta ahora han sido las piedras y morteros (bombas caseras).

Lo inédito de la crisis es que Ortega indicó que solo conversaría con los empresarios. La COSEP que los representa, señalo que el Gobierno debía abandonar primero la violencia y terminó “dialogando” con un pequeño grupo de empresarios extranjeros (chinos, coreanos y estadounidenses de la Zona Franca) que insistieron en poner fin a la violencia. Debe señalarse que Ortega, en un vuelco de su pasado guerrillero, había logrado acuerdos con la empresa privada, la Iglesia Católica y EEUU; de allí la aparente calma de su Gobierno. Los graves incidentes, por tanto, han implicado una ruptura en las alianzas y un debilitamiento del Frente Sandinista que Ortega preside. La Iglesia es otro de los sectores atrincherados. Monseñor Silvio José Báez, arzobispo auxiliar de Managua, convocó una “peregrinación por la paz y la justicia” que culminó en una marcha multitudinaria en repudio por los muertos, cientos de heridos y detenidos y las torturas de estudiantes. La justicia exigida por la multitud pide la sanción a los responsables de los abusos. Los prelados creen que en un mes se identificará a los responsables de las acciones armadas.

Se ha planteado en el diálogo el adelanto de las elecciones para sustituir a Ortega, elegido en un proceso fuertemente cuestionado y considerado inconstitucional. Se ha rumoreado desde tiempo atrás que los problemas del Gobierno se explican en parte por el estado de salud de Ortega y el papel clave desempeñado por su esposa, Rosario Murillo, a quien designó vicepresidenta y encargada de la marcha cotidiana del Gobierno.

Las excentricidades de Murillo se complementan con la participación de algunos de sus siete hijos en importantes actividades económicas gubernamentales y ha conducido al recurrente llamado a terminar con la corrupción que se habría instalado en el Gobierno. El punto culminante en este ámbito fue el faraónico proyecto, emprendido con un dudoso empresario chino, de US$ 50.000 millones para construir en Nicaragua un canal para competir con el de Panamá.

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Ante los incidentes, Ortega dejó sin efecto la reforma previsional. Los llamados al diálogo y al cese de la violencia fueron amplios. El papa Francisco lo planteó en la plaza San Pedro. Lo mismo hizo la Unión Europea y el departamento de Estado de EEUU. Inicialmente, seis países más coincidieron con la solicitud: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

El influyente Sergio Ramírez Mercado, exvicepresidente de Daniel Ortega, publicó un artículo en El País de España afirmando que “el Gobierno está usando la violencia desproporcionada y sin sentido para reprimir la justa protesta… Los jóvenes están siendo masacrados por fuerzas paramilitares y policiales”. Sostuvo que el “clamor popular” busca restablecer la democracia y las libertades y el respeto de los derechos humanos.

Es de notar que las fuerzas paramilitares a las que se refiere, son los grupos “motorizados” al igual que sus similares, los colectivos bolivarianos en Venezuela. Las protestas por las irregularidades cometidas para lograr la última reelección de Ortega en 2016 fueron fundadas pero no tuvieron eco ni en la comunidad hemisférica ni en la OEA, ni en su locuaz Secretario General y mucho menos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; nadie se refirió a las graves distorsiones de sistema democrático de Gobierno y a la consiguiente violación de los derechos humanos.

Se señala que los problemas de Ortega son parte del debilitamiento del eje bolivariano, cuyos puntales son Cuba y Venezuela. El brutal deterioro del régimen de Maduro implicó para Nicaragua la pérdida de beneficios en petróleo y otros arreglos comerciales que provocaron un perjuicio irreparable. Cuba, por cierto, no está en condiciones de apoyar económicamente a nadie. El colapso bolivariano, señalan, coincide con el surgimiento de gobiernos de centro derecha en el hemisferio.