PPK cumple primer día de prisión preliminar por Caso Odebrecht

A sus 81 años, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se convirtió en el cuarto ex presidente del Perú que es privado de su libertad; el tercero en nuestra historia reciente y el segundo que es detenido por el Caso Odebrecht.

El ex mandatario fue detenido ayer por orden del juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción, como parte de la investigación que se le sigue por el Caso Odebrecht.

Kuczynski fue intervenido en la mañana por agentes de la Policía de Alta Tecnología (Diviac) y personal fiscal del Equipo Especial Lava Jato, en su domicilio en la calle Choquehuanca, San Isidro.

Posteriormente, fue trasladado a la sede del Instituto de Medicina Legal (IML) y llevado ante el juez Chávez Tamariz, quien realizó la audiencia de control de identidad. No llevaba esposas ni tampoco chaleco antibalas.

Horas después fue trasladado hasta la sede de la prefectura, ubicada en la avenida España, en el Centro de Lima, donde cumplirá la prisión preliminar.

El ex presidente es investigado por el despacho del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, con los agravantes de pertenecer a una organización criminal y su condición de ex funcionario público. Esto por haber sido ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Alejandro Toledo.

PPK venía cumpliendo una orden de impedimento de salida del país que se le impuso en marzo del 2018.

La detención preliminar también fue dictada contra la ex secretaria de Kuczynski Gloria Kisic Wagner (67) y José Luis Bernaola Ñuflo (56), su ex chofer. Asimismo se dispuso el allanamiento de tres inmuebles y la incautación de documentos.

-Fundamentos-
En su resolución, el juez del caso admitió las imputaciones hechas por la fiscalía. Entre ellas, se señala la irregularidad de los contratos que las empresas Westfield Capital y First Capital -vinculadas a PPK– realizaron con la empresa Odebrecht, así como las transferencias de dinero hacia cuentas bancarias del ex presidente.

Además se indica que la fiscalía estableció que las acciones de Kuczynski como ministro del gobierno de Toledo ayudaron a que, de manera irregular, se le otorgue a Odebrecht la buena pro de las concesiones del proyecto Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) y del transvase de Olmos.

Para lograr tal fin, según la tesis fiscal, PPK introdujo conceptos técnico-económicos que solo favorecían a la constructora brasileña.

Ello, con la finalidad de que luego la constructora “pueda favorecer económicamente a los intereses privados del imputado Kuczynski, mediante la contratación de sus asesorías privadas”.

Por ejemplo, se menciona que PPK emitió el Decreto Supremo 028-2002-PCM, en el que se le encargaba la elección de los miembros del Comité de Pro Inversión para la concesión de la IIRSA 2 y 3. Esto, pese a que antes de asumir como funcionario trabajó una “asesoría financiera” con Odebrecht para el proyecto corredor vial Perú-Brasil.

La fiscalía señala que se trató de ocultar la participación de Kuczynski en dicha asesoría pues la propuesta fue presentada por el Banco de Crédito y Westfield Capital -de propiedad de PPK-; sin embargo, en la documentación solo aparecía el BCP.

También se menciona que PPK suscribió el Decreto Supremo 100-2004-EF del 21 de julio del 2004, que autorizó el otorgamiento y posterior contrato con la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (es decir con Odebrecht) representada por Jorge Barata.

En el 2003, Westfield Capital Ltd. participó en una asesoría para la empresa Transportadora de Gas del Perú (TgP).

Por tanto, según el magistrado, existen elementos que harían presumir que el dinero obtenido de dichas asesorías sería ilegal y habría sido lavado a través de transferencias a la cuentas personales de PPK y otra mancomunada con Gloria Kisic, hasta por US$1’665.000. Otra parte del dinero (US$115 mil) habría sido enviada a las cuentas de su ex chofer José Bernaola.

El juez también consideró que PPK no tiene arraigo laboral, domiciliario y existiría peligro de fuga por su poder económico.

Además, afirma que podría obstaculizar la investigación al tratar de influenciar en la contadora Denise Hernández, quien laboró en su momento en la empresa Wesfield Capital LTD.

-Alistan apelación-
En diálogo con Radio W de Colombia, PPK sostuvo que era víctima de una persecución. “Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales. Nunca rehuí de la justicia”, escribió después en su cuenta de Twitter.

Su abogado César Nakazaki calificó de inconstitucional la medida. “¿Por qué detención preliminar si por edad y salud no puede haber luego prisión preventiva?”, cuestionó.

Renzo Miranda, también abogado de PPK, anunció que apelarán la medida.