Quién se beneficia de la explotación económica de la Amazonía brasileña

En medio de la indignación internacional causada por la oleada de incendios que devastan la Amazonía, el ministro del Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, propuso una solución.

Aseguró que para detener la deforestación del bosque tropical más grande del planeta -más del 60% del cual está en Brasil- hay que “monetizar” el Amazonas, impulsando el desarrollo comercial en nuevas zonas de la selva.

“Tenemos que reconocer que hay sujetos reales viviendo en el Amazonas”, afirmó en una entrevista con el Financial Times.

“Tenemos que darles una respuesta concreta, no solo decir que no pueden hacer nada”.

¿Qué perdemos si perdemos el Amazonas?

Esa tensión aparente entre la conservación de la Amazonía -considerada indispensable para el equilibrio ecológico y climático del planeta- y el desarrollo económico de la zona, sus más de 20 millones de habitantes y el conjunto del país no es nueva.

Pero quizás nunca en tiempos recientes fue tan evidente como en este momento, con un presidente brasileño -Jair Bolsonaro- abiertamente favorable a la apertura comercial de las áreas protegidas, mientras el mundo observa con horror los incendios y el aumento de la deforestación de la selva.

Solo en el mes de julio se habrían deforestado más de 1.864 kilómetros cuadrados de selva, más del triple que en el mes de julio del año anterior, según datos preliminares del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) de Brasil, cuyo director fue despedido por Bolsonaro tras la publicación de las cifras.

Y aunque los incendios son estacionales, expertos apuntan a una clara relación entre los fuegos de este año y la deforestación.

Las sospechas sobre la intencionalidad de los incendios se acentuaron al conocerse que la Policía y la Fiscalía federales investigan si el 10 de agosto hubo una supuesta acción coordinada de productores rurales del estado norteño de Pará para incendiar la selva, bautizado como “Día do Fogo”.

La primera noticia sobre la mismo fue publicada el 5 de agosto por el diario Folha do Progresso.

“Necesitamos mostrar al presidente que queremos trabajar y la única forma es derribando. Para hacer y limpiar nuestros pastos es con fuego”, le dijo entonces un líder rural local al periodista de este diario.

La acción -que fue desmentida por los líderes locales- habría sido coordinada por Whatsapp entre sindicalistas, agricultores, comerciantes y grileiros (acaparadores de tierras por métodos delictivos).

Derechos sobre la tierra

“La principal causa de la deforestación es la búsqueda de tierras”, le dice a BBC Mundo Carlos Eduardo Young, profesor del Instituto de Economía de la Universidad de Río de Janeiro.

“La forma tradicional de conseguir derecho sobre la tierra es ocuparla económicamente, transformándola para pasto de ganado o cultivos. Quemar el bosque, poner ahí ganado y luego vender la tierra”.

Claudia Azevedo-Ramos, investigadora del Centro de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará, califica este ciclo de “estrategia especulativa”.

“Actores capitalizados compran los terrenos a los pequeños propietarios, aumentando su área de producción y la concentración de la tierra”, afirma a BBC Mundo.

Esa política de exploración y ocupación de la Amazonía fue instaurada por el gobierno militar (1964-1985), con su política de “Integrar para no entregar”, destinada a proteger la selva de su internacionalización.

El Instituto Nacional para la Colonización y la Reforma Agraria (INCRA) trasladó a migrantes de distintos estados a los márgenes de la carretera Transamazónica y el gobierno otorgó incentivos fiscales para grandes proyectos agropecuarios.

Estos asentamientos fueron responsables del 13,5% de toda la deforestación en la Amazonía Legal (que incluye los estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Acre, Tocantins, Mato Grosso y parte de Maranhao), aunque solo ocupan un 5,3% de la región, según un estudio presentado ante el Congreso Nacional de Brasil en 2016.

Las políticas sobre la tierra son un importante factor para entender las dinámicas económicas y también criminales de la Amazonía.

En 2017, el gobierno de Michel Temer aprobó una ley que permitió a las personas que habían ocupado hasta el año 2011 ilegal o irregularmente terrenos del Estado de hasta 2.500 hectáreas obtener un título de propiedad.

Producción ganadera y agrícola

Efectivamente, el 40% de la Amazonía es o bien propiedad privada o territorio “no designado”, es decir, propiedad del gobierno pero sin un uso determinado establecido.

Y estas zonas “pueden ser potencialmente objeto de apropiaciones”, le dice a BBC Mundo Britaldo Soares Filho, profesor del Departamento de Cartografía de la Universidad de Minas Gerais.

El 60% restante son tierras protegidas, bien en la forma de “unidades de conservación” o como reservas indígenas.

Las unidades de conservación pueden ser reservas ecológicas estrictamente protegidas o tierras para un uso sostenible, como el turismo comunitario o la producción de nuez amazónica o açaí, una fruta que se ha vuelto popular en todo el mundo y que es típicamente producida mediante agricultura familiar.

La producción de açaí en los estados amazónicos brasileños, de hecho, aumentó un 90% entre 2009 y 2017, y generó unos ingresos de 545 millones de reales (US$130 millones), según el informe de actividad de 2018 del Fondo de la Amazonía.

La producción de nuez amazónica generó unos ingresos en el mismo periodo de 95 millones de reales (US$22,7 millones).

“La nuez amazónica y el açaí son productos muy importantes que pueden cultivarse en el bosque sin deforestarlo”, afirma Soares Filho.

En algunas zonas también está permitida la explotación sostenible del bosque para obtener madera, aunque la explotación ilegal es un grave problema.

Por ejemplo, en el estado de Pará entre 2015 y 2016, el 44% de toda la madera tropical se obtuvo de forma ilegal, y se trata del estado con una mayor producción maderera de la Amazonía brasileña.

La bancada ruralista

Una vez deforestado, el terreno suele ocuparse para el pasto de ganadería, a pesar de que no es la actividad más rentable desde el punto de vista económico.

“La densidad media [en el Amazonas] es de 0,6 vacas por hectárea. Si ves un pasto típico, probablemente no verás ninguna vaca”, le dice a BBC Mundo Toby Gardner, investigador del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo.

“En el Amazonas hay granjas enormes que tienen más de 100.000 hectáreas, propiedad de miembros del Congreso, hombres de negocios, etc… Luego hay millones de pequeños productores propietarios, dedicados a la agricultura de subsistencia”, explica Gardner.

Aunque el 80% de la carne de res que se produce en Brasil se consume internamente, el país sigue siendo el mayor exportador del mundo de este producto.

En la Amazonía Legal (que incluye partes del Cerrado o sabana tropical) hay unos 86 millones de cabezas de ganado, de las cuales unas 14,6 millones son sacrificadas al año.

Pero Brasil es también un gran productor de azúcar, pollo, café y soya, entre otros.

En el caso de la soya, es el principal productor mundial, y el 13% del área plantada está en el Amazonas.

El cultivo de esta leguminosa causó la deforestación de 474 km² de selva entre 2008 y 2016-2017, una cantidad mucho menor que en años anteriores -según datos del Ministerio de Medio Ambiente-, gracias a una moratoria por la que las empresas se comprometieron a no comprar soya a comerciantes que la obtienen de agricultores que deforestan, utilizan trabajo esclavo o amenazan las tierras indígenas.

Este poderío productor de Brasil hace que el sector rural y del negocio agrícola sea importante en el Congreso y, además, cuente ahora con un antiguo aliado, Bolsonaro, como presidente.

“Este gobierno es suyo”, aseguró el presidente en julio pasado a la conocida como “bancada ruralista”.

Los ruralistas consiguieron en 2012 reducir la protección en partes de la Amazonía.

El Código Forestal brasileño requiere que cualquier propiedad en esta región deba proteger el 80% de su territorio como reserva legal, pero ese año se redujo el porcentaje al 50% en estados que ya hayan protegido al menos el 65% de su territorio como unidades de conservación o reservas indígenas.

Ahora, estos políticos están intentando aprobar una ley que revoque completamente la obligación de los propietarios privados de preservar parte de sus propiedades.

El autor del proyecto de ley es, precisamente, uno de los hijos de Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro.

Cuánto aporta el Amazonas

Pero explotar económicamente así el Amazonas puede no ser tan rentable desde una perspectiva más amplia.

“El bosque amazónico tiene un gran impacto en el ecosistema, dentro pero también fuera de la región amazónica”, sostiene Soares Filho.

“Es una gran bomba de agua, los árboles transportan agua del suelo a la atmósfera. Si se deforesta una gran parte del Amazonas, esto tendrá un impacto, por ejemplo, en la rentabilidad de las plantaciones de soya en el Mato Grosso”.

Soares Filho y otros colegas publicaron un artículo en la revista Nature en el que estimaban la valía económica de una serie de servicios de ecosistema proporcionados por el bosque amazónico brasileño: la producción de alimentos (nuez amazónica), de materias primas (caucho y madera), la mitigación de gases de efecto invernadero (CO2) y la regulación del clima (pérdidas estimadas de producción de soya, carne de res e hidroeléctrica debido a una reducción de las precipitaciones).

Según sus cálculos, el Amazonas contribuye hasta en 8.200 millones de reales anuales (unos US$1.900 millones) a la economía brasileña, publicó la web de noticias ambientales Mongabay.

El problema, sin embargo, es que de los 284 millones de hectáreas de bosque público que quedan en la Amazonía brasileña, alrededor de 60 millones todavía no están designados, según datos del Servicio Forestal Brasileño.

Si se deforestaran, esto podría causar unas pérdidas de 422 millones de reales (US$100 millones) al año debido a la reducción de las precipitaciones que provocaría.

Pero los grandes productores también presionan para que se puedan llevar a cabo actividades agrícolas a gran escala y minería dentro de los territorios indígenas, algo sobre lo que el propio Bolsonaro se ha mostrado favorable.

En la Amazonía, el 8% de las áreas estrictamente protegidas y el 28% de las tierras indígenas son también zonas de interés minero registrado, es decir, en las que una empresa ha registrado oficialmente su interés por llevar a cabo actividades mineras ante el Ministerio de Minas y Energía.

Existen también al menos 453 minas ilegales, según un mapa que presentó la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada en diciembre del año pasado.

A finales de julio, decenas de mineros de oro invadieron una remota reserva indígena en el Amazonas después de que un líder local fuera apuñalado y la comunidad huyera.

Es previsible que, una vez se extinga el fuego, esa tensión que muchos perciben entre el desarrollo económico y la protección ambiental del Amazonas continúe.

En muchas partes de Brasil hay personas que apoyan las políticas de Bolsonaro y que creen que el gobierno debe favorecer la producción en la Amazonía.

“Vamos a seguir produciendo aquí en la Amazonía y vamos a seguir alimentando al mundo”, declaró en una entrevista Agamenon da Silva Menezes, del Sindicato de Productores Rurales de Novo Progresso, la comunidad en la que supuestamente se llevó a cabo la acción coordinada del “Día do Fogo”, algo que él negó.