Restan funciones a la fiscalía para otorgarlas a la Defensoría del Pueblo

Mientras un helicóptero de la policía científica disparaba al caer la tarde del martes sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, sus magistrados ultimaban los detalles de dos polémicas sentencias. Una de ellas le ha restado funciones a la Fiscalía General de la República para otorgárselas a la Defensoría del Pueblo. La otra anuló el reciente nombramiento del vicefiscal general, Rafael González Arias. Será la Sala Constitucional del Supremo quien designará temporalmente al funcionario. La crisis que desde hace tres meses acosa a Venezuela parece estar llegando a límites desconocidos.

Ambas decisiones judiciales son un golpe del régimen, que controla al Supremo, a la línea de flotación del chavismo crítico. La líder de ese movimiento es la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, cuya inesperada independencia ha sorprendido a la coalición oficial en medio de las protestas opositoras. Se espera que el próximo movimiento sea el nombramiento del número dos de la fiscalía. El gobierno deberá escoger a un funcionario comprometido para que sustituya a Ortega Diaz luego de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente a principios de agosto. La jerarquía oficialista ha prometido convertir la convocatoria del poder originario en una purga generalizada.

La Defensoría del Pueblo podrá ahora investigar, emitir opiniones, revisar expedientes, promover pruebas y recibir denuncias en casos de derechos humanos, una competencia hasta ahora reservada al Ministerio Público según el artículo 285 de la Constitución. El chavismo siempre actúa de la misma forma. Ante cualquier síntoma de independencia de una institución de inmediato crean una oficina paralela para rebanarle el poder. Lo hizo el fallecido Hugo Chávez cuando su adversario Antonio Ledezma obtuvo la alcaldía mayor de Caracas en las elecciones regionales de 2008. Maduro ha seguido el ejemplo nombrando protectorados en regiones controladas por las formaciones opositoras.

El fallo del Supremo ha convertido al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, en el fiscal general de facto. Ortega Díaz lo ha reconocido el miércoles en una rueda de prensa muy parecida a la que en su momento ofreció para calificar como un golpe de Estado las dos sentencias mediante las que el máximo tribunal asumió las competencias del Parlamento. La fiscal ha citado a Chávez varias veces para enmarcar su decisión de desconocer ambas sentencias. “Estamos frente al desmontaje progresivo del Ministerio Público”. Y más adelante afirmó: “Parece que esta decisión ha sido tomada por alguien que quiere investigaciones penales a su medida”.

Disparos contra el Supremo

La reacción a los fallos se produjo luego de que un helicóptero de la Policía Científica sobrevolara las sedes del Ministerio del Interior y Justicia y del Supremo en Caracas efectuando disparos y arrojando granadas. Minutos después varios vehículos militares rodearon el palacio de Miraflores para resguardar al presidente Nicolás Maduro.

Maduro condenó el ataque y prometió capturar “más temprano que tarde” a la tripulación responsable del temerario sobrevuelo. “Este es el tipo de escalada armada que he venido denunciando. He activado a la Fuerza Armada Nacional para defender el derecho a la tranquilidad. Yo condeno el ataque y le exijo a la Mesa de la Unidad Democrática (coalición opositora) que haga lo propio”, agregó en un acto celebrado en el palacio de Miraflores.

Luego del ataque la aeronave aterrizó en el techo de un edificio de apartamentos de la urbanización La Trinidad, al sureste de Caracas. Los vecinos contaron que estuvo unos quince minutos en el sitio. Antes de alzar vuelo con rumbo desconocido dejó como souvenir la pancarta que exhibió en su temeraria incursión. El mensaje decía: “350 Libertad”, en alusión al artículo de la Constitución que faculta a los venezolanos a desconocer el régimen que contraríe las garantías democráticas y menoscabe los derechos humanos.

Hasta el mediodía del miércoles en Venezuela la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y de la Unión Europea no habían condenado el ataque. El nuevo canciller, Samuel Moncada, se quejó con amargura de ese silencio en su primera comparecencia ante los medios. No aspiraba Moncada que los gobiernos respaldaran a Maduro, sino que se solidarizaran con los civiles que a la hora del sobrevuelo del helicóptero estaban cerca de los edificios. Era una manera de intentar imponer la idea de que el régimen de Venezuela enfrenta a un grupo terrorista de derechas y no a una oposición democrática.

La Sala Plena del Supremo y el Consejo Nacional Electoral rechazaron lo que calificaron como “intentos sediciosos” de derrocar al gobierno, a pesar de que ninguna unidad militar apoyó la aventura del piloto. El ministro del Interior, Néstor Reverol, afirmó que el lance del capitán del helicóptero, Oscar Pérez, fue una decisión personal.