Julian Assange, el cofundador de la página web Wikileaks, se enfrenta a partir de la semana que viene a su mayor temor: la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos. Y su abogado ha logrado esta semana una pequeña victoria durante la fase de cuestiones previas, antes la vista oral que comenzará la semana que viene ante un tribunal de Londres. Edward Fitzgerald ha solicitado, y obtenido el permiso de los magistrados, para llamar a declarar a una testigo que asegura que un emisario del presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció al prófugo el indulto si aseguraba en su declaración que Rusia no tuvo nada que ver con las filtraciones de los correos de la campaña de la candidata demócrata, Hillary Clinton, en 2016.
La testigo en cuestión es Jennifer Robinson, abogada australina que representa a Assange. Al no tener la categoría de barrister (abogado de sala) que sí tiene Fitzgerald, no puede ejercer directamente la defensa ante el tribunal. Robinson asegura que el congresista estadounidense republicano, Dana Rohrabacher, acudió a la embajada de Ecuador en Londres -donde Assange estuvo casi siete años en calidad de asilado político- en agosto de 2017 para hablar directamente con él y ofrecerle, según versión de los abogados, la oferta de Trump. Rohrabacher ha estado en los últimos años en el ojo del huracán por sus estrechos vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin, y su entorno.
La portavoz de la Casa Blanca Stephanie Grishman ha negado que el mandatario estadounidense haya hecho esta oferta al ciberactivista: “El presidente apenas conoce a Dana Rohrabacher, aparte de que es un excongresista. Nunca le ha hablado sobre este tema ni casi sobre cualquier tema. Es una invención completa y una mentira total”.
Estados Unidos reclama a Assange por 18 cargos, que incluyen presuntos delitos de conspiración y espionaje, y que pueden acarrear hasta 175 años de cárcel. Detenido inicialmente en 2010 en el Reino Unido a petición de Suecia por un caso de presuntos delitos sexuales actualmente archivado, Assange ha pasado los últimos diez años confinado, primero bajo arresto domiciliario y después en la embajada en Londres de Ecuador, que en 2019 le retiró el asilo político. El activista, de 48 años, espera el proceso judicial en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh.
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