TelevisaLeaks: Verdades a la venta y mentiras por contrato

Una filtración que prometía sacudir al poder, terminó siendo otra herramienta más en la guerra por controlar la percepción pública. “Los medios han convertido la filtración en un espectáculo, pero no han liberado la estructura del poder que la información revela. Al esconder parte de la verdad, prolongan la impunidad”, dijo  Julian Assange en 2011.

Un joven llamado Germán entró a trabajar a una agencia de marketing digital con la ilusión, según sus propias palabras, de hacer telenovelas. Su tío, un conocido columnista de El Universal, lo recomendó con su colega columnista que es directivo de Televisa, la empresa de medios más poderosa de México. Un día, Germán descubrió que sus tareas no tenían nada que ver con la ficción sentimental, sino con la manipulación de la percepción pública en redes sociales: campañas negras, videos para atacar rivales, narrativas diseñadas para proteger aliados políticos y empresariales. Asegura que se sintió defraudado. Al descubrir “la verdad”, decidió actuar y entregar un disco de 10 TB con chats, capturas de pantalla y videos que revelan las trampas y las tramas de esa agencia.

Hasta ahí, el relato no desentona con otros casos famosos de filtraciones. Edward Snowden, probablemente el más célebre de los whistleblowers, entró a trabajar a una agencia de inteligencia y años después se dio cuenta —como si fuese una revelación inesperada— de que la agencia estadounidense de seguridad se dedicaba a espiar a personas. A nadie le resultó risible la tardía epifanía de Snowden. ¿Por qué habría de extrañarnos que Germán descubriera, luego de ocho años de trabajar ahí, que Televisa manipula la verdad?

El problema, quizá, está en los matices. Lo que sabemos hasta ahora es que Germán tuvo problemas con la agencia, les exigió una liquidación pero se la negaron. Al no obtenerla, amenazó con hacer público un disco donde tenía guardados varios años del chat de Telegram de la empresa. No le dieron nada y amenazaron con demandar. Entonces le ofreció el disco a TV Azteca, la empresa de Salinas Pliego, pero lo rechazaron (creo que más por torpeza del reportero contactado que por una cuestión ética). Después le entregó el disco al equipo de Aristegui Noticias  —quienes, luego de analizarlo, solamente encontraron de utilidad la mitad, 5 TB—. Un equipo de reporteros con importante trayectoria se dio a la tarea de revisar miles de chats, cientos de imágenes y decenas de videos, así como de verificar y cotejar lo que ahí se decía. Cuatro meses después la empresa informativa Aristegui Noticias presentó una serie de entregas por capítulos con lo que encontraron en esos millones de kilobytes de chats. A esa serie de entregas la llamaron TelevisaLeaks.

Del 27 al 30 de abril, Aristegui Noticias publicó once entregas de esta serie, cada uno con un video y contenido de redes sociales, además de varias notas relacionadas, tres entrevistas con el whistlebower y cuatro aclaraciones de personas que ejercieron su derecho de réplica (acompañadas de la contrarréplica). Es difícil calcular la cantidad relativa de los 5 teras que corresponde a esas once entregas del mega reportaje, pero en términos efectivos lo publicado es a lo mucho 10 megas. El resto permanece bajo llave. ¿Por estrategia periodística? ¿Por cálculo electoral? ¿Por razones técnicas? La anunciada transparencia que vendría a exponer las oscuridades de Televisa ha sido, hasta ahora, un serial programado, mediado por la oportunidad y la rentabilidad.

Se señala un gran silencio de otros medios y de figuras públicas. Más que intención de ignorarlo, quizá es prudencia, considerando la posibilidad de que esas figuras y medios podrían aparecer en próximas entregas. Hay expectativa, como en un juego del calamar donde nadie está seguro si será el próximo en estallar. Porque Televisa no es el grupo de medios más poderoso del país por su calidad informativa, sino por la cantidad de negocios y acuerdos que tiene con todos los poderes y sus personeros.

Transparencia radical vs. control editorial: WikiLeaks a través del espejo

El caso TelevisaLeaks revive el viejo debate: ¿deben las filtraciones publicarse íntegramente para permitir que el público forme su propio juicio, o deben dosificarse y ser curadas editorialmente, según criterios políticos o periodísticos? Esta discusión no es nueva. Julian Assange la enfrentó de manera frontal hace más de una década, al fundar WikiLeaks bajo una premisa clara: la transparencia debe ser total, y los medios no deben convertirse en custodios de la información, sino en facilitadores de su acceso.

Assange sostenía que la transparencia radical era un principio ético necesario en la era digital. “La información —sin filtrar, sin editar, lo que Assange llama ‘prístina’— es inherentemente buena”, escribió Marc Fisher en The Washington Post al describir su filosofía. Assange lo decía sin rodeos: “Los documentos secretos pertenecen al público. Cuanto mayor es el poder, mayor es la necesidad de transparencia, porque si se abusa del poder, el resultado puede ser enorme” (Assange, 2011).

Esta concepción chocó rápidamente con las lógicas editoriales de los grandes medios. Cuando WikiLeaks colaboró con The New York Times, The Guardian, Der Spiegel y otros para liberar los llamados “Cablegate” o “Afghan War Logs”, Assange acusó a sus socios de actuar como filtros ideológicos, seleccionando qué cables publicar, qué nombres proteger y, sobre todo, en qué orden liberar la información, con base en sus propios intereses editoriales o presiones políticas. En un correo filtrado posteriormente, el propio Assange se quejaba de que “los periódicos están actuando como guardianes de la información, no como sus liberadores”. En otro momento dijo: “La prensa tradicional ha fallado en su deber de exponer los abusos del poder. Se han convertido en parte del sistema que deberían vigilar”.

Ese mismo esquema de dosificación, editorialización y control de los tiempos mediáticos es el que actualmente ejerce Aristegui Noticias con los TelevisaLeaks. A pesar de contar con más de 5 terabytes de información, solo han sido liberados hasta ahora unos cuantos megabytes —principalmente los que afectan a su propio medio, o a sus adversarios políticos, como el exministro Arturo Zaldívar o la candidata Dora Martínez. No hay una liberación sistemática, sino una publicación fragmentada, dirigida y acompañada siempre por el encuadre editorial de Carmen Aristegui y su equipo.

Aquí no se está apostando por la transparencia como un valor, sino por el control informativo como una herramienta de influencia. No se publica para que el público decida, sino para influir en su juicio. Eso reproduce, en un espejo curioso, los mismos mecanismos de los que Aristegui solía quejarse: la manipulación mediática, la falta de acceso pleno a la información, el uso político de las filtraciones.

Al controlar y dosificar la información filtrada Aristegui Noticias está reproduciendo los vicios que WikiLeaks trató de erradicar: los medios como curadores interesados de la verdad. Y así, el discurso de la transparencia radical choca con la práctica del periodismo táctico. En lugar de entregar al público el conjunto de los datos, se lo administra en cuotas, como si el acceso a la verdad fuera un recurso escaso, algo que se administra con fines de estrategia, no de ética.

Este enfoque no es solo una contradicción ética, sino también una forma de poder: quien controla el flujo de la información controla también el marco del debate público. En ese sentido, Carmen Aristegui —quien históricamente ha denunciado las prácticas opacas del poder político y mediático— se encuentra ahora en una posición que reproduce ese mismo esquema de privilegio informativo. No se trata de empoderar al público, sino de guiarlo a través de una narrativa seleccionada, secuenciada y acompañada de valoraciones políticas explícitas.

Julian Assange fue severo con ese tipo de prácticas. En una entrevista de 2011 declaró: “Los medios han convertido la filtración en un espectáculo, pero no han liberado la estructura del poder que la información revela. Al esconder parte de la verdad, prolongan la impunidad”. En esa misma línea, señaló que “la censura no siempre se da con la omisión total, también se da con la dosificación estratégica”.

Frente a eso, el caso TelevisaLeaks no representa una ruptura con el modelo tradicional de poder mediático, sino su reproducción con otros actores. Aristegui Noticias se presenta como el canal de una verdad filtrada, pero no liberada; una verdad que se administra, no que se entrega. En ese espejo lo que se refleja no es una ética de la transparencia, sino una táctica del control.

Operaciones encubiertas, el llamado del haber

Detrás de las filtraciones, las campañas de desprestigio, los hashtags artificiales y las “tendencias” de redes sociales, hay una industria en ascenso: las agencias de marketing digital. A diferencia del tratamiento mediático que presenta a estos grupos como una revelación escandalosa o como descubrimientos recientes, lo cierto es que su existencia y su operación como brazos técnicos de la guerra informativa es conocida desde hace al menos dos décadas.

Desde la campaña presidencial de 2006 —con el equipo de redes de Felipe Calderón como punto de partida—, en México se ha profesionalizado un alud de agencias dedicadas no sólo a publicitar productos o posicionar marcas, sino también a moldear percepciones y distorsionar el debate público. Lo que antes eran rumores de café o columnas de chisme político, hoy se convierte en estrategias bien financiadas, gestionadas con tableros de datos, calendarios, influencers alquilados y paquetes de bots.

En el caso de Metrics, la agencia detrás de los TelevisaLeaks, no estamos ante una anomalía: estamos ante una muestra. Esta empresa no operaba en la sombra sin supervisión; trabajaba directamente con altos ejecutivos de Televisa, e incluso recibió encargos de figuras influyentes en medios, política y sector privado. Su brazo operativo conocido como El Palomar coordinaba ataques digitales a periodistas, empresarios, candidatos y jueces, lo mismo que campañas de defensa y glorificación para otros personajes clave. En este contexto, el uso del término “filtración” resulta insuficiente: lo que aparece en los documentos no es una anomalía ocasional, sino el protocolo cotidiano de una industria que ha normalizado la injuria como táctica de comunicación.

Tampoco se trata de un problema exclusivo de un grupo político o una empresa en particular. Prácticamente todos los partidos, gobiernos estatales, conglomerados empresariales y medios relevantes en México cuentan con servicios de este tipo o departamentos internos que cumplen funciones similares. La lealtad de quienes trabajan en estas agencias no se debe a principios éticos ni a convicciones ideológicas: se debe al contrato firmado. Son mercenarios de la influencia, disponibles para quien pague mejor, y entrenados para deformar la conversación pública sin dejar huellas visibles.

El escándalo no es que existan: el escándalo es que finjamos que no lo sabíamos.

Esta estructura mafiosa de manipulación digital no se limita a operar como un servicio externo o accesorio: se ha vuelto una condición de pertenencia al juego público. Medios de comunicación, partidos políticos, figuras públicas, aspirantes al poder y hasta ciertos periodistas, se han convertido en clientes —o en blanco— de estas agencias. No se trata simplemente de “comunicar mejor” o de “mejorar el engagement”, como repiten los folletos empresariales: se trata de sobrevivir.

El político que no contrata una agencia, que no paga el piso digital, es aplastado. Lo borran del radar. Lo convierten en paria. No solo por omisión, sino por agresión activa: los mismos operadores que promueven tendencias y posicionan mensajes están preparados también para iniciar campañas de difamación, sembrar rumores, alterar búsquedas, editar videos, manipular imágenes y convertir cualquier error en una catástrofe amplificada. Es decir, el chantaje funciona así: “si no nos contratas, nos volvemos tus enemigos”.

Este sistema ha creado una especie de “nueva regla no escrita” de la vida pública: no puedes presentarte a una elección, no puedes lanzar una iniciativa, no puedes asumir una candidatura, ni siquiera puedes intentar una carrera mediática o de opinión si no estás respaldado por un equipo de operadores digitales. Ya no basta un solitario community manager: es una agencia completa, con creativos, estrategas, programadores, analistas de datos, bots y contactos dentro de plataformas. Eres nadie si no estás con ellos.

Pero ese “estar presente” tiene un costo, y no solo económico. El costo real es el ingreso a una dinámica de realidad simulada permanente. Las campañas en sus manos no son debates sobre el país o propuestas de futuro, sino espectáculos diseñados para la percepción, para el efecto inmediato, para el algoritmo. Quien no participa de esa lógica es invisibilizado. Quien participa, se vuelve cómplice. En ese dilema, todos los actores del presente político y mediático están atrapados: no hay forma de ganar sin jugar, pero jugar implica traicionar la verdad.

El régimen de producción de simulación

La filtración de los TelevisaLeaks, más que una ventana hacia la verdad, se ha revelado como un espejo deformado del ecosistema informativo contemporáneo. Lo que en principio se presentó como una denuncia valiente contra los abusos del poder, ha terminado convirtiéndose en una herramienta más de la guerra entre poderes. No solamente los poderes del Estado, sino los poderes mediáticos, empresariales y de influencia que operan sobre la opinión pública con lógica de competencia comercial.

Sin embargo, no podemos perder de vista al actor central: Televisa. Porque más allá de la polémica sobre el contenido o la motivación de quien filtró la información, los hechos son graves, verificables y sistemáticos. Una agencia de marketing contratada por Televisa se dedicó a fabricar campañas de difamación, noticias falsas, ataques coordinados, perfiles fantasmas, bots y campañas de presión contra personajes públicos, periodistas, activistas y rivales empresariales. Hasta ahora, la empresa ha guardado un silencio escandaloso. Ha reducido el escándalo a una presunta acción aislada de un directivo —Javier Tejado— y no ha asumido su responsabilidad como empresa. Ni una sola palabra en sus noticieros, ni un solo comunicado, ni una sola explicación. Pero Televisa no es cualquier empresa: opera concesiones públicas, utiliza el espectro radioeléctrico que pertenece a todos los mexicanos, y por eso debe rendir cuentas ante la sociedad.

La red de agencias de marketing digital, operadores de percepción, bots y constructores de tendencias es ahora parte fundamental de la arquitectura del discurso público. Todos los actores relevantes —periodistas, candidatos, influencers, activistas— están obligados a jugar ese juego. Estar presente, ser escuchado, ser visto, dependerá no del valor de lo que se dice, sino de cuánto se está dispuesto a pagar, a callar, a deformar.

La esfera pública, en este contexto, ha dejado de ser un ágora para la deliberación y se ha convertido en un campo de batalla simbólico, una palestra donde lo que se disputa no es la verdad, sino la visibilidad y el control de las percepciones. Los vencedores no son quienes argumentan mejor, sino quienes logran imponer una narrativa —aunque sea falsa, aunque sea solo momentánea. El retorno de los sofistas más vulgares.

No se trata, creo, de rendirse ante el algoritmo ni de romantizar un pasado idealizado de medios más “puros”. La pregunta sería, más bien: ¿cómo nos enfrentamos a esta nueva condición? ¿Qué responsabilidad tienen los medios independientes, la academia, los intelectuales, los movimientos sociales y las y los ciudadanos frente a esta mafia de la información que impone su ley a fuerza de chantaje, bots y baits? Si hoy todo político, figura pública o periodista que quiera ser tomado en cuenta debe pagar piso a una agencia de marketing, ¿cómo recuperamos la polis, la cosa pública? ¿Cómo aseguramos que lo común no sea secuestrado por lo rentable?

Son preguntas que no admiten respuestas simples, pero que no pueden dejar de hacerse. Quizá parte de la respuesta se encuentra en la disputa de esos espacios, en la exigencia de responsabilidad a quienes manipulan la conversación con dinero y cinismo, en inventarse pretextos cotidianos para reconstruir poco a poco un criterio común para distinguir personas de productos.